El Senado de la Nación aprobó este jueves la ley de emergencia en discapacidad, una norma que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 y que introduce medidas para saldar deudas con prestadores de salud, actualizar aranceles, modificar el régimen de pensiones no contributivas y generar incentivos laborales.La normativa fue declarada de orden público, por lo que rige en todo el territorio nacional.<h2>Actualización de prestaciones y deudas</h2>La ley dispone una actualización de las prestaciones para compensar la diferencia acumulada entre los valores vigentes y la inflación desde 2023 hasta la fecha. Además, establece la cancelación de deudas con prestadores y la obligación de ajustar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas según los índices inflacionarios publicados por el INDEC.<section class="noteSuggested" data-id="132890" data-title="Puede interesarte"></section><h2>Cambios en las pensiones no contributivas</h2>Uno de los puntos más destacados es la modificación en las pensiones no contributivas por discapacidad, que pasarán a ser equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio. Asimismo, los beneficiarios podrán trabajar, siempre que sus ingresos no superen el equivalente a dos salarios mínimos vitales y móviles.<h2>Impacto fiscal</h2>De acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el incremento en las pensiones implicará un refuerzo fiscal de entre 1,88 billones y 3,62 billones de pesos, dependiendo de la cantidad de nuevos beneficiarios que ingresen al sistema. Según la OPC, podrían registrarse entre 493.000 y 946.000 nuevas altas en los próximos años.<h2>Compensación y auditorías</h2>El Poder Ejecutivo Nacional deberá destinar recursos del Tesoro para financiar una compensación de emergencia a prestadores. Por su parte, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) llevará adelante auditorías con el fin de evaluar de manera “justa y transparente” las situaciones de los beneficiarios, considerando criterios médicos y socioeconómicos. El procedimiento deberá garantizar notificaciones fehacientes, debido proceso inclusivo y acceso claro a la información.<h2>Incentivos laborales</h2>La nueva ley también promueve la inserción laboral: los empleadores que contraten trabajadores con certificado de discapacidad bajo relación laboral por tiempo indeterminado estarán eximidos del pago del 50% de las contribuciones patronales y previsionales durante tres años.<h2>Un paso clave</h2>Con esta sanción, el Congreso busca dar respuesta a una problemática de arrastre vinculada al financiamiento del sistema de prestaciones, al atraso en los pagos y a la necesidad de mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad y sus familias.

El Senado ratificó la ley de emergencia en discapacidad: actualizaciones, pensiones y beneficios para prestadores

En una sesión cargada de tensión y con fuerte repercusión política, el Senado de la Nación rechazó este jueves el veto del presidente Javier Milei a la ley que declara la emergencia en discapacidad. Con 63 votos afirmativos y solo 7 en contra, la oposición —integrada por el interbloque peronista, UCR, PRO y fuerzas provinciales— impuso una derrota histórica al oficialismo.La decisión obliga al Poder Ejecutivo a promulgar la norma, que había sido aprobada previamente por abrumadora mayoría en ambas cámaras. Desde el 12 de marzo de 2003, durante el gobierno de transición de Eduardo Duhalde, que el Congreso no lograba revertir un veto presidencial.<figure class="image"><img src="https://paralelo32cdn.eleco.com.ar/media/2025/09/el_senado_rechazo_el_veto_de_milei_a_la_ley_de_discapacidad.JPG" alt="El Senado rechazó el veto de Milei a la ley de discapacidad"></figure><h2>Qué establece la ley de emergencia en discapacidad</h2>La ley tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga hasta 2027. Entre sus principales puntos, dispone:<ul><li>Actualización de prestaciones para compensar la inflación acumulada desde 2023.</li><li>Cancelación de deudas con prestadores y actualización mensual de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, en base a índices del INDEC.</li><li>Pensiones por invalidez equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio.</li><li>Posibilidad de que los beneficiarios trabajen, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos.</li></ul>La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el costo fiscal oscilará entre 0,22% y 0,42% del PBI, dependiendo de la cantidad de nuevas altas en el sistema.<h2>Debate caliente en el recinto</h2>El tratamiento estuvo marcado por discursos encendidos. La senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri cuestionó el veto presidencial y señaló: “La libertad no es abandonar a los argentinos. Hay que auditar, pero con gestión y humanidad, no con motosierra”.Desde la UCR, Maximiliano Abad sostuvo que la medida lo dejó “atónito”: “No hay contradicción entre cuidar las cuentas públicas y garantizar derechos básicos”.El kirchnerismo fue más duro. Eugenia Duré calificó a Milei como “el más cruel” desde 1983, mientras que Eduardo “Wado” de Pedro lo tildó de “bruto” y “cínico”.En soledad, la senadora cordobesa del PRO Carmen Álvarez Rivero defendió la posición del Gobierno y lanzó con ironía: “¿Cómo les está yendo en el plan de desestabilizar al Gobierno? No necesitamos otra ley ni emergencias, necesitamos gestión”.El jefe de bloque de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, se retiró de la lista de oradores y evitó defender el veto en el cierre de la sesión.<figure class="image"><img src="https://paralelo32cdn.eleco.com.ar/media/2025/09/el_senado_rechazo_el_veto_de_milei_a_la_ley_de_discapacidad_1.JPG" alt="El Senado rechazó el veto de Milei a la ley de discapacidad"></figure><h2>Contexto político</h2>La sesión, presidida por Bartolomé Abdala debido al viaje de Milei a Estados Unidos y la suplencia de Victoria Villarruel en el Ejecutivo, se inició con cruces por el escándalo de los audios filtrados del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo. Legisladores opositores reclamaron explicaciones a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, incluso con pedidos de interpelación y juicio político.Con este revés parlamentario, la Casa Rosada enfrenta un escenario complejo: el Congreso no solo recuperó la potestad de imponer una ley contra la voluntad presidencial, sino que lo hizo en un tema sensible como la discapacidad, con amplio respaldo opositor y fuerte repercusión social.

El Senado rechazó el veto de Milei a la ley de discapacidad

El directivo de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), Eduardo Fernández, alertó sobre el complejo escenario que atraviesa el sector productivo argentino, golpeado por la recesión, la falta de financiamiento y la creciente competencia de las importaciones.En diálogo con Radio Rivadavia, Fernández explicó que la política monetaria aplicada por el Gobierno, con un fuerte aumento en los encajes bancarios, dejó a las empresas sin acceso al crédito y anuló al financiamiento como motor del consumo interno.<h2>Tasas imposibles y asfixia financiera</h2>“El futuro es sombrío. El crédito, que era uno de los motores del mercado interno, hoy está totalmente descartado tanto para consumo como para financiamiento de las empresas. Los números son tremendos: al inicio de agosto el encaje total era del 30% y el de bonos del 9%. Vamos a cerrar el mes con 53,5% y 18,5%, respectivamente. Esto significa tasas reales imposibles de afrontar”, sostuvo.A la falta de financiamiento se suma la presión de las importaciones sobre la industria nacional. “No solo es difícil sostener la producción, sino que ahora tenemos un sistema financiero restrictivo que busca salvarse a sí mismo, pero asfixia al aparato productivo”, subrayó Fernández.<h2>Impacto en el empleo</h2>El dirigente señaló que el deterioro ya se traduce en pérdidas laborales masivas. Recordó que durante la pandemia se destruyeron 155.000 puestos de trabajo y, en los últimos 18 meses, otros 250.000 trabajadores quedaron fuera del mercado.“La movilidad laboral va a ser hacia la baja. Las pymes están en una situación límite: no quieren despedir, pero no pueden sostener sus plantillas. Además, detrás del cierre de cada empresa hay historias familiares y economías regionales que desaparecen”, remarcó.<h2>Riesgo de una crisis similar a 2001</h2>Finalmente, Fernández advirtió que el rumbo actual podría derivar en una crisis comparable a la vivida a principios de siglo:<blockquote>“Cuando se sinceren las cifras y se mida la economía real, vamos a encontrar un desastre similar al de 2001. Hoy el país está destruyendo empleo y cerrando empresas que tardaron décadas en consolidarse”.</blockquote>Desde la Asociación de PyMEs remarcan que el sector, que emplea a la mayor parte de los trabajadores del país, requiere medidas urgentes de alivio financiero y protección productiva para evitar un colapso mayor.

Alerta PyME: advierten que la recesión y la falta de crédito ponen al sector en una situación límite

El Gobierno nacional oficializó este jueves una modificación en la aplicación de los feriados nacionales: a partir de ahora, aquellos que coincidan con sábados o domingos podrán trasladarse al lunes inmediato posterior o al viernes inmediato anterior, según disponga la autoridad competente.La medida quedó establecida en el Decreto 614/2025, publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.Hasta el momento, la Ley 27.399 contemplaba el corrimiento de feriados que caían martes, miércoles, jueves o viernes, con el objetivo de fomentar fines de semana largos. Sin embargo, no había previsiones para los feriados que coincidían con sábados o domingos, lo que generaba un vacío legal.Con la nueva disposición, la Jefatura de Gabinete de Ministros fue designada como autoridad de aplicación y tendrá la facultad de establecer las normas complementarias necesarias para instrumentar los cambios.En los considerandos del decreto, el Ejecutivo argumentó que la decisión busca “honrar la condición de feriados trasladables” prevista en la legislación vigente y evitar interpretaciones que pudieran desvirtuar su espíritu.La normativa entró en vigencia de manera inmediata con su publicación en el Boletín Oficial y regirá para todos los feriados nacionales trasladables que coincidan con fines de semana.

El Gobierno habilitó el traslado de feriados que coincidan con fines de semana

Por primera vez en la historia democrática reciente, la Argentina utilizará en las próximas elecciones la boleta única de papel, un mecanismo que reemplaza al tradicional esquema de boletas partidarias. El nuevo sistema, ya vigente en varias provincias y en numerosos países del mundo, busca mejorar la transparencia, reducir las prácticas fraudulentas y garantizar igualdad de condiciones entre partidos grandes y pequeños.Así lo explicó Marcelo Bermolen, director del Observatorio de Calidad Institucional y profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, quien analizó las implicancias de esta reforma electoral.<section class="noteSuggested" data-id="132770" data-title="Puede interesarte"></section><h2>Un cambio histórico</h2>“Por primera vez, millones de argentinos enfrentan un sistema distinto al que conocían. Es una transformación relevante en términos de transparencia, equidad y calidad institucional”, destacó Bermolen.<h2>Se termina un negocio opaco</h2>El especialista recordó que durante años el Estado financió la impresión de boletas partidarias sin constancia efectiva de su producción. “Con la boleta única, ese circuito se corta: la impresión pasa a ser responsabilidad del Estado y ya no de los partidos”, explicó.<h2>Más simple y más seguro</h2>El nuevo procedimiento elimina los sobres y el cuarto oscuro repleto de boletas. “El presidente de mesa entrega una única boleta y un bolígrafo. El ciudadano marca su preferencia en un box, dobla la boleta y la deposita en la urna”, detalló Bermolen.<h2>Transparencia y equidad</h2>Una de las mayores ventajas es la igualdad de condiciones para todos los partidos. Según Bermolen, “los partidos pequeños, muchas veces perjudicados por el robo de boletas o la falta de fiscales, tienen garantizada su presencia en la oferta electoral”.<h2>La importancia de la capacitación</h2>El académico subrayó que el sistema, aunque sencillo, requiere información y pedagogía cívica: “Cada elector debe hacer una sola marca por categoría: si no marca, es voto en blanco; si marca más de una, el voto se anula. Es un sistema claro, pero necesita capacitación, sobre todo en provincias con elecciones concurrentes”.<h2>Riesgo de apatía y miedo a equivocarse</h2>Bermolen advirtió que algunos sectores, como adultos mayores o votantes con menor educación cívica, pueden sentir temor ante el cambio y desistir de participar. “En un contexto de baja participación electoral, la pedagogía cívica se vuelve fundamental”, alertó.<h2>Un paso adelante, no una solución definitiva</h2>“El nuevo instrumento no es perfecto ni infalible, pero representa un avance. El desafío está en implementarlo con seriedad, acompañado de campañas masivas de educación cívica que refuercen la confianza en el acto electoral”, concluyó Bermolen.

Elecciones 2025: Argentina estrena la boleta única de papel, un cambio histórico en el sistema electoral

La venta de combustibles al público registró en julio una caída interanual del 1,16%, cortando así una racha de cuatro meses consecutivos de crecimiento. El dato surge de un relevamiento del portal especializado Surtidores, que da cuenta de un mercado con comportamientos muy dispares: fuerte avance en los productos premium y retroceso en los combustibles comunes.<h2>Dos velocidades en el consumo</h2>De acuerdo al informe, mientras que la demanda de los combustibles premium se expandió con fuerza —12,5% en nafta y 9% en gasoil—, las ventas de los comunes marcaron retrocesos: la nafta súper cayó 1,11% y el diésel común se desplomó 12,19%.Este fenómeno, interpretado como un consumo “a dos velocidades”, refleja que los sectores con mayor poder adquisitivo sostienen y hasta incrementan su demanda, mientras que los consumidores más sensibles al precio recortan gastos en combustibles básicos.<h2>El mapa de las ventas: ganadores y perdedores</h2><h3>Por provincias</h3>El análisis muestra un panorama heterogéneo:<ul><li>Diez de las 24 provincias tuvieron subas. La mayor se dio en Tierra del Fuego (+9,7%), seguida por Buenos Aires (+6,2%).</li><li>Las caídas más fuertes se registraron en Tucumán (-19,3%), que acumula seis meses consecutivos en baja, La Rioja (-10,4%) y CABA (-10,08%).</li></ul><h3>Por empresas</h3><ul><li>YPF, con el 55,6% del mercado, y DAPSA fueron las únicas compañías que aumentaron sus ventas interanuales (+3,45% y +8,18%, respectivamente).</li><li>El resto mostró retrocesos, con Shell —que detenta el 23,1% del mercado— a la cabeza de las bajas (-7,37%).</li></ul><h2>El dato mensual: leve mejora frente a junio</h2>Pese a la caída interanual, el relevamiento destacó que la venta total subió 2,17% en comparación con junio de 2025, lo que aporta un respiro coyuntural en un contexto de marcada desaceleración de la demanda.

La venta de combustibles cayó en julio y se frenó la racha de crecimiento

La Cámara de Diputados aprobó el cambio de huso horario en la Argentina, una medida que generó debate en distintos ámbitos científicos y sanitarios. En este contexto, la investigadora del CONICET y directora científica del Laboratorio de Cronobiología de la Universidad Nacional de Quilmes, Patricia Agostino, advirtió sobre las consecuencias de la decisión y señaló que “desde el punto de vista biológico y sanitario corresponde el huso horario -4”.Actualmente, el país se encuentra en el huso -3, lo que implica que los relojes están tres horas por detrás del meridiano de Greenwich. Si se aplicara la recomendación de los especialistas y se adoptara el huso -4, los relojes se atrasarían una hora respecto de la hora vigente.<h2>“Consecuencias similares al jet lag”</h2>En diálogo con Radio Splendid AM 990, en el programa RPM que conduce Rolando Graña, Agostino explicó que “geográficamente a gran parte del territorio nos conviene el -4” y agregó que “en una parte del oeste de nuestro país convendría incluso el huso -5”.La especialista remarcó que “las provincias que están en la cordillera están dos horas desfasadas” y recordó que “cada huso horario va cambiando una hora cada 15 grados de longitud”.En cuanto a los efectos de la modificación, subrayó:<blockquote>“El cambio de horario provoca consecuencias temporales similares al jet lag”.</blockquote>Agostino también destacó que la exposición a la luz solar es un factor clave en el bienestar: “Los países que tienen mayor cantidad de luz del día, tienen sociedades con mejor estado de ánimo. En Argentina hay mucha disponibilidad de luz en comparación con otros países”.<h2>¿Qué es el huso horario?</h2>El huso horario es el sistema que divide al planeta en 24 franjas longitudinales, cada una con una hora distinta. La referencia mundial es el meridiano de Greenwich, en Inglaterra, y a partir de allí se cuentan los demás husos hacia el este o hacia el oeste. Cada franja equivale a 15 grados de longitud y representa una hora de diferencia con el tiempo universal.En el caso argentino, el uso del huso horario -3 coloca al país tres horas por detrás de Greenwich, aunque la recomendación científica apunta a adoptar el huso -4 para una mayor sincronía biológica con la posición geográfica.

Diputados aprobaron el cambio de huso horario y especialistas advierten sobre el impacto biológico

En la madrugada de hoy, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó por amplia mayoría un proyecto de ley que establece como hora oficial de nuestro país el huso horario UTC -4, en reemplazo del actual UTC -3, con el objetivo de adecuar el horario argentino al que le corresponde según el sistema internacional.El texto final fue consensuado a partir de cuatro iniciativas presentadas por legisladores de distintos espacios políticos: Julio Cobos, Agost Carreño, Pamela Caletti y Gisela Marziotta.<h2>Un ajuste hacia la hora solar</h2>El diputado mendocino Julio Cobos, principal impulsor de la iniciativa, sostuvo:<blockquote>“Hemos dado un gran paso. Argentina hoy tiene una de las mayores diferencias entre la hora solar y la hora oficial, lo que afecta no solo al consumo de electricidad, sino también al desempeño escolar de nuestros alumnos. Con este cambio buscamos una mayor coincidencia entre la hora solar y la oficial, y así activar el sistema circadiano de cada persona”.</blockquote>Según explicó, casi todo el territorio argentino se encuentra dentro del huso horario UTC -4, salvo la zona cordillerana que se acerca al UTC -5, mientras que actualmente se utiliza UTC -3, lo que genera un desfasaje.<h2>Impacto en educación y consumo</h2>Uno de los ejes centrales del debate fue el efecto que la diferencia entre la hora solar y la oficial tiene en el ámbito educativo. “En la mayoría de las provincias, los alumnos inician sus jornadas en plena oscuridad, lo que repercute en su rendimiento. En Mendoza, por ejemplo, el inicio escolar a las 8 de la mañana en realidad corresponde a las 6:30 de la hora solar”, explicó Cobos.El proyecto también contempla la posibilidad de aplicar el huso horario -3 durante el período estival, desde el primer domingo de abril hasta el primer domingo de septiembre, en caso de que el Poder Ejecutivo lo considere conveniente.<h2>Fundamentos científicos y antecedentes</h2>La propuesta se apoya en estudios del Conicet, a través del Instituto Nacional de Ambiente, Hábitat y Energía (INAHE), que avalan el impacto positivo de la adecuación horaria en términos de salud y eficiencia energética.Cobos recordó que durante su gestión como gobernador de Mendoza, en 2004, la provincia implementó un cambio similar para aprovechar mejor la luz solar. “Es una propuesta con mucho sentido común, respaldada por experiencias provinciales e internacionales, y surgida del consenso político. Ahora esperamos que el Senado avance con su tratamiento”, concluyó.

Diputados aprobó el cambio de huso horario: Argentina adoptaría el UTC -4 como hora oficial

La Unión Industrial Argentina (UIA) difundió un informe que vuelve a poner en debate el peso de los tributos locales sobre la actividad económica. Según el relevamiento, Entre Ríos se encuentra entre las provincias con mayor cantidad de tasas municipales junto con Buenos Aires, La Pampa, Misiones, Jujuy, Córdoba, Santa Fe y Corrientes.El documento, titulado “Tasas Municipales: un tributo invisible que pagamos todos”, advierte que en promedio las empresas deben afrontar 1,4 tasas por municipio, y en más de 30 distritos relevados la cifra asciende a dos o más.<h2>Creación de nuevas tasas y presión fiscal</h2>De acuerdo con la entidad fabril, en 2024 se crearon seis tasas nuevas a nivel país, lo que eleva a 84 el número total de tributos municipales frente a los 78 registrados en 2023. La Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene (TISH) concentra uno de cada tres pagos y llega a representar hasta el 1,8% del precio final de alimentos y otros productos básicos.El estudio señala que el 81% de las tasas no tienen contraprestación de servicios, el 51% no son proporcionales al servicio recibido y el 35% generan doble imposición, principalmente con Ingresos Brutos.<blockquote>“La Argentina lidera el ranking de presión fiscal sobre el sector formal a nivel subnacional. Junto con Italia, es uno de los pocos países con doble imposición, aunque en el caso argentino, las tasas municipales son un 400% más altas”, subraya el informe.</blockquote><h2>Riesgos para la industria</h2>La UIA advirtió que la combinación de alta carga impositiva, apertura comercial y estancamiento económico impacta de lleno en la rentabilidad de las empresas. Las importaciones en niveles récord y las ventas internas que no terminan de repuntar impiden trasladar plenamente los mayores costos a precios, lo que, según los industriales, los deja en “desigualdad de condiciones” frente a competidores externos.Además, remarcan la incertidumbre política: temen que la falta de consensos entre el Ejecutivo, los gobernadores y el Congreso retrase las reformas estructurales en impuestos y legislación laboral que el Gobierno prometió encarar hacia fin de año en el marco de su compromiso con el Fondo Monetario Internacional (FMI).<h2>Propuestas de la entidad</h2>La UIA propondrá a las autoridades nacionales y provinciales un conjunto de medidas para reducir la carga de los tributos locales:Establecer un consenso fiscal con tope a las tasas municipales.Armonizar la normativa para evitar la doble imposición.Garantizar que las tasas tengan una justificación real y contraprestación de servicios.Mejorar la coordinación fiscal entre municipios, provincias y Nación.Asegurar estabilidad fiscal para dar previsibilidad a las inversiones.<h2>Camino a las elecciones</h2>El debate impositivo se enmarca en un escenario político marcado por la cercanía de las elecciones y por la estrategia del presidente Javier Milei, que apuesta a un descenso abrupto de los precios hacia los próximos comicios.Los industriales preparan además la firma de un Decálogo del Nuevo Contrato Productivo, previsto para el 2 de septiembre en Córdoba, donde esperan contar con la presencia del presidente Milei y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.Allí pondrán sobre la mesa los que consideran los principales factores del “costo argentino”: alta presión impositiva, rigidez laboral, elevado costo del dinero, déficit en educación y problemas de infraestructura.

Entre Ríos, entre las provincias con más tasas municipales según un informe de la UIA

El Gobierno espera entregar el primer corredor en septiembre; cómo es el esquema que se impondrá en los 10.000 kilómetros y que concentra el 80% del tráfico, publico La Nación&nbsp;El monto está por debajo de lo que se planteó como alternativa en la audiencia pública que se llevó a cabo en el Cine Victoria en abril, cuando los profesionales de distintas áreas de gobierno que expusieron, hicieron referencia al tema. En principio se autorizaría el primer año 3,50 dólares (4.650 pesos al valor oficial) para los vehículos de menor porte.&nbsp;El Estado Nacional tiene jurisdicción sobre 40.000 kilómetros de rutas, de las cuales, cerca de 10.000, concentran el 80% del tráfico. Esta porción es el paquete vial “rentable” y ese es el que se entregará al sector privado. Para el resto se aplicará otra receta: será mantenido mediante contratos con proveedores y ya no habrá tareas, como cortar el pasto o remediar el asfalto, que lleve adelante Vialidad Nacional&nbsp;publico el diario de los Mitre.&nbsp;La pregunta que sigue bien podría ser a cambio de qué se le dará un corredor a un privado. Y la respuesta también es simple: deberá tener la ruta en “condiciones de transitabilidad” y cuando el Estado considere que está en esa categoría podrá cobrar un peaje. El precio también ya está escrito en los borradores de las licitaciones que se vienen, 4.200 pesos por cada 100 kilómetros para los autos, valor que se multiplicará por siete para los camiones más grandes. En el medio, todos los demás rodados.El dueño de la concesión tendrá una fórmula de actualización ajustable cuya aplicación es automática. Es decir, no tiene que esperar que el regulador le apruebe el nuevo marco, sino que el Estado se limitará a controlar que el resultado de la fórmula polinómica esté correcto. Así será el mundo de las concesiones viales a partir del 8 de septiembre, cuando, finalmente, se abra el sobre de ofertas del primero de los corredores que será entregado con este régimen. Se trata de la llamada Ruta del Mercosur, que contiene los tramos mesopotámicos de las 12 y la 14, además de los puentes del complejo Zárate Brazo Largo y Rosario-Victoria. En este último caso Victoria será protagonista porque los sobres se abrirán en el Concejo Deliberante de nuestra ciudad.El valor del peaje que se estudia, aquellos $4.200 por cada 100 kilometros, está en consonancia con lo que se habló en las audiencias públicas. Entonces, varios de los interesados dejaron trascender que para tener un negocio más o menos sustentable se necesitaban alrededor de US$3,50 por esa distancia. Finalmente, se trabaja con un valor similar.<h2>Pasarlas a la provincia es complicado</h2>Muchos gobernadores entre ellos Pullaro (Santa Fe) y Llaryora (Córdoba) han manifestado que si la Nación no puede arreglar las rutas nacionales que se las pasen a la provincia, que se haría cargo.Hay un tema a tener en cuenta. El Estado no puede hacer actos de disposición, como entregar una ruta a las provincias, sin pasar por el Congreso. Sin embargo, los técnicos en cuestiones administrativas que miran la regulación dicen que sí podrían entregar un corredor a una provincia, siempre y cuando sea esta la que la administre, con estructura pública, con algún ente o con una empresa estatal. Es decir, no la podría concesionar a un privado.La otra innovación – volviendo a las rutas nacionales- &nbsp;es que no será necesario ser constructora para tener a cargo una concesión vial. Es decir, a diferencia de lo que sucedió siempre, ahora cualquier empresa podría licitar un corredor. Por caso, dicen en el Palacio de Hacienda, un nodo productivo podría armar una sociedad para explotar una ruta que sea necesaria para la actividad de la región.El punto crítico del sistema son las obras. La idea de la Casa Rosada, y más puntualmente del Ministerio de Economía, es que sean los privados los que financien el desembolso necesario como para que la ruta quede en “condiciones de transitabilidad”. Como se dijo, el estado de las mismas será controlado y verificado por el organismo técnico que suceda a Vialidad.

El peaje en rutas privatizadas será de 4.200 pesos cada 100 Km

El Gobierno nacional formalizó este martes la disolución interna de la Dirección Nacional del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la transferencia de todas sus atribuciones a la Presidencia del organismo, en el marco de su proceso de reestructuración. La medida quedó oficializada mediante el Decreto 571/2025, publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo.La decisión se produce a pesar del rechazo que la Cámara de Diputados expresó la semana pasada sobre cinco decretos emitidos por el Ejecutivo con facultades delegadas, entre ellos el 462/25, que ya había introducido cambios estructurales en organismos técnicos como el INTA y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).Con la nueva disposición, se elimina la estructura de primer nivel operativo del organismo —considerado clave para la investigación y extensión agropecuaria— y todas las competencias establecidas en la Resolución INTA N° 513/2019 para la Dirección Nacional pasan ahora a depender directamente del Presidente del Instituto.En los considerandos, el Ejecutivo justifica la medida argumentando que las funciones de la Dirección Nacional se superponían con las de la Presidencia, lo que hacía necesaria la unificación de tareas. “Las disposiciones de la Resolución 513/19 en las que se menciona a la Dirección Nacional deberán entenderse referidas al Presidente del citado Instituto”, señala el texto.El decreto también aclara que, hasta que se complete la reestructuración de las áreas involucradas, se mantendrán vigentes las estructuras actuales de primer y segundo nivel, junto con sus cargos, dotaciones y suplementos.El proceso de transformación institucional del INTA comenzó con el Decreto 462/25, que modificó su estatus jurídico, pasando de organismo descentralizado a desconcentrado, bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.El pasado 7 de agosto, la Cámara de Diputados rechazó por amplia mayoría este y otros cuatro decretos que implicaban cambios en distintos organismos: el 345/25 (área cultural), el 351/25 (Banco Nacional de Datos Genéticos), el 340/25 (Marina Mercante) y el 461/25 (Secretaría de Transportes). La sesión se extendió por más de 12 horas.

El Gobierno avanza con la disolución interna del INTA pese al rechazo del Congreso

Asunción, 30 de julio de 2025.- Esta mañana, el juez de Delitos Económicos de Paraguay, Humberto Otazú, resolvió enviar a juicio oral y público al exsenador argentino Edgardo Kueider y a su pareja, Iara Guinsel, por el delito de contrabando en grado de tentativa. La decisión fue adoptada tras concretarse la audiencia preliminar, celebrada entre las 9:00 y las 11:00 en el Palacio de Justicia de Asunción.Kueider y Guinsel arribaron al juzgado bajo custodia de la Policía Nacional paraguaya, dado que actualmente cumplen arresto domiciliario. La medida forma parte tanto del proceso por contrabando como del pedido de extradición impulsado por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, desde la República Argentina.Durante la audiencia, la defensa de la pareja —a cargo de los abogados Carlos Arévalo y Marcelo Bogado— solicitó la nulidad de la acusación y la exclusión de las grabaciones obtenidas por las cámaras de Aduanas en el Puente de la Amistad, que registraron el intento de ingreso de más de USD 200.000 sin declarar el pasado 4 de diciembre. Ambos pedidos fueron rechazados por el magistrado Otazú, quien justificó la celeridad de la audiencia al señalar que se presentaron "pocas incidencias" procesales.“El hecho punible que se les atribuye es tentativa de contrabando. Así se inició el proceso y así lo ratificó hoy también el Ministerio Público”, explicó Otazú en declaraciones a El Observador de Paraguay. Aclaró además que la defensa sostiene una “interpretación jurídica distinta” respecto a lo que debe considerarse bien o mercancía, un punto que será debatido durante el juicio.La pareja continúa detenida preventivamente, aunque han ofrecido como fianza un inmueble valuado en 500 millones de guaraníes (unos 4 mil dólares cada uno), que fue aceptado por la Justicia paraguaya. Ese monto fue requerido también en el marco del proceso de extradición iniciado por Argentina.Este último punto cobra especial relevancia, ya que la continuidad del proceso judicial paraguayo incidirá directamente en el tratamiento del pedido de extradición. Según confirmó el juez Rolando Duarte, Kueider y Guinsel rechazaron la “fórmula simple” —que implicaría aceptar el traslado sin juicio—, lo que obliga ahora a realizar un proceso completo de extradición. El juzgado argentino cuenta con un plazo de 45 días para remitir la documentación necesaria.En Argentina, ambos enfrentan una investigación por el presunto delito de lavado de activos. No obstante, el pedido de extradición aún no incluye otras figuras penales, aunque la causa continúa abierta.Con la causa elevada a juicio oral en Paraguay, se espera que en las próximas semanas se defina el tribunal competente y la fecha del debate. El proceso podría marcar un precedente en la cooperación judicial entre ambos países en casos de criminalidad económica transnacional.

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