El exgobernador Gustavo Bordet manifestó su coincidencia con la postura de UNICEF y de la Defensoría General de la Justicia entrerriana respecto a la inconveniencia de reducir la edad de imputabilidad penal. Señaló que la iniciativa del gobierno nacional parte de un diagnóstico equivocado y propone respuestas punitivas simplificadas para problemáticas sociales complejas.<section class="noteSuggested" data-id="134552" data-title="Puede interesarte"></section> Bordet sostuvo que no existe evidencia empírica que demuestre que bajar la edad de imputabilidad reduzca el delito o la violencia. Por el contrario, experiencias internacionales indican que medidas de este tipo no han logrado mejorar los niveles de seguridad.El diputado nacional también advirtió que la participación de adolescentes en el delito suele ser sobredimensionada en la cobertura mediática, lo que genera percepciones distorsionadas que luego se utilizan para justificar reformas regresivas. “El adolescente suele ser el último eslabón de una cadena de violencia y exclusión cuyos responsables principales son adultos”, subrayó, retomando planteos de organismos especializados.En relación con la situación local, Bordet mencionó datos de Entre Ríos que reflejan la baja incidencia del fenómeno: durante 2024, solo el 0,07 % de los jóvenes de entre 13 y 17 años cumplió medidas penales y ninguno estuvo privado de la libertad. Para el exmandatario, estas cifras evidencian que el problema de la inseguridad no se origina en la población juvenil.Asimismo, alertó que el país no cuenta con la infraestructura ni con el personal especializado necesario para implementar un régimen de estas características. Recordó que existe una emergencia carcelaria a nivel nacional y que el proyecto contempla el alojamiento de adolescentes en unidades penitenciarias o módulos especiales sin especificaciones claras, lo que consideró riesgoso y regresivo en términos de derechos.Finalmente, Bordet afirmó que imponer un esquema penal uniforme desde el Estado nacional desconoce las realidades provinciales y el carácter federal del sistema institucional argentino. “Bajar la edad de imputabilidad no resuelve la inseguridad: solo profundiza la exclusión y aleja la posibilidad de construir políticas públicas eficaces, serias y respetuosas de los derechos humanos”, concluyó.

Imputabilidad: Bordet adhiere a la postura de UNICEF y la Defensoría

La Cámara de Diputados aprobó por &nbsp;una amplia mayoría el proyecto de Régimen Penal Juvenil, que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad y ahora el debate se traslada al Senado.La iniciativa fue sancionada por 149 a favor contra 100 votos en contra del peronismo y la izquierda, Elijo Catamarca, y Defendamos Córdoba.La iniciativa fue respaldada por la Libertad Avanza, la UCR, PRO, Innovación Federal, Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Civica, Producción y Trabajo, e Independencia.Los diputados del Frente de Renovador estaban a favor de la baja de la imputabilidad de 16 a 14 años, pero votaron en contra de la iniciativa, aunque uno de los principales referentes, Ramiro Gutiérrez, aclaró que lo hizo a favor en la discusión en particularAhora la iniciativa será tratada por el Senado y es posible que se trate en una sesión a celebrarse el 26 de febrero, según informaron fuentes parlamentarias del Senado a la Agencia de Noticias Argentinas.Por primera vez desde la restauración de la democracia llega al recinto de sesiones el debate sobre la edad de imputabilidad que, si se aprueba en el Senado, se reducirá de 16 a 14 años.<h2>Puntos Centrales</h2>La propuesta impulsada por la Libertad Avanza plantea una reforma de una ley de la dictadura y tendrá un nuevo régimen especial para los menores, ya que propone desde sanciones menores hasta &nbsp;15 años de cárcel para aquellos graves delitos.Con esta ley no se podrá establecer la pena perpetua y se fija que los menores tendrán que tener una prisión, es un lugar especial, pero separado, alejado de los adultos criminales.Uno de los temas que generó mayor debate fue el financiamiento, e incluso el diputado Maximiliano Ferraro, planteó una propuesta para establecer un mecanismo directo pero fue rechazado por el oficialismo que insistió con su propuesta de la firma de convenios entre Nación y Provincias.el régimen especial de minoridad propuesto por el oficialismo propone un abanico de sanciones o castigos alternativos a las penas privativas de la libertad, establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión, e incluye medidas complementarias de resocialización.Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión, en tanto que para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves, se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.<h2>El debate</h2>La presidenta de la comisión de Legislación Penal y miembro informante del dictamen de mayoría, Laura Rodríguez Machado, sostuvo que la intención no es “amontonar menores privados de la libertad en establecimientos” sino “resocializarlos”."Hoy pasa eso salvo algunas provincias que tienen una normativa particular. Hoy el régimen vigente que muchos no quieren modificar ni modificar nunca permite la adopción de vagas medidas restrictivas”, lamentó la cordobesa.&nbsp;A su turno, la diputada nacional de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz fustigó duramente a la senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich por instalar "una campaña de marketing diciendo ‘delito de adulto, pena de adulto’.&nbsp;“Le puede servir para una campaña electoral pero se aleja de lo que tenemos que hacer quienes tener la responsabilidad de sacar adelante este país”, subrayó.Desde el interbloque Unidos, &nbsp;la presidenta del bloque de Provincias Unidas, Gisela&nbsp;Scaglia, señaló que su acuerdo con bajar la imputabilidad pero planteó que “estamos de acuerdo con la baja de la edad de imputabilidad y con tener un sistema para reeducar y resocializar&nbsp;a los menores, no puede ser que todo el costo deban pagarlo los gobernadores”.El presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo aclaró que “con esta ley no significa que mañana vamos a terminar con la delincuencia. No va a alcanzar con cambiar el número en el Código Penal, no lo va a resolver. No solo se trata con bajar la edad porque vi cómo organizaciones narcos reclutaban jóvenes”.&nbsp;La diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman afirmó hoy que el nuevo Régimen Penal Juvenil que impulsa el oficialismo y sus aliados busca "darle más facultades a los policías para que hostiguen a los pibes en los barrios".&nbsp;"No somos nosotros los que relacionamos delito con pobreza, pero siempre la criminalización efectiva se aplica sobre los sectores populares y los hijos de la clase trabajadora", advirtió.Al respecto, cuestionó que "el Gobierno del 'no hay plata' tiene plata para la persecución penal de los pibes".

Diputados aprobó bajar la imputabilidad de 16 a 14 años: proyecto obtuvo 149 votos a favor

Una familia tipo integrada por dos adultos y dos niños necesitó $1.360.299 en enero de 2026 para no ser considerada pobre, de acuerdo con el último informe difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).El mismo hogar requirió $623.990 para no caer en la indigencia, es decir, para cubrir el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA).<h2>Canasta alimentaria y canasta total</h2>El reporte oficial detalló que la Canasta Básica Alimentaria (CBA) —que marca el umbral de la indigencia— registró en enero una variación mensual de 5,8%, mientras que la Canasta Básica Total (CBT) —que determina la línea de pobreza e incluye otros bienes y servicios además de alimentos— aumentó 3,9% respecto de diciembre.En la comparación interanual, la CBA acumuló una suba de 37,6%, en tanto que la CBT avanzó 31,6% frente al mismo mes del año pasado.<h2>Cuánto necesitó cada tipo de hogar</h2>El informe también precisó los ingresos mínimos requeridos según la composición familiar:<ul><li>Un adulto necesitó $201.939 para no ser considerado indigente.</li><li>Una familia tipo (dos adultos y dos menores) debió reunir $623.990 para no quedar bajo la línea de indigencia.</li><li>En términos de pobreza, un adulto solo precisó $440.226.</li><li>Una familia de cuatro integrantes necesitó al menos $1.360.299 para no integrar el conjunto de personas bajo la línea de pobreza.</li></ul><h2>En contexto con la inflación</h2>Por primera vez en varios años, el dato de la canasta básica se publicó días después del anuncio del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según el Indec, la inflación de enero fue de 2,9% mensual, con un incremento interanual de 32,4%.La diferencia entre la evolución del IPC y las canastas básicas refleja que los alimentos —que tienen un peso determinante en la medición de la indigencia— mostraron en el primer mes del año un aumento superior al promedio general de precios.Con estos valores, el inicio de 2026 volvió a poner en foco el impacto del costo de vida sobre los ingresos familiares y el desafío que representa sostener el poder adquisitivo frente a las variaciones mensuales.

Una familia tipo necesitó $1.360.299 para no ser pobre en enero, según el Indec

Por primera vez, una producción del cine argentino obtuvo financiamiento en el mercado de capitales mediante la emisión de Pagarés Bursátiles Electrónicos a la Vista con ajuste BADLAR. La operación se concretó en el ámbito del Mercado Argentino de Valores (MAV) y marca un antecedente inédito para la industria audiovisual nacional.El esquema contó con la participación del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), que actuó como promotor e inversor, impulsando la actividad cultural a través de un mecanismo de oferta pública, transparente y a tasas de mercado. La negociación de los pagarés en el MAV representó un nuevo paso en términos de agilidad, transparencia y articulación entre el sector público y el privado, generando un canal innovador de fondeo para el sector audiovisual.<h2>Financiamiento para una coproducción internacional</h2>La operación permitió financiar la película El enigma de Franca Fermín, dirigida por Octavio Revol Molina y producida por las argentinas Cabustra Arts y Blurr Stories, junto a las coproductoras Red Collision (Colombia) y Sangre Films (España). De esta manera, el mercado de capitales se integró formalmente al esquema de financiamiento de una producción cinematográfica con proyección internacional.Los pagarés —adquiridos por el INCAA— fueron emitidos bajo la modalidad de Pagarés Bursátiles Electrónicos a la Vista con ajuste BADLAR, un instrumento recientemente impulsado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) y el MAV, con el acompañamiento de la Comisión Nacional de Valores y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.Se trata de una herramienta que apunta a fortalecer el acceso al financiamiento productivo mediante productos innovadores, simples y dinámicos, ampliando la oferta de instrumentos disponibles para distintos sectores de la economía.<h2>Un nuevo puente entre cultura y finanzas</h2>Con este antecedente, el mercado de capitales amplía su alcance sectorial y demuestra que la industria cultural también puede acceder a mecanismos de financiamiento bajo estándares de mercado. La experiencia abre la puerta a que futuras producciones audiovisuales exploren alternativas similares, diversificando sus fuentes de recursos y reduciendo la dependencia exclusiva de subsidios o esquemas tradicionales.La operación no solo constituye un hito financiero, sino también un paso simbólico en la integración entre el sistema financiero y la economía real, incorporando a la industria cinematográfica como actor activo dentro del entramado productivo nacional.

El cine argentino llega al mercado de capitales: inédita emisión de pagarés para financiar una película

Con la media sanción en la Cámara alta, el proyecto será girado ahora a la Cámara de Diputados. El oficialismo aspira a convertirlo en ley antes del 27 de febrero, en un contexto de negociaciones abiertas y búsqueda de consensos para sostener la mayoría alcanzada.<h2>Cómo se votó</h2>La iniciativa reunió 42 votos afirmativos provenientes de La Libertad Avanza (LLA), la UCR, el PRO y bloques provinciales como Independencia, Frente de la Concordia Social, Despierta Chubut, Primero los Salteños, Provincias Unidas, Frente Cívico y La Neuquinidad.El respaldo incluyó los 20 senadores de LLA, 10 radicales, 3 del PRO, 2 del Frente de la Concordia Social, 2 de Provincias Unidas, y un voto de cada uno de los bloques Independencia, Despierta Chubut, La Neuquinidad, Primero los Salteños y Frente Cívico.En tanto, los 30 votos en contra correspondieron al interbloque peronista —integrado por el bloque Justicialista, Convicción Federal y el Frente Cívico de Santiago del Estero— que sumó 28 rechazos, a los que se añadieron dos legisladores de Santa Cruz.La sesión comenzó a las 11.13 con 38 senadores presentes y la votación en general se produjo a la 1.20. El tratamiento en particular concluyó pocos minutos antes de las 4 de la madrugada, tras unas quince horas de debate en las que expusieron 32 senadores y 10 jefes de bloque.<h2>Apoyo de gobernadores</h2>El oficialismo logró también el acompañamiento de mandatarios provinciales como Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Ignacio Torres (Chubut), Rolando Figueroa (Neuquén), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Martín Llaryora (Córdoba) y Hugo Passalacqua (Misiones), cuyos espacios políticos aportaron votos clave.En el tramo final de la sesión estuvieron presentes en el recinto la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el subsecretario Eduardo “Lule” Menem y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.Tras la aprobación del Presupuesto 2026 en diciembre y luego de la Ley Bases sancionada en 2024, la reforma laboral se convirtió en uno de los proyectos más relevantes para la Casa Rosada.<h2>Los ejes centrales de la reforma</h2>Entre los cambios más significativos que introduce el proyecto se destacan:<ul><li>Convenios colectivos por empresa: habilita la negociación a nivel de cada compañía, por encima de los acuerdos sectoriales.</li><li>Tope a las indemnizaciones por despido: fija un límite basado en el salario promedio registrado.</li><li>Banco de horas: permite compensar horas extra con jornadas de menor carga en otros períodos.</li><li>Cambios en el período de prueba y en el régimen de multas por empleo no registrado.</li><li>Límites al derecho de huelga en servicios esenciales.</li><li>Creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL): financiará despidos con aportes del 1 % de las contribuciones de grandes empresas y 2,5 % de las pymes destinados a la Anses.</li></ul>El oficialismo defendió estos puntos como herramientas para reducir la litigiosidad, dar previsibilidad y promover la formalización del empleo. La oposición, en cambio, advirtió que podrían debilitar derechos adquiridos y fragmentar la negociación colectiva.Uno de los capítulos más debatidos fue el referido a los aportes obligatorios a gremios y cámaras empresariales. Allí, el senador del PRO Martín Goerling Lara propuso que los aportes sindicales sean voluntarios, retomando la propuesta original del Ejecutivo. En esa votación el oficialismo obtuvo 40 votos, dos menos que en los capítulos anteriores.También se resolvió mantener el sistema de aportes sindicales sin plazo de vencimiento, aunque con un tope del 2 %, y establecer un límite del 0,5 % para las contribuciones obligatorias a cámaras empresariales.En cuanto al Instituto Nacional del Cine (INCAA), se decidió sostener hasta 2028 el actual esquema de financiamiento —10 % sobre entradas de cine, 10 % sobre venta o alquiler de videos y 25 % de la recaudación del ENACOM— y luego reemplazarlo por partidas del Presupuesto nacional.<h2>Negociaciones de último momento</h2>Sobre el cierre, el oficialismo incorporó como anexo el traspaso de la Justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires, ante la imposibilidad reglamentaria de tratarlo como proyecto separado en sesiones extraordinarias.Además, tras un pedido del PRO para habilitar a las billeteras virtuales a pagar salarios, el oficialismo resolvió mantener esa facultad exclusivamente para entidades bancarias. Las fintech que deseen ofrecer ese servicio deberán adecuarse a las normas del Banco Central, según indicaron fuentes parlamentarias.<h2>Un debate intenso</h2>En el cierre del debate, la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, defendió la reforma y afirmó que el país está atado a una “legislación obsoleta” que lo mantiene “anclado en el pasado”. Sostuvo que el crecimiento dependerá de dinamizar el sector privado y no de expandir el Estado.Desde la oposición, el jefe del interbloque peronista, José Mayans, calificó el proyecto como “inconstitucional” y advirtió que “va a fracasar”. Argumentó que vulnera el artículo 14 bis de la Constitución y tratados internacionales, y cuestionó que se modifiquen 41 leyes en una sola jornada de tratamiento.El senador libertario Juan Cruz Godoy abrió el debate defendiendo la iniciativa como una respuesta al “miedo de los empleadores a contratar por los riesgos de litigios laborales”. Por su parte, el peronista Mariano Recalde afirmó que la norma “no está pensada para generar trabajo” y criticó los cambios en vacaciones y jornada laboral. La radical Carolina Losada, en cambio, sostuvo que la reforma traerá “más inversión, más empresas y mejores jubilaciones”.Con la media sanción en el Senado, el proyecto inicia ahora una nueva etapa en Diputados, donde se anticipa un tratamiento intenso y negociaciones decisivas para definir el alcance final de una de las reformas estructurales más ambiciosas del actual Gobierno.

El Senado aprobó la reforma laboral y el Gobierno logró un triunfo clave

La Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABBAPRA) solicitó al Congreso que se elimine del proyecto oficialista el artículo 35, que propone equiparar las cuentas de pago (CVU) con las cuentas bancarias (CBU). El pedido fue realizado mediante una carta dirigida a la senadora Patricia Bullrich y al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.En el documento, la entidad bancaria advirtió que la iniciativa iguala ambos instrumentos financieros sin exigir a las billeteras virtuales “un régimen regulatorio, prudencial y de supervisión equivalente al que rige para las entidades bancarias”. Según ABBAPRA, la medida podría generar “claros e inmediatos efectos adversos” en la inversión, el empleo y el crecimiento económico, con impacto negativo particular en el financiamiento de las pymes, los productores regionales, el comercio, la vivienda y el consumo local.La asociación recordó que la normativa vigente establece que la acreditación de haberes debe realizarse en cuentas abiertas en entidades financieras, esquema que —según sostuvo— responde a una decisión de política pública orientada a garantizar seguridad jurídica y financiera para los trabajadores, y no a un rezago tecnológico.Entre los argumentos centrales, ABBAPRA destacó que las cuentas bancarias cuentan con un sistema de “triple protección” compuesto por el seguro de depósitos administrado por SEDESA, el estatuto de pasivo privilegiado sobre los activos de los bancos y un régimen especial de resolución de entidades. De acuerdo con la entidad, este esquema permitió que en las últimas tres décadas “ningún asalariado haya sufrido pérdidas o demoras en sus haberes”.En ese marco, los bancos señalaron que, si el artículo 35 se mantiene en el proyecto, la seguridad de los salarios podría quedar subordinada a modelos de negocios que, a su entender, no cuentan con el mismo respaldo regulatorio ni garantías de solvencia que las entidades financieras tradicionales.

Bancos públicos piden eliminar el artículo que equipara cuentas CVU y CBU

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este martes el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a enero, que, según estimaciones privadas, habría registrado una leve desaceleración respecto del 2,8% informado en diciembre, en un contexto marcado por la postergación de la nueva metodología de medición y la salida de Marco Lavagna del organismo.De acuerdo con analistas del sector privado, el indicador habría permanecido por encima del 2%, aunque mostrando una moderación frente a la tendencia alcista iniciada en junio de 2025 y profundizada desde septiembre, cuando los registros volvieron a superar ese nivel. El dato oficial que se publicará el martes continuará calculándose con la medición vigente.El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Banco Central de la República Argentina proyectó que la inflación de enero se habría ubicado en torno al 2,4%, mientras que estimó una inflación interanual del 22,4% para el cierre de 2026.Distintas consultoras privadas difundieron cálculos similares. El informe de Equilibra estimó una suba mensual del 2,2%, con incrementos destacados en restaurantes y hoteles (3,8%), bienes y servicios varios y alimentos y bebidas no alcohólicas (3,1%) y salud (2,8%), mientras que la variación interanual se habría ubicado cerca del 32%. El economista Gonzalo Carrera atribuyó la desaceleración a la moderación en los precios de alimentos —especialmente la carne—, la menor presión de los precios regulados tras fuertes aumentos en diciembre y la estabilidad cambiaria.EcoGo Consultores, por su parte, calculó que la inflación en alimentos y bebidas alcanzó el 2,5% mensual, impulsada principalmente por el aumento de las verduras, mientras que las carnes mantuvieron subas cercanas al 3,6%.La Fundación Libertad y Progreso estimó una inflación de 2,6% en enero y una variación interanual del 32,1%, aunque consideró que a partir de febrero podría retomarse el proceso de desaceleración interanual si se estabilizan las variables monetarias y cambiarias. Desde la entidad señalaron que la reciente aceleración respondió en parte a la caída en la demanda de pesos, asociada a la incertidumbre electoral y al movimiento de los tipos de cambio, factores que impactaron especialmente en los precios de bienes comerciables.El relevamiento de precios minoristas de la consultora C&amp;T para el Gran Buenos Aires arrojó un incremento mensual de 2,4%, también marcando una interrupción en la tendencia ascendente de los meses previos, con un aumento interanual estimado en 29,2%. En este caso, el rubro alimentos y bebidas fue el de mayor variación, con una suba del 4,1%, impulsada por el encarecimiento de verduras y carne.Con estos antecedentes, el dato oficial que difundirá el INDEC será clave para confirmar si la inflación efectivamente inició un proceso de moderación en el comienzo de 2026 o si la desaceleración continúa siendo limitada tras los incrementos observados en la segunda mitad del año pasado.

El INDEC difundirá el IPC de enero: estiman una leve desaceleración de la inflación

El acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos comenzó a generar fuertes cuestionamientos en distintos sectores del campo, a partir de uno de sus puntos más sensibles: el ingreso libre de aranceles de hasta 80 mil toneladas de carne vacuna estadounidense al mercado argentino. Productores y dirigentes rurales advierten que la medida podría tener un impacto negativo sobre la ganadería local y sentar un precedente preocupante de cara al futuro.Desde la Federación Agraria Argentina, su vicepresidente José Luis Volando señaló que el problema no es la competencia en sí, sino el contexto macroeconómico. “En igualdad de condiciones, Argentina no teme el ingreso de carne norteamericana. Pero no hay que desconocer que el valor del dólar está atrasado, por lo cual el ingreso de carne norteamericana es peligroso para Argentina”, advirtió.En ese sentido, Volando comparó la situación con lo ocurrido en otros sectores. “Puede pasar como con el tema de la ropa: puede llegar a ser más barato comprar carne estadounidense que la que estamos produciendo en la pampa húmeda”, alertó, al poner el foco en los costos internos y la pérdida de competitividad del productor argentino.<h2>Un cupo asimétrico y de carácter transitorio</h2>Otro de los puntos que genera inquietud es que el acuerdo no contempla de manera explícita el aumento del cupo para el ingreso de carne argentina al mercado estadounidense, que pasaría de 20 mil a 100 mil toneladas. Ese incremento fue anunciado horas más tarde a través de un decreto del entonces presidente Donald Trump, que aclaró que se trata de una medida excepcional y transitoria, válida solo por este año.Trump justificó la decisión en la necesidad de “garantizar carne vacuna a precios accesibles para el consumidor estadounidense”, en un contexto marcado por la reducción del stock ganadero local debido a la sequía y a las restricciones sanitarias impuestas a México. La ampliación del cupo está enfocada principalmente en cortes magros destinados a la producción de carne picada, una medida que —según fuentes del sector— ya era conocida con antelación por el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas.De acuerdo a referentes de la industria, tres grandes frigoríficos concentrarán la mayor parte de ese cupo adicional. Actualmente, las exportaciones de carne argentina tienen como principal destino a China, que absorbe entre el 60 y el 70% del total, mientras que Estados Unidos representa alrededor del 10%.Más allá de la coyuntura actual en el mercado norteamericano, en el campo argentino preocupa el precedente que implica la apertura de este cupo para los próximos años, especialmente si se consolida un esquema de mayor apertura sin reciprocidad plena.<h2>Alertas en lácteos y avicultura</h2>Las preocupaciones no se limitan a la carne vacuna. Desde el sector lácteo advirtieron que el acuerdo habilita el ingreso de productos estadounidenses sin exigir certificados de sanidad o calidad a las plantas de origen, una exigencia que sí rige cuando Argentina exporta a Estados Unidos.En tanto, también hay alarma en la producción avícola. Si bien el comercio bilateral de carne de pollo se encontraba cerrado, el nuevo acuerdo abre la puerta al ingreso de productos avícolas norteamericanos. Hoy, los productores de Estados Unidos exportan el patamuslo —un corte considerado secundario en ese mercado— a unos 800 dólares por tonelada, mientras que el costo de producción en Argentina ronda los 1.300 dólares por tonelada.Sobre este punto, el diputado nacional por Entre Ríos Guillermo Michel advirtió que el acuerdo no es recíproco. “Los productos avícolas argentinos no tendrán mercado adicional ni mejores condiciones en Estados Unidos”, sostuvo.Michel también expresó su preocupación por los estándares sanitarios. “El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria debe aceptar los estándares norteamericanos que, en materia de control avícola, son muy bajos”, señaló. Al igual que en el caso de los lácteos, el dirigente cuestionó la asimetría en las exigencias sanitarias.Finalmente, remarcó que el patamuslo, al ser un producto de “segunda” en el mercado estadounidense, se exporta a precios muy inferiores, lo que podría inundar el mercado interno argentino y afectar de manera directa a una industria clave para Entre Ríos. “No es muy difícil imaginar qué va a ocurrir”, concluyó, al advertir sobre el impacto potencial en el empleo y la producción local.El acuerdo, aún en etapa de implementación, sigue generando debate entre productores, dirigentes y funcionarios, mientras los distintos sectores analizan sus efectos reales sobre la economía regional y el entramado productivo argentino.

Preocupación en el campo por el acuerdo comercial con Estados Unidos: alertas en carne, lácteos y avicultura

Las exportaciones de yerba mate registraron en 2025 el nivel más alto desde que existen mediciones oficiales. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), durante el último año las ventas al mercado externo totalizaron 57.980.912 kilogramos, lo que representó un crecimiento del 32% respecto de 2024 y marcó un nuevo récord histórico para el sector.Según el organismo, solo en diciembre de 2025 se exportaron 4.387.107 kilogramos de yerba mate. “Los datos estadísticos registrados por el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) revelan que durante el mes de diciembre de 2025 el volumen de yerba mate exportada alcanzó los 4.387.107 kilogramos”, señala el informe técnico. Con ese desempeño, el acumulado anual superó ampliamente los 43.807.389 kilogramos exportados en 2024 y dejó atrás los registros de años anteriores.La evolución mensual mostró un comportamiento sostenido a lo largo del año, con picos destacados en el segundo semestre. En septiembre se exportaron 7.252.770 kilogramos, mientras que en octubre las ventas externas alcanzaron 6.671.217 kilogramos y en julio 6.562.989 kilogramos, tres de los valores mensuales más elevados del período. En todos los casos, los volúmenes superaron con amplitud los registros de los mismos meses de años previos.El desempeño de 2025 consolidó una tendencia de crecimiento que ya se venía observando, aunque con una aceleración significativa. En 2021 las exportaciones habían sumado 35.509.787 kilogramos; en 2022, 40.304.006 kilogramos; en 2023, 39.700.553 kilogramos; y en 2024, 43.807.389 kilogramos. El salto registrado el año pasado implicó un incremento de más de 14 millones de kilos en comparación con el ejercicio inmediato anterior.<h2>Recuperación del mercado interno</h2>Además del récord exportador, el mercado interno mostró señales de recuperación. Según el INYM, las salidas de yerba mate elaborada con destino local alcanzaron 266.788.512 kilogramos entre enero y diciembre de 2025. En diciembre, el volumen despachado desde los molinos fue de 19.894.807 kilogramos.“El movimiento de yerba mate a salida de molino es el indicador más cercano al comportamiento de la yerba mate en góndola”, explicó el organismo, al detallar que este dato incluye tanto los envíos a centros de distribución como las compras realizadas por mayoristas y supermercados.Si bien el consumo interno todavía no recuperó los niveles máximos de la serie histórica, el cierre de 2025 mostró una mejora frente a 2024, cuando el total anual había sido de 258.789.745 kilogramos. En comparación, en 2023 el mercado interno había alcanzado 285.300.595 kilogramos, en 2022 unos 275.807.989 kilogramos y en 2021 un total de 282.989.915 kilogramos.<h2>Cosecha y procesamiento</h2>El informe técnico también detalla el ingreso de hoja verde a los establecimientos de secanza, un indicador clave del avance de la cosecha. Entre enero y diciembre de 2025 se procesaron 889.253.082 kilogramos de hoja verde. “Los datos correspondientes a las declaraciones juradas presentadas por los operadores ante el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) indican que entre los meses de enero-diciembre fueron procesados 889.253.082 kilogramos de hoja verde”, precisa el documento.Ese volumen fue inferior al registrado en 2024, cuando el ingreso total alcanzó 987.117.193 kilogramos, aunque se ubicó por encima del nivel de 2023, que había sido de 774.562.134 kilogramos. En la distribución regional, la zona Centro concentró 279.995.199 kilogramos, seguida por la zona Noreste con 234.667.660 kilogramos y la zona Sur con 88.506.272 kilogramos. Corrientes aportó 149.010.328 kilogramos, mientras que el Noroeste y el Oeste registraron 53.673.824 y 83.399.799 kilogramos, respectivamente.<h2>Preferencias de consumo</h2>En cuanto al consumo interno por formato, los envases de medio kilo continuaron liderando las preferencias. Durante diciembre de 2025, ese tamaño explicó el 55,14% de las salidas de molino al mercado interno. Los paquetes de un kilo representaron el 39,45%, los de dos kilos el 1,69% y los de cuarto kilo el 0,79%. El rubro “otros formatos” concentró el 0,21%, mientras que el segmento sin estampillas alcanzó el 2,72%.Según el INYM, los formatos de medio kilo y un kilo concentraron en conjunto el 94,59% del total de las salidas destinadas al mercado local.El cierre de 2025 dejó así un balance positivo para la cadena yerbatera, con un marcado dinamismo del mercado externo y una recuperación gradual del consumo interno. Con casi 58 millones de kilos exportados, la yerba mate argentina alcanzó en 2025 el mayor volumen de ventas externas desde que existen registros oficiales del sector, según consignó Infobae

Récord histórico: las exportaciones de yerba mate crecieron 32% y alcanzaron su mayor nivel en 2025

Con la llegada del Carnaval, el 2026 ofrecerá un respiro temprano para quienes ya sienten el peso del inicio del año laboral. Como ocurre cada temporada, el interés no solo pasa por las celebraciones, sino también por las dudas habituales: ¿se trata de un verdadero fin de semana largo con feriados nacionales o de simples días no laborables?Según el cronograma oficial de feriados en Argentina, los festejos de Carnaval caerán lunes 16 y martes 17 de febrero. Al tratarse de dos feriados nacionales inamovibles, se genera un puente natural que conforma un fin de semana largo de cuatro días, ideal para escapadas turísticas o para quienes buscan reorganizar su descanso anual con una mínima gestión administrativa.Esta posibilidad de “estirar” el calendario se volvió rápidamente viral entre trabajadores y estudiantes, ya que el Carnaval se convierte en el primer gran descanso extendido del año. Además, serán los terceros feriados nacionales de 2026, luego del Año Nuevo, lo que refuerza su atractivo como pausa estratégica en los primeros meses del calendario.<h2>Cuándo es el próximo fin de semana largo nacional</h2>El próximo feriado doble en el país será justamente el de Carnaval. En 2026, los días lunes 16 y martes 17 de febrero conformarán un fin de semana largo de cuatro jornadas consecutivas, desde el sábado hasta el martes inclusive.<h2>El calendario nacional de feriados 2026</h2>De acuerdo al esquema oficial, el año contará con feriados inamovibles, trasladables y días no laborables con fines turísticos.<h3>Feriados inamovibles</h3><ul><li>Jueves 1 de enero: Año Nuevo.</li><li>Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval.</li><li>Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.</li><li>Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.</li><li>Viernes 3 de abril: Viernes Santo.</li><li>Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador.</li><li>Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.</li><li>Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.</li><li>Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.</li><li>Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.</li><li>Viernes 25 de diciembre: Navidad.</li></ul><h3>Feriados trasladables</h3><ul><li>Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (se conmemora el miércoles 17).</li><li>Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.</li><li>Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.</li><li>Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se conmemora el viernes 20).</li></ul><h3>Días no laborables</h3><ul><li>Lunes 23 de marzo, previo al feriado del 24.</li><li>Viernes 10 de julio, para extender el descanso tras el 9 de julio.</li><li>Lunes 7 de diciembre, antes del feriado del 8.</li></ul>

Carnaval 2026: el primer gran descanso del año y las claves del calendario de feriados

Se trata de una actualización mensual que comenzó a aplicarse el año pasado, en el marco de un esquema de ajustes pendientes correspondientes a 2024, que fueron implementados de manera escalonada a lo largo de cada trimestre de 2025. Con esta decisión, el Poder Ejecutivo continúa avanzando en la normalización del cronograma de aumentos impositivos vinculados a la inflación.Según lo establecido en la normativa, para las naftas se aplicará un incremento de $16,773 por litro en el impuesto sobre los combustibles líquidos, al que se suma una suba de $1,027 por litro correspondiente al impuesto al dióxido de carbono.En el caso del gasoil, el aumento será de $14,372 por litro para el gravamen general. Además, se fijó una suba de $7,782 por litro para la alícuota diferencial que rige en regiones como la Patagonia y determinadas zonas del interior del país, y de $1,638 por litro en concepto del impuesto al dióxido de carbono.El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo. En el texto oficial, el Gobierno fundamentó la medida al señalar que el objetivo es “estimular el crecimiento económico a través de un sendero fiscal sostenible”.Desde el Poder Ejecutivo explicaron que los montos actualizados surgen de la fórmula de ajuste trimestral basada en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En ese sentido, recordaron que el Decreto Nº 501/18 estableció que la entonces AFIP —actualmente ARCA— debe actualizar estos impuestos en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, tomando como referencia la inflación del trimestre inmediato anterior. Asimismo, los valores actualizados comienzan a regir desde el primer día del segundo mes posterior a la actualización.De acuerdo con el documento oficial, desde 2018 el impuesto a los combustibles líquidos y el impuesto al dióxido de carbono se ajustan trimestralmente según la inflación. Sin embargo, distintas administraciones optaron por postergar su aplicación para mitigar el impacto en los precios finales al público. En esta oportunidad, la prórroga se extendió hasta febrero, según consignó el diario La Nación.En cuanto al impuesto al dióxido de carbono, este tributo grava las emisiones contaminantes generadas por el uso de combustibles fósiles y se cobra como un monto fijo por litro, que se suma al impuesto principal. Si bien representa una porción menor de la carga impositiva total, su actualización automática busca preservar su valor real tanto en términos fiscales como ambientales.Cabe recordar que en la última actualización, correspondiente al mes de enero, el incremento había sido de $17,291 por litro en el impuesto a los combustibles líquidos y de $1,059 en el impuesto al dióxido de carbono para las naftas. Para el gasoil, la suba fue de $14,390 en el gravamen general, $7,792 en la alícuota diferencial y $1,640 por litro por el impuesto al CO₂.

El Gobierno oficializó un nuevo aumento en los impuestos a los combustibles que impactará en febrero

La morosidad de las familias argentinas acumuló en octubre 13 meses consecutivos de incremento y volvió a marcar un récord histórico desde que existen registros. Según informó este viernes el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en su informe sobre bancos, el índice de irregularidad de los préstamos a los hogares ascendió al 8,8%, el nivel más alto desde 2010.De acuerdo con el informe oficial, “la mora de los préstamos a los hogares ascendió a 8,8%, incremento explicado principalmente por el desempeño mensual de las asistencias destinadas al consumo”. El dato refleja el creciente deterioro en la capacidad de pago de las familias, en un contexto de fuerte presión sobre los ingresos reales.El aumento de la mora de los hogares se dio en paralelo a un incremento del ratio de irregularidad del crédito al sector privado en su conjunto, que se ubicó en 5,2%, con una suba de 0,7 puntos porcentuales respecto del mes anterior. En términos interanuales, el deterioro resulta aún más significativo: la irregularidad financiera de las familias se triplicó en el último año, ya que en noviembre de 2024 se encontraba en apenas 2,6%.En contraste, el indicador correspondiente al segmento de las empresas se mantuvo en niveles considerablemente más bajos, con una morosidad del 2,3%, lo que evidencia un impacto más fuerte de la situación económica sobre los hogares que sobre el sector corporativo.<h2>Provisiones y liquidez del sistema</h2>El informe del BCRA señaló además que las previsiones totales del sistema financiero representaron el 97% del saldo de crédito en situación irregular, alcanzando el 5,1% del total de las financiaciones al sector privado, lo que indica un alto nivel de cobertura frente a posibles incobrabilidades.En cuanto a la liquidez, los ratios en moneda nacional se redujeron entre puntas de mes. El cociente entre disponibilidades y depósitos en pesos se ubicó en 14,2% en noviembre, lo que implicó una caída mensual de 1,3 puntos porcentuales, aunque con un incremento interanual de 4,7 puntos. La liquidez amplia en moneda nacional totalizó el 35,9% de los depósitos en pesos, con una baja mensual de 4,4 puntos y una caída interanual de 8 puntos porcentuales.Por su parte, el ratio de liquidez considerando las partidas en moneda extranjera aumentó al 61,9% de los depósitos en igual denominación, con una suba mensual de 2,3 puntos, aunque todavía 15,5 puntos porcentuales por debajo del nivel de un año atrás.<h2>Solvencia y rentabilidad</h2>Pese al deterioro en los indicadores de morosidad, el Banco Central destacó que “el sistema financiero exhibe un nivel importante de solvencia, cumpliendo con holgura los mínimos requeridos por la normativa prudencial”. La integración de capital (RPC) del sistema financiero se ubicó en 28,6% de los activos ponderados por riesgo, mientras que la posición de capital totalizó el 253% de la exigencia regulatoria, aunque con una baja interanual significativa.En materia de rentabilidad, el informe indicó que en noviembre el resultado del conjunto de entidades fue prácticamente neutro en términos del activo (0,1% anualizado). En los últimos 12 meses, el sistema acumuló un ROA de 1,1% y un ROE de 4,7%, ambos por debajo de los registros del año anterior, según consignó el medio Ámbito.El informe del BCRA confirma así un escenario de creciente fragilidad financiera en los hogares, en contraste con un sistema bancario que, si bien mantiene niveles adecuados de solvencia, enfrenta una menor rentabilidad y un entorno de mayor riesgo crediticio.

Nacionales