Presupuesto 2026: la inversión educativa sube, pero se mantiene en mínimos históricos

El Gobierno nacional presentó en el Congreso el proyecto de Presupuesto 2026, que proyecta un aumento real de entre 4,4% y 8% para la función "Educación y Cultura". Sin embargo, un informe de Argentinos por la Educación advierte que la inversión educativa perderá peso en el Producto Interno Bruto (PIB) por tercer año consecutivo, situándose en 0,75%, un nivel históricamente bajo para la última década en Argentina.

Para 2026, el Gobierno nacional prevé destinar 6,8 billones de pesos (a precios de 2025) a la función “Educación y Cultura”, lo que representa un incremento del 23% en términos nominales. Esta cifra implicaría un crecimiento real que oscila entre el 4,4% y el 8% anual, dependiendo de la proyección inflacionaria utilizada (13,8% oficial o 17,8% del Relevamiento de Expectativas del Mercado - REM del BCRA).

A pesar de este incremento de recursos, la participación de la inversión nacional en educación dentro del PIB continuará su tendencia descendente. Tras alcanzar un máximo del 1,59% del PIB en 2015, se redujo a 0,86% en 2024 y las estimaciones para 2025 (0,73%) y 2026 (0,75%) confirman que se mantendrá por debajo del 1% por tercer año consecutivo. El proyecto oficial también propone derogar el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, que desde 2006 establecía una meta del 6% del PIB para el sector.

Estos datos se desprenden del informe “Presupuesto educativo nacional 2026” de Argentinos por la Educación, elaborado por Javier Curcio, María Sol Alzú y Martín Nistal. El estudio analiza el presupuesto de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano y los gastos de otros ministerios en el área. La inversión nacional representa solo el 25% del presupuesto educativo público, y se estima que la inversión provincial también ha caído drásticamente, aunque no hay datos públicos.

Santiago Bulat, economista y consultor, calificó como una “gran noticia” el inicio de una etapa de priorización del gasto tras un ajuste inicial. Sin embargo, enfatizó que “es más importante el cómo que el cuánto”, aludiendo a la funcionalidad y el impacto de los recursos. Bulat subrayó la necesidad de articular el trabajo entre Nación y las provincias, especialmente para abordar los problemas educativos desde edades tempranas.

Javier Curcio, coautor del informe, sugirió que la programación presupuestaria para 2026 podría marcar el inicio de una reversión del ajuste en el sector educativo. Remarcó la “imprescindible” necesidad de recuperar el consenso político y social para una asignación “prioritaria y estable de recursos” con reglas claras, previsibilidad y un acuerdo federal que sostenga el financiamiento adecuado.

Según las proyecciones oficiales, la Secretaría de Educación figura entre las cuatro áreas del Estado con mayor aumento de fondos para 2026. Sus recursos crecerían un 17,9% respecto a 2025, lo que representa un incremento real del 3,6% (según estimación oficial) o 0,1% (según REM).

Osvaldo Giordano, presidente del IERAL de la Fundación Mediterránea, consideró “positivo eliminar el piso de inversión en educación”. Argumentó que la meta del 6% del PIB nunca se cumplió y que distrae de los déficits de gestión. Para Giordano, el desafío reside en transitar de un ajuste rudimentario a un equilibrio fiscal sostenible y de calidad.

Las universidades continúan siendo el principal destino del financiamiento educativo nacional. El programa de “Desarrollo de la Educación Superior” absorbe el 77% del presupuesto de la Secretaría de Educación, aunque con una caída de 2,1 puntos en relación con 2025. Esta porción destinada al sector universitario es históricamente mayor a la usual.

El “Plan Nacional de Alfabetización” se posiciona como el segundo programa en importancia, con el 9,2% del presupuesto de la Secretaría (3,1 puntos más). Para 2026, el 82,1% de sus fondos se destinarán a la ampliación de la jornada extendida, priorizando la extensión del tiempo escolar como un componente clave de la alfabetización.

Jorge Lo Cascio, economista y docente, destacó que, si bien el Plan Nacional de Alfabetización se centrará en la jornada extendida, no atiende la capacitación docente. Criticó la “caída muy fuerte” de la inversión en infraestructura y equipamiento (-63% nominal), que “profundiza las desigualdades educativas y potencia las escasas posibilidades de lograr una alfabetización digital”.

Juan Ignacio Doberti, doctor en Ciencias Económicas e investigador de la UBA, concluyó que el informe “expone la consolidación del desfinanciamiento educativo” observado en 2024 y 2025. Según Doberti, el Estado nacional restringe su rol a un “magro sustento económico” para las universidades, desertando del apoyo a programas de educación básica en infraestructura, equipamiento, formación docente e innovación tecnológica.