&nbsp;El juez de Concurso y Quiebras N°9 de Paraná, Ángel Moia, explicó los alcances y el crecimiento de los pedidos de quiebra de particulares en Entre Ríos, una situación que afecta principalmente a empleados estatales que no pueden afrontar sus deudas.&nbsp;Señaló además que las personas físicas pueden solicitar la quiebra cuando ya no logran cumplir regularmente con sus obligaciones económicas. Indicó que en Paraná este tipo de casos son frecuentes debido a la fuerte presencia del empleo público y a las dificultades económicas que se vienen profundizando en los últimos años. Especialmente policías, que según las investigaciones los han llevado a tomar decisiones extremas.“El régimen de quiebra es una medida de excepción, no es un mecanismo para no pagar. Se aplica cuando existe una imposibilidad real de afrontar las deudas”, explicó el magistrado.La quiebra personal es un mecanismo relativamente novedoso, previsto en la Ley de Concursos y Quiebras, vigente desde 1995, ante la incapacidad de cualquier ciudadano de afrontar las deudas contraídas. Técnicamente se denomina “estado de cesación de pagos” y la consecuencia que tiene sobre una persona es que pierde el control sobre sus bienes, ya que todo se vende para pagar las deudas –a excepción de la ropa o herramientas de trabajo– y queda inhabilitada para ejercer el comercio por un período que puede ser de tres años o hasta la cancelación de los compromisos.El juez explicó que el juzgado analiza la composición de las deudas, los ingresos y las posibilidades reales de pago de cada persona antes de resolver. En muchos casos, los acreedores son mutuales, cooperativas de crédito, bancos y organismos fiscales. Por otra parte, señaló que el juzgado tiene un contador que evalúa cada caso y emite un informe, algo que no tienen otras estructuras jurídicasSi la quiebra es aceptada, pueden liquidarse bienes embargables del deudor y retenerse hasta un 20% del salario para conformar un fondo destinado al pago de acreedores y gastos judiciales, señaló.<h2>Tarjetas de crédito</h2>Entrevistado por paralelo32, el magistrado advirtió especialmente sobre el uso de tarjetas de crédito y préstamos con descuentos automáticos sobre haberes, una modalidad muy común entre empleados públicos. Según indicó, muchas personas terminan cobrando un monto ínfimo, prácticamente sin salario disponible debido a los descuentos ya comprometidos.“El problema es que muchas veces el pago mínimo de tarjetas y los créditos generan una bola de nieve imposible de sostener”, afirmó.También explicó que son muchos los pedidos de quiebra que están presentados, el año pasado contabilizaron 184 expedientes solamente de empleados públicos, pero se suman otros particulares que se encuentran con imposibilidad de asumir los compromisos, sin contar los concursos de empresas.Finalmente, sostuvo que el fenómeno se incrementa en períodos de crisis económica y alta inflación, y remarcó que el objetivo de la quiebra es ordenar una situación extrema de insolvencia, para evitar un deterioro aún mayor de la posición financiera de las personas.<h2>Otros aspectos</h2>En términos históricos, Argentina ha tenido bajos niveles de endeudamiento en comparación con otros países de la región. Eso se ha revertido críticamente. La mora de las familias se ubicó en 10,6 por ciento en enero de 2026, frente al 2,5 por ciento registrado en diciembre de 2024. “Es el nivel más alto desde que existen registros comparables”, según un estudio de la CTA, publico páginapolítica.com.Agrega que la mora alcanza picos históricos y las mismas personas coinciden en señalar como causas la liberación de precios de los servicios básicos, la pérdida del salario frente a la inflación y las tasas usurarias desreguladas.En la base de la pirámide, en un escenario límite, la morosidad crece en los sectores medios y bajos y en los trabajadores estatales.El 71,8 por ciento de los encuestados percibe salarios inferiores a 1,5 millones de pesos mensuales, por debajo de la línea de pobreza; el 96,3 por ciento declaró tener deudas activas y destinar el 60 por ciento de sus ingresos al pago de deudas en el último mes. En el caso de quienes reciben un salario inferior al millón de pesos, el pago de deudas compromete el 72,7 por ciento de su ingreso. “A menor ingreso, mayor compromiso salarial para el pago de la deuda”, advierte el informe de Centro de Investigación Social y Política de Entre Ríos (Cisper), según replicó la mencionada web.&nbsp;

Crece el número de particulares que solicitan la quiebra

Un reciente estudio realizado por investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) volvió a poner en agenda una problemática que afecta a miles de niños y niñas en el país: la malnutrición infantil. El trabajo, basado en el análisis de más de 970.000 registros de menores de cinco años con cobertura pública de salud, detectó la coexistencia de sobrepeso y desnutrición crónica en distintos territorios, un fenómeno conocido como "doble carga de malnutrición".Aunque Entre Ríos no figura entre las provincias con los indicadores más extremos del país, el relevamiento identificó diferencias significativas entre departamentos y confirmó que la provincia forma parte de una región donde persisten desigualdades estructurales asociadas a la pobreza, el acceso a la salud y las condiciones de vida.<h2>Sobrepeso y baja talla: dos caras de una misma problemática</h2>El informe muestra que el sobrepeso infantil presenta una distribución relativamente homogénea en Entre Ríos, con porcentajes que oscilan entre el 11% y el 13% según los departamentos.Sin embargo, la situación cambia cuando se analiza la desnutrición crónica, medida a través del indicador de baja talla para la edad. Allí aparecen mayores contrastes territoriales, con los departamentos de Gualeguay, Victoria, Nogoyá y Tala registrando los niveles más elevados dentro de la provincia.Los investigadores sostienen que la coexistencia de sobrepeso y retraso en el crecimiento no responde a situaciones aisladas, sino a condiciones estructurales que afectan especialmente a los sectores más vulnerables. Según el estudio, factores como la pobreza persistente, el acceso limitado a servicios de salud, las dificultades educativas y determinadas condiciones ambientales tienen una influencia determinante en estos indicadores.El trabajo también destaca que la ubicación geográfica explica una parte importante de las variaciones observadas, lo que refuerza la necesidad de diseñar políticas públicas diferenciadas según las características de cada territorio.<h2>La mirada desde los barrios</h2>Tras la difusión del informe, organizaciones sociales que trabajan cotidianamente en sectores vulnerables manifestaron su preocupación por el deterioro de las condiciones de vida de muchas familias.En diálogo con APFDigital, la referente de Suma de Voluntades, Anabella Albornoz, señaló que en los últimos meses se ha incrementado la demanda de asistencia alimentaria y advirtió que cada vez más personas recurren a los espacios comunitarios en busca de ayuda.“La mayoría de las organizaciones estamos explotadas porque cada vez más gente se acerca en busca de un plato de comida”, expresó.Según relató, durante las recorridas territoriales y las tareas de acompañamiento que desarrolla la organización comenzaron a detectar una mayor presencia de niños y adolescentes que asisten a comedores y espacios comunitarios para garantizar al menos una comida diaria.Actualmente, más de 300 chicos participan de distintas actividades impulsadas por la entidad, donde además de la asistencia alimentaria se observan problemáticas vinculadas al desarrollo infantil.“Hay cierto retraso en lo cognitivo que también se da por la falta de estímulo y de alimentación”, afirmó.<h2>Preocupación por el contexto social</h2>Desde la organización también manifestaron inquietud por otras problemáticas que atraviesan a las infancias y adolescencias en contextos de vulnerabilidad.Entre ellas mencionaron el avance del consumo problemático de sustancias y la creciente incidencia del narcotráfico en algunos barrios populares. Según explicaron, existen situaciones en las que menores de edad son captados para realizar tareas vinculadas a la comercialización de drogas.Al mismo tiempo, alertaron sobre el aumento de casos de niños nacidos con presencia de cocaína en sangre, una realidad que vinculan con el incremento del consumo en determinados sectores sociales.<h2>Dudas sobre los indicadores de obesidad</h2>Respecto de los resultados del estudio, desde Suma de Voluntades señalaron que en los espacios donde desarrollan su trabajo cotidiano predominan situaciones relacionadas con el bajo peso y las dificultades nutricionales más que con la obesidad infantil.“Muchos niños llegan desesperados de hambre a nuestras actividades. Algunos tienen bajo peso y baja estatura para su edad”, indicó Albornoz.La referente también planteó interrogantes sobre la metodología utilizada para construir algunas de las estadísticas difundidas y sostuvo que las organizaciones sociales no fueron consultadas durante el relevamiento.<h2>Un desafío para las políticas públicas</h2>Más allá de las diferencias de percepción respecto de algunos indicadores, tanto el estudio académico como los testimonios recogidos en territorio coinciden en un punto central: la situación nutricional de la infancia está estrechamente vinculada a las condiciones socioeconómicas de las familias.Los investigadores sostienen que el mapeo realizado permite identificar áreas de mayor vulnerabilidad y constituye una herramienta valiosa para orientar políticas públicas más precisas. En Entre Ríos, los datos ponen de manifiesto que la malnutrición infantil no puede analizarse únicamente desde una perspectiva alimentaria, sino también como una expresión de desigualdades sociales que atraviesan distintos aspectos de la vida cotidiana de niños, niñas y adolescentes.

Malnutrición infantil en Entre Ríos: crecen las alertas por baja talla, pobreza y demanda alimentaria

El Gobierno de Entre Ríos reglamentó oficialmente el funcionamiento del Registro Provincial de Iglesias, Confesiones, Comunidades o Entidades Religiosas, una herramienta que busca otorgar mayor seguridad jurídica y reconocimiento institucional a las organizaciones de culto no católicas que desarrollan actividades en la provincia.La medida fue formalizada mediante una resolución de la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas y Registro Público, que establece los procedimientos para la inscripción voluntaria de aquellas entidades que ya cuenten con reconocimiento ante el Registro Nacional de Cultos.La reglamentación pone en marcha el registro creado por el Decreto Nº 2559 y responde a una demanda planteada por distintas comunidades religiosas desde la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación en 2015, que incorporó una nueva categoría jurídica para las entidades religiosas.La presentación oficial estuvo encabezada por el secretario de Justicia de Entre Ríos, Julián Maneiro; el director de Relaciones Institucionales de la Gobernación, Leandro Jacobi; y el director de Inspección de Personas Jurídicas y Registro Público, Rodrigo Luti. También participaron representantes de diversas organizaciones religiosas de la provincia, entre ellas la Asociación de Pastores de Entre Ríos (APER), la Asociación de Iglesias Bautistas de Entre Ríos (Aieber), la Iglesia Adventista y el Consejo Argentino para la Libertad Religiosa (Calir).Durante el acto, desde las entidades participantes destacaron el avance que representa la reglamentación para el reconocimiento institucional de las comunidades religiosas. En ese sentido, el secretario del Calir, Adrián Maldonado, valoró la decisión del Gobierno provincial y sostuvo que la medida permite adecuar la normativa entrerriana a los principios establecidos en el Código Civil y Comercial, fortaleciendo el ejercicio de la libertad religiosa.Uno de los principales alcances de la reglamentación es la posibilidad de acceder a la toma de razón provincial y a la rúbrica oficial de libros institucionales, herramientas que brindan mayor respaldo jurídico y administrativo a las organizaciones religiosas.Además, la normativa habilita a que asociaciones civiles o fundaciones de carácter religioso puedan transformarse formalmente en entidades religiosas reconocidas por la legislación nacional sin necesidad de atravesar procesos de disolución o liquidación, garantizando la continuidad de su patrimonio, sus actividades y su situación registral.Otro aspecto destacado es que la reglamentación establece de manera expresa que el Estado provincial no ejercerá controles sobre cuestiones doctrinarias, litúrgicas ni sobre la organización interna de las comunidades religiosas. La intervención estatal quedará limitada exclusivamente a aspectos registrales y administrativos.La nueva normativa también incorpora herramientas de gestión digital. Los trámites podrán realizarse a través de la plataforma Mi Entre Ríos, con el objetivo de agilizar procedimientos y facilitar el acceso de las entidades religiosas al sistema de registración provincial.Desde las organizaciones religiosas consideraron que la puesta en funcionamiento del registro representa un paso significativo hacia una mayor modernización administrativa y seguridad jurídica, además de consolidar el reconocimiento institucional de la diversidad religiosa presente en Entre Ríos.

Entre Ríos reglamentó el Registro Provincial de Entidades Religiosas y fortalece su reconocimiento jurídico

Durante una extensa jornada realizada en Rosario del Tala, el Congreso Provincial de Agmer resolvió facultar a su Comisión Directiva Central para impulsar las medidas gremiales que considere necesarias con el objetivo de recuperar la pérdida salarial acumulada por efecto de la inflación entre diciembre de 2025 y marzo de este año.La resolución fue adoptada por delegados y delegadas de toda la provincia, quienes analizaron la situación económica que atraviesan los trabajadores de la educación y expresaron su preocupación por el deterioro del poder adquisitivo de los salarios docentes.En ese marco, el máximo órgano deliberativo del gremio consideró prioritario avanzar en acciones destinadas a recomponer los ingresos del sector, ante lo que calificó como una pérdida salarial producida por el desfasaje entre los incrementos percibidos y la evolución de los precios durante los primeros meses del año.Otro de los temas centrales del encuentro fue el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo para modificar el sistema previsional entrerriano. El Congreso ratificó su rechazo a la iniciativa y sostuvo que la propuesta implica un retroceso para trabajadores activos y jubilados.Los congresales también autorizaron a la conducción provincial del sindicato a desarrollar distintas acciones con el propósito de impedir el avance legislativo de la reforma, al considerar que afectaría derechos previsionales conquistados por los trabajadores estatales.Por otra parte, Agmer manifestó su preocupación por la falta de cobertura de cargos de personal suplente en establecimientos educativos. En particular, cuestionó la ausencia de designaciones de ordenanzas y auxiliares de cocina, una situación que, según señalaron, impacta directamente en el funcionamiento diario de las escuelas.Desde el gremio advirtieron que esta problemática repercute especialmente en el servicio alimentario escolar, ya que en algunos casos obliga a reemplazar comidas elaboradas por viandas frías, consideradas insuficientes desde el punto de vista nutricional, especialmente durante la temporada invernal.Ante este escenario, el Congreso resolvió exigir al Gobierno provincial la cobertura inmediata de los cargos vacantes y denunciar públicamente las consecuencias que la falta de personal genera en la calidad de los servicios que reciben los estudiantes.Las resoluciones adoptadas en Rosario del Tala marcan la continuidad de una agenda gremial centrada en la defensa del salario, el sistema previsional y las condiciones de funcionamiento de las escuelas públicas entrerrianas.

Agmer reclamó recomposición salarial y ratificó su rechazo a la reforma previsional

La situación financiera del sistema de salud atraviesa uno de sus momentos más complejos de los últimos años. Así lo afirmó Silvia D’Agostino, titular del Sanatorio de la Entrerriana, quien durante una entrevista con el programa Debate Abierto Radio describió un escenario marcado por el desfinanciamiento de las obras sociales, los atrasos en los pagos y las dificultades para sostener la prestación de servicios.“La seguridad social está como crujiendo”, resumió la empresaria al referirse al contexto que enfrentan clínicas y sanatorios de la provincia. Según explicó, la caída de la actividad económica y la reducción del empleo registrado han impactado directamente en la recaudación de las obras sociales, cuyo financiamiento depende de los aportes de trabajadores y empleadores.Uno de los principales focos de conflicto es la relación con PAMI. D’Agostino denunció que la obra social de los jubilados implementó límites operativos que restringen la emisión de órdenes para estudios ambulatorios una vez alcanzado un cupo mensual determinado. Como consecuencia, muchos afiliados deben esperar hasta el mes siguiente para acceder a determinadas prestaciones.A esta situación se suma, según indicó, un importante retraso en la actualización de los aranceles. La dirigente señaló que los valores que perciben los prestadores acumulan un atraso de aproximadamente dos años y cuestionó la propuesta de incremento del 1,9% para los meses de junio y julio, al considerar que resulta insuficiente frente al aumento de los costos del sector.Respecto de la situación de la obra social provincial, OSER, la empresaria manifestó preocupación por la falta de actualización salarial en la administración pública. Explicó que la ausencia de acuerdos paritarios desde julio del año pasado limita el crecimiento de los ingresos de la entidad, ya que los bonos extraordinarios otorgados por el Estado no generan aportes destinados al sistema de salud.“Eso produce un desfinanciamiento importante”, advirtió, al tiempo que señaló que las clínicas y sanatorios dependen cada vez más de la disponibilidad financiera de la provincia para poder cobrar las prestaciones realizadas.En cuanto a los costos operativos, D’Agostino indicó que algunos insumos y prótesis han mostrado cierta estabilidad gracias al comportamiento del dólar, aunque advirtió que la situación es diferente en el mercado de medicamentos, donde los precios continúan aumentando sin mecanismos efectivos de regulación.La empresaria también alertó sobre un fenómeno que comienza a observarse con mayor frecuencia: pacientes con cobertura médica que optan por atenderse en hospitales públicos para evitar el pago de coseguros. Esta situación, señaló, genera una mayor presión sobre el sistema público de salud y complica aún más la prestación de servicios.Finalmente, consideró que la recuperación del sistema dependerá en gran medida de una mejora de la actividad económica y del empleo formal. “La solución de fondo pasa por generar más trabajo registrado para que vuelvan a crecer los aportes y el sistema recupere sustentabilidad”, concluyó.

Advierten sobre una creciente crisis en el sistema de salud: “Está crujiendo”, aseguró Silvia D’Agostino

La medida quedó establecida mediante la Resolución General Nº 006/26 de la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas y Registro Público, publicada en el Boletín Oficial Nº 28.343.El nuevo registro tendrá carácter voluntario y estará destinado a aquellas iglesias y comunidades religiosas que ya cuenten con reconocimiento nacional. Según se indicó oficialmente, la inscripción no otorgará personalidad jurídica religiosa, sino que permitirá realizar trámites administrativos y contables en el ámbito provincial, como la rúbrica de libros y la registración formal de documentación institucional.La normativa surge luego de las directivas emitidas a nivel nacional durante 2025, que instaron a las provincias a evitar que las organizaciones religiosas deban adoptar figuras jurídicas ajenas a su naturaleza, como asociaciones civiles o fundaciones, para poder funcionar legalmente.De esta manera, Entre Ríos se suma al proceso de adecuación normativa impulsado para reconocer la especificidad institucional de los distintos cultos.El alcance de la medida comprende a iglesias no católicas inscriptas en el Registro Nacional de Cultos, así como también a aquellas entidades religiosas que actualmente funcionan bajo la figura de asociación civil o fundación y decidan transformarse formalmente en entidades religiosas.Para acceder al registro provincial, las organizaciones deberán presentar una solicitud formal con firma certificada, el certificado vigente de inscripción nacional, memoria institucional y documentación interna que detalle denominación, domicilio, finalidad religiosa, autoridades y mecanismos de representación.Además, una vez obtenida la inscripción, las entidades tendrán un plazo de 90 días para informar su situación fiscal y CUIT correspondiente.Uno de los aspectos destacados de la resolución es que limita expresamente el alcance del control estatal sobre las organizaciones religiosas. El texto aclara que el registro no implicará fiscalización permanente ni intervención sobre las creencias, doctrinas o funcionamiento interno de las comunidades de fe.Según la normativa, el rol del organismo provincial quedará restringido a la verificación formal de documentación y aspectos administrativos y contables exigidos por la legislación vigente.La resolución también contempla un mecanismo de transformación para aquellas iglesias que, en años anteriores, debieron constituirse como asociaciones civiles para poder operar legalmente en la provincia.En esos casos, el cambio de figura jurídica podrá realizarse sin necesidad de disolver la entidad existente, garantizando la continuidad institucional, patrimonial y registral.Para concretar esa transformación, las organizaciones deberán presentar documentación específica, incluyendo un balance especial y el detalle de los bienes registrables involucrados.Desde el organismo provincial indicaron que el trámite podrá realizarse tanto de manera presencial en formato papel como a través de la plataforma digital provincial.La nueva reglamentación apunta a simplificar procedimientos administrativos y brindar mayor previsibilidad jurídica a las distintas comunidades religiosas que desarrollan actividades en Entre Ríos.

Entre Ríos reglamentó el registro provincial de iglesias y entidades religiosas

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, recorrió este miércoles la planta de Granalier, perteneciente a La Piara SRL, en Estación Camps, acompañado por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. Durante la visita, entregó el decreto de adhesión de la firma al Régimen de Incentivo de Nuevas Inversiones (RINI), una herramienta provincial destinada a promover el crecimiento productivo y la generación de empleo.La empresa, de capitales entrerrianos y con más de dos décadas de trayectoria en la cadena agroindustrial porcina, proyecta una inversión superior a los 967 millones de pesos. El plan contempla una ampliación de 750 metros cuadrados en la nave industrial de la planta de troceado, además de la incorporación de nuevas cámaras frigoríficas y tecnología de congelado.Según explicaron desde la firma, la inversión permitirá incrementar en un 200% la capacidad productiva y ampliar significativamente el almacenamiento de mercadería, apuntando a fortalecer la presencia de la empresa en el mercado y acompañar el crecimiento de la demanda.Durante la recorrida, Irina Hergert agradeció el acompañamiento institucional y destacó que el nuevo proyecto permitirá sumar el área de congelados a la estructura actual de la planta. Por su parte, Miguel Hergert subrayó que buena parte de las obras y equipamientos fueron contratados con proveedores de Crespo, Paraná y Concepción del Uruguay, lo que genera movimiento económico y trabajo en distintas localidades de la región.En ese marco, Frigerio remarcó la necesidad de acompañar al sector privado para impulsar el desarrollo económico de la provincia. “Cada vez que una empresa decide invertir, crecer y generar empleo genuino en Entre Ríos, el Estado tiene que estar acompañando”, afirmó.El mandatario provincial sostuvo además que el Régimen de Incentivo de Nuevas Inversiones busca brindar previsibilidad y herramientas concretas para fomentar nuevas apuestas productivas en territorio entrerriano.“Queremos que más empresas como Granalier sigan creciendo, incorporando tecnología y generando trabajo de calidad. No hay crecimiento posible sin inversión y sin producción”, expresó.La visita también sirvió para mostrar el trabajo conjunto que vienen impulsando las provincias de la Región Centro. En ese sentido, Frigerio valoró la presencia de Pullaro y señaló la importancia de coordinar políticas que fortalezcan la producción y el empleo.<div class="raw-html-embed"><iframe width="809" height="455" src="https://www.youtube.com/embed/uH-JNAxy2_U" title="Frigerio y Pullaro entregaron el decreto de adhesión al RINI a Granalier" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen=""></iframe></div>Por su parte, el gobernador santafesino destacó las medidas implementadas por Entre Ríos para incentivar inversiones privadas y aseguró que algunas experiencias podrían replicarse en Santa Fe.“En un contexto económico complejo, los gobiernos tenemos que generar herramientas que impulsen la producción y el empleo. Hay ideas que estamos viendo acá que son muy interesantes para toda la Región Centro”, señaló Pullaro.El mandatario santafesino también destacó el esfuerzo realizado por Entre Ríos para ofrecer beneficios impositivos y condiciones favorables a las industrias que deciden invertir y ampliar su capacidad productiva.La recorrida contó además con la participación del secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello; el secretario de Industria, Catriel Tonutti; y el senador provincial por Diamante, José Vergara.Actualmente, Granalier genera alrededor de 110 puestos de trabajo directos y se consolida como una de las empresas con fuerte presencia en la actividad agroindustrial porcina de la región.

Frigerio y Pullaro visitaron Granalier y destacaron la inversión productiva en Estación Camps

Junto al mandatario entrerriano estuvo el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, además del presidente comunal de Las Tunas, Fernando Merke, y el intendente de Libertador San Martín, Darío Heinze.Durante el encuentro, Frigerio destacó el valor simbólico e histórico del acuerdo y definió el vínculo entre ambas comunidades como “una historia de hermanos”, construida sobre valores comunes como el trabajo, la honestidad y el esfuerzo colectivo.El mandatario entrerriano remarcó además la importancia de recuperar los vínculos humanos en la política y sostuvo que la cercanía entre dirigentes y comunidades es fundamental para reconstruir la confianza social.“Tenemos que volver a generar agendas de desarrollo basadas en valores compartidos y en el diálogo”, expresó.Frigerio también puso el foco en el papel estratégico de la Región Centro dentro del país y aseguró que Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba representan una de las zonas de mayor potencial productivo de Argentina.“Esperamos que vuelva el verdadero federalismo y que el país adopte esta cultura del trabajo y del esfuerzo que caracteriza a nuestra región”, afirmó.En otro tramo de su discurso, el gobernador reivindicó el rol de la educación como uno de los pilares de la identidad entrerriana y consideró que este hermanamiento también fortalece ese perfil histórico de la provincia.“Estamos convencidos de que Entre Ríos tiene muchísimo más para dar”, concluyó.<h2>“Representamos al interior productivo”</h2>Por su parte, el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro valoró el acuerdo como un “hecho fundacional” basado en la historia común y en la identidad compartida entre ambas localidades.El mandatario sostuvo que tanto Santa Fe como Entre Ríos representan “la fuerza del trabajo y del interior productivo” y defendió el modelo de integración regional como herramienta para impulsar el desarrollo del país.“La salida de la Argentina está en la regionalización y en la capacidad de trabajar juntos”, señaló.<h2>Un vínculo con raíces históricas</h2>El convenio firmado establece oficialmente que Las Tunas y Libertador San Martín pasan a ser “ciudades hermanas”, habilitando el desarrollo de proyectos conjuntos en áreas como educación, salud, cultura, turismo y preservación del patrimonio histórico y arquitectónico.La relación entre ambas comunidades tiene profundas raíces históricas vinculadas al surgimiento del proyecto educativo adventista en la región. Según se recordó durante el acto, el primer colegio adventista funcionó en Las Tunas mientras se construían las instalaciones definitivas en Entre Ríos, proceso que posteriormente dio origen a la actual Universidad Adventista del Plata.Ese origen común consolidó lazos familiares, culturales y sociales que permanecen vigentes hasta hoy.Además, ambas localidades comparten características vinculadas a la inmigración europea, el desarrollo agropecuario y lechero, así como una fuerte identidad asociada a la educación, la salud y el trabajo comunitario.Del acto participaron también el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello; el vicerrector de la Universidad Adventista del Plata, Carlos Marí; y representantes de la Región Centro de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe, entre otras autoridades.

Libertador San Martín y Las Tunas formalizaron un hermanamiento histórico en el marco de la Región Centro

La actividad contó además con la presencia del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, junto a autoridades provinciales, municipales y directivos de Enersa.Durante el acto, Frigerio remarcó la importancia de la obra para el desarrollo industrial de la ciudad y aseguró que uno de los principales objetivos de la gestión provincial es eliminar los obstáculos que frenan la inversión y la generación de empleo.“Ramírez tiene un parque industrial en expansión y necesitaba contar con la energía suficiente para seguir creciendo”, expresó el mandatario entrerriano. En ese sentido, sostuvo que “no podemos permitir que falten obras básicas que condicionen el desarrollo de nuestras industrias”.El gobernador también destacó los cambios impulsados en materia energética y aseguró que Entre Ríos logró reducir significativamente el costo de la electricidad. “Teníamos la energía más cara del país y muchas obras pendientes. Hoy estamos ejecutando infraestructura y somos una de las provincias con la energía más barata”, afirmó.Frigerio valoró además el vínculo de trabajo conjunto con Santa Fe y señaló que ambas provincias comparten problemáticas y desafíos comunes dentro de la región centro productiva.“Hemos aprendido mucho de la experiencia santafesina y de la gestión de Pullaro. Siempre es positivo mirar lo que hacen bien otras provincias, adaptarlo y trabajar de manera coordinada”, manifestó.Por su parte, Pullaro elogió el ritmo de inversiones que atraviesa Entre Ríos y consideró que la nueva infraestructura energética representa una herramienta clave para potenciar el sector productivo.“Es notable la cantidad de obras que se están llevando adelante. Esta subestación fue pensada para fortalecer la industria y acompañar el crecimiento del parque industrial de Ramírez”, señaló el gobernador santafesino.El acto contó también con la presencia de la intendenta de General Ramírez, Flavia Pamberger; el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello; y el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, entre otras autoridades.<h2>Una obra clave para el crecimiento industrial</h2>La nueva infraestructura energética fue ejecutada por Enersa con una inversión cercana a los 900 millones de pesos.La subestación está ubicada sobre la Ruta Nacional Nº 12, a la altura del kilómetro 385,73, en cercanías del camino vecinal lindante al cementerio municipal.Los trabajos incluyeron la construcción de dos campos de transformadores equipados con máquinas de 5 MVA de potencia cada una, además de cuatro salidas de distribución de 13,2 kilovoltios, una sala de comando, sistemas de comunicación y control, e integración al sistema Scada.Gracias a esta tecnología, la operación podrá ser supervisada y controlada de manera remota desde el Centro de Control de Enersa, ubicado en Paraná.

Frigerio inauguró una nueva subestación eléctrica en Ramírez y destacó la baja del costo de la energía

La concentración está prevista desde las 10 de la mañana en Plaza Mansilla y se desarrollará pocas horas antes de la sesión convocada por el Senado provincial, donde la iniciativa oficial tomará estado parlamentario. Desde el gremio docente manifestaron un fuerte rechazo a la propuesta y advirtieron sobre el impacto que tendría tanto en trabajadores activos como en jubilados.“Para frenar el proyecto contra el pueblo entrerriano, sus trabajadores y jubilados nos movilizamos frente a Casa de Gobierno”, expresaron desde Agmer mediante un comunicado difundido en las últimas horas.Bajo la consigna “No a la reforma previsional”, el sindicato sostuvo además que “la Ley 8732 no se toca”, en referencia al régimen jubilatorio provincial que consideran una conquista histórica de los trabajadores estatales entrerrianos.En ese marco, cuestionaron duramente al gobierno provincial al señalar que la reforma “empobrecerá aún más” a trabajadores y jubilados. También remarcaron que las jubilaciones del sector “no son de privilegio” y reclamaron que el ajuste no recaiga sobre quienes aportaron durante toda su vida laboral.“Que paguen quienes deben pagar, no quienes trabajamos toda nuestra vida para una vejez digna”, sostuvieron desde la conducción gremial.La protesta buscará además interpelar a los legisladores provinciales de cara al tratamiento parlamentario del proyecto. “Exigimos a nuestros senadores que estén a la altura de lo que la ciudadanía les demanda”, señalaron.El Senado provincial tiene previstas dos convocatorias para sesionar: una este miércoles a las 13 horas y otra para el jueves a las 11. En ese contexto, la movilización docente intentará visibilizar el rechazo sindical y social a una iniciativa que ya comenzó a generar tensión en distintos sectores del ámbito estatal entrerriano.Desde Agmer insistieron en la necesidad de “hacerse escuchar” para evitar el avance de una reforma que consideran perjudicial para el sistema previsional provincial y para las futuras condiciones de retiro de los trabajadores públicos.

Agmer se moviliza contra la reforma previsional impulsada por el gobierno provincial

Un informe elaborado por el Observatorio de Tarifas y Subsidios de la UBA-Conicet correspondiente a mayo de 2026 posicionó a Entre Ríos como la provincia con la factura eléctrica residencial más baja de la Región Centro, por debajo de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.De acuerdo al relevamiento, Entre Ríos ocupa el puesto 17 en el ranking nacional de tarifas eléctricas para usuarios sin subsidio y el lugar 14 para usuarios subsidiados, consolidando una mejora relativa en comparación con otras jurisdicciones del país.Desde la Secretaría de Energía provincial destacaron que el resultado refleja una serie de medidas implementadas durante la actual gestión para reducir el impacto del costo energético en los hogares entrerrianos.“Cuando asumimos, Entre Ríos era la provincia con la tarifa eléctrica más cara del país. Tomamos decisiones para aliviar el costo de la boleta sin resignar inversión ni calidad del servicio”, señalaron desde el organismo.<h2>Medidas para reducir el impacto en las facturas</h2>Entre las acciones impulsadas por el Gobierno provincial mencionaron la eliminación de impuestos provinciales incluidos en la boleta eléctrica y la reducción de la tasa de fiscalización del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE), que pasó del 1,8 al 0,8 por ciento.También remarcaron los acuerdos alcanzados con municipios para disminuir tasas y contribuciones locales aplicadas sobre el servicio eléctrico. Según detallaron, la contribución municipal bajó del 8,69 al 6 por ciento y el tope de las tasas municipales se redujo del 16 al 13 por ciento.Otro de los puntos destacados fue el congelamiento del Valor Agregado de Distribución (VAD) durante casi dos años, una medida que, según indicaron, permitió amortiguar el impacto de los aumentos nacionales vinculados al precio de la energía y el transporte eléctrico.Desde el Ejecutivo provincial sostienen que estas decisiones fueron acompañadas por un proceso de ordenamiento y eficiencia dentro de la empresa estatal de energía.<h2>Inversión y modernización del sistema</h2>Desde Enersa señalaron que las políticas de alivio tarifario convivieron con un importante nivel de inversión en infraestructura energética en toda la provincia.Entre las obras y mejoras realizadas mencionaron nuevas estaciones transformadoras, ampliaciones de redes de distribución eléctrica, incorporación de medidores inteligentes, renovación de equipamiento y modernización de sistemas operativos y comerciales.“Mientras antes los recursos se despilfarraban, ahora cada peso se transforma en obras para mejorar el servicio que reciben los entrerrianos”, expresaron desde la empresa provincial.Finalmente, desde el Gobierno destacaron que Entre Ríos logró mejorar su posición en el ranking nacional de tarifas sin frenar inversiones, ampliando la capacidad del sistema eléctrico y fortaleciendo la infraestructura energética provincial en distintos puntos del territorio.

Entre Ríos tiene la tarifa eléctrica residencial más baja de la Región Centro, según un informe de la UBA-Conicet

Según se informó oficialmente, este fenómeno meteorológico incrementa de manera considerable el riesgo en la circulación vial, tanto en rutas como en calles urbanas y caminos rurales, por lo que las autoridades pidieron a la población extremar las medidas de prevención.Desde Defensa Civil señalaron que la baja visibilidad puede dificultar la conducción y aumentar las probabilidades de siniestros viales, especialmente durante las primeras horas del día y en sectores donde la niebla se presenta con mayor densidad.Frente a este escenario, se recomendó evitar salir a la ruta o transitar por calles si no es estrictamente necesario, al menos mientras persistan las condiciones climáticas adversas.Para quienes deban conducir de manera inevitable, las autoridades difundieron una serie de recomendaciones para reducir riesgos. Entre ellas, se destaca la importancia de aumentar la distancia de seguridad entre vehículos y evitar maniobras de sobrepaso bajo cualquier circunstancia, ya que la limitada visibilidad puede impedir detectar obstáculos o vehículos cercanos.Asimismo, se aconseja encender las luces bajas y las luces antiniebla, evitando el uso de luces altas, dado que estas pueden reflejarse en la niebla y provocar encandilamiento al propio conductor, dificultando aún más la visión del camino.Otra de las medidas preventivas fundamentales es reducir la velocidad y adecuarla a las condiciones de visibilidad de la calzada, manteniendo siempre el control del vehículo y evitando frenadas o maniobras bruscas.En situaciones donde la visibilidad sea prácticamente nula, Defensa Civil indicó que lo más seguro es buscar un lugar adecuado para detenerse, como estaciones de servicio o paradores habilitados. También advirtió que no se debe estacionar sobre banquinas ni detenerse en la calzada, ya que esto puede generar un alto riesgo de colisiones.Las autoridades reiteraron el pedido de prudencia y responsabilidad a los conductores y a la comunidad en general, remarcando que la prevención y el cumplimiento de estas recomendaciones resultan claves para resguardar la integridad física de las personas mientras continúe vigente la alerta meteorológica.

Entre Ríos