Reforma electoral: advierten que los cambios podrían favorecer a quienes están en el poder
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El abogado y especialista en transparencia electoral Marcelo Bermolén analizó el proyecto impulsado por el Gobierno nacional, que obtuvo dictamen en el Senado. Cuestionó la posible suspensión de las PASO, los cambios en los debates presidenciales y las modificaciones al financiamiento y la publicidad electoral.
La reforma electoral impulsada por el Gobierno nacional abrió un debate sobre el alcance de los cambios propuestos y sus posibles consecuencias para la participación ciudadana y la competencia entre las fuerzas políticas.
A partir del dictamen firmado en el Senado, Marcelo Bermolén, abogado, especialista en Acceso a la Información Pública y Transparencia Electoral, profesor de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales y director del Observatorio de Calidad Institucional de la Universidad Austral, analizó los principales puntos de la iniciativa y advirtió que algunas modificaciones podrían beneficiar a las estructuras políticas que ya están en el poder.
El análisis se basa en el dictamen oficial del expediente PE-102/26, publicado por el Senado en la Orden del Día 434/2026, del 18 de noviembre. Se trata de una propuesta legislativa en debate y no de una ley vigente.
Para Bermolén, el recorrido del proyecto, con modificaciones, incorporaciones y retiros durante las negociaciones, deja planteado un interrogante central: qué criterio orienta la reforma y a quiénes podrían beneficiar sus cambios.
"La reforma parece organizada alrededor de las necesidades de quienes detentan el poder, mientras las garantías ciudadanas quedan sujetas a negociación", sostuvo. En ese sentido, consideró que la facultad de una mayoría legislativa para modificar las reglas electorales debe estar acompañada por una explicación sobre cómo esos cambios mejoran las condiciones en las que la sociedad elige a sus representantes.
La suspensión de las PASO y la participación ciudadana
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
Bermolén advirtió que, de concretarse, sería la segunda elección nacional consecutiva en la que se interrumpiría esta instancia durante la actual gestión. Además, señaló que en 2027 sería la primera vez desde su implementación que no habría PASO para una elección presidencial.
El especialista consideró que la discusión no se limita al funcionamiento interno de los partidos, sino que también involucra la posibilidad de que los ciudadanos participen en la selección de las candidaturas.
"La suspensión de las PASO retiraría por segunda elección nacional consecutiva una potestad de participación reconocida a la ciudadanía", planteó. Si bien reconoció que el funcionamiento de las primarias puede ser objeto de revisión, sostuvo que eliminar esa instancia sin ofrecer una alternativa suficiente reduce las oportunidades de intervención ciudadana.
Como antecedente, mencionó los datos de las elecciones de 2025. Según la Cámara Nacional Electoral, con excepción de una alianza, las agrupaciones recurrieron a mecanismos de designación sin voto directo de sus afiliados, dentro de un universo de 626 partidos intervinientes.
Para Bermolén, esa experiencia muestra que la selección de candidaturas quedó principalmente en manos de las estructuras partidarias. También señaló que la ausencia de PASO no impidió una caída de la participación en las elecciones generales, aunque aclaró que ese dato no permite establecer una relación causal entre ambos fenómenos.
Los debates presidenciales y el acceso a la información
Otro de los aspectos cuestionados es la eliminación de la obligación de realizar debates presidenciales en la elección general.
El especialista sostuvo que estos encuentros constituyen una herramienta para que los ciudadanos puedan comparar propuestas, observar cómo los candidatos responden a cuestionamientos y conocer sus posiciones frente a otros postulantes.
A su entender, retirar esa instancia reduce una oportunidad de información pública en un momento clave del proceso electoral.
También cuestionó el tratamiento previsto para el debate de una eventual segunda vuelta. Según su análisis, el proyecto mantiene el deber de la autoridad electoral de organizarlo, pero elimina la obligación expresa de asistencia de los candidatos y las sanciones por inasistencia.
Bermolén consideró que esa diferencia requiere una explicación: si el debate es importante cuando quedan dos candidatos, también debería justificarse por qué dejaría de ser necesario cuando la ciudadanía debe elegir entre toda la oferta presidencial.
Colectoras, Ficha Limpia y reglas para los partidos
El recorrido legislativo también incluyó negociaciones sobre la posible reincorporación de las listas colectoras, cuya utilización está restringida por la normativa nacional desde 2019. La propuesta fue incorporada y posteriormente retirada durante el tratamiento.
Para Bermolén, esa modificación y su posterior exclusión reflejan el peso de los acuerdos políticos en la discusión. Consideró que las necesidades de una alianza electoral no constituyen, por sí solas, un fundamento suficiente para modificar las reglas comunes.
Otro punto de análisis es Ficha Limpia. El especialista recordó que en noviembre de 2024 ocho ausencias de legisladores libertarios contribuyeron al fracaso de una sesión destinada a tratar el proyecto. También mencionó el rechazo de la iniciativa en el Senado en mayo de 2025, en medio de acusaciones sobre un supuesto acuerdo entre el Gobierno y dirigentes de Misiones, que el Ejecutivo negó.
En ese marco, reclamó coherencia en el tratamiento de las condiciones de integridad para las candidaturas y consideró que el tema no debería convertirse en una herramienta de negociación política.
En cambio, valoró que durante las negociaciones se haya descartado el endurecimiento de los requisitos para constituir y mantener partidos políticos. Según su interpretación, elevar esas exigencias podría dificultar la aparición de nuevas fuerzas y limitar las posibilidades de representación de sectores que todavía no encuentran una alternativa política.
Publicidad electoral y condiciones de competencia
Bermolén también puso el foco en los cambios previstos para la publicidad electoral.
El dictamen conserva la mitad de los espacios de publicidad electoral contemplados en el régimen vigente, lo que representa un recorte respecto de las condiciones actuales. Para el especialista, esa reducción podría incrementar el peso de los recursos propios y de la capacidad económica de cada fuerza para difundir sus propuestas.
Aclaró que no atribuye esa decisión a un eventual lobby de medios, pero sostuvo que debe analizarse por sus consecuencias sobre la igualdad de oportunidades entre los partidos.
También cuestionó la posibilidad de permitir publicidad electoral fuera del período formal de campaña. Según su análisis, esa ampliación podría beneficiar especialmente a quienes ejercen el Gobierno, porque a la visibilidad propia de la gestión podrían sumar una mayor exposición partidaria paga.
En ese sentido, planteó la necesidad de establecer garantías para evitar que las diferencias de recursos y exposición pública condicionen la competencia electoral.
Un debate sobre las reglas de la democracia
En su evaluación general, Bermolén sostuvo que las dificultades de algunas herramientas electorales no justifican necesariamente su eliminación.
"La imperfección de una herramienta no demuestra que la garantía que procura proteger sea prescindible", afirmó. Como ejemplos, mencionó el costo de las PASO, las dificultades de organización de los debates y la fragmentación partidaria, cuestiones que, a su entender, requieren soluciones sin reducir las oportunidades de participación.
El especialista concluyó que el debate sobre la reforma debe contemplar no solamente las necesidades de los partidos y las negociaciones entre bloques, sino también las garantías de los ciudadanos para elegir y participar en la vida democrática.
"Quienes gobiernan son inquilinos del poder. No les corresponde acondicionar el sistema electoral para prolongar su estadía, sino preservar la libertad de la sociedad para decidir quién lo ocupará después", expresó.

