Entre Ríos busca recuperar el control de sus tierras fiscales
:format(webp):quality(60)/https://paralelo32cdn.eleco.com.ar/media/2024/11/islas_de_victoria.jpeg)
El gobierno afirma haber regularizado unas 110.000 hectáreas irregularmente ocupadas, principalmente en el Delta. El proceso permitió formalizar permisos de uso y generar recursos. Ahora, la nueva AABIPER deberá determinar con precisión qué tiene el Estado, dónde está, quién lo ocupa y cuánto vale.
Los antecedentes disponibles nos revelan que, durante décadas, una parte considerable de las tierras fiscales de Entre Ríos permaneció sometida a una administración fragmentada, con ocupaciones que no siempre estaban formalizadas y con información patrimonial dispersa entre distintos organismos. En consecuencia, la actual gestión provincial decidió avanzar sobre ese terreno y asegura haber regularizado unas 110.000 hectáreas, aproximadamente el 60 por ciento de las tierras fiscales entrerrianas.
La mayor concentración de esas superficies está en el Delta, particularmente en los departamentos Victoria y Gualeguay.
El mecanismo utilizado fue, principalmente, la formalización de las ocupaciones mediante permisos onerosos de uso del suelo. Las tierras que estaban siendo utilizadas sin un vínculo contractual regular, mediante la determinación del gobernador Frigerio pasaron a generar una relación formal con el Estado y, consecuentemente, ingresos para las arcas provinciales.
El resultado económico puede medirse con una cifra concreta. Entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, la Dirección de Administración de Tierras Fiscales recaudó $507.147.000, que fueron transferidos al Tesoro provincial. El dato surge de documentación presupuestaria oficial y corresponde al Fondo de Colonización previsto por la legislación provincial.
Un problema de vieja dada
La dimensión del problema ayuda a entender por qué la Provincia decidió modificar su estructura administrativa.
La regularización de las 110.000 hectáreas no nació con la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles de Entre Ríos (AABIPER), creada en 2025 y presidida por Eduardo Asueta. El trabajo comenzó en organismos que ya existían, especialmente la Dirección de Administración de Tierras Fiscales. La nueva Agencia, creada posteriormente, absorbió esa estructura junto con la Unidad de Control de Inmuebles que dependía de la Fiscalía de Estado y
En agosto de 2025, la Legislatura sancionó la Ley 11.210, que creó la AABIPER como organismo descentralizado con autarquía económica y financiera. La norma le asignó el carácter de órgano rector y centralizador de las actividades vinculadas con los inmuebles del Estado provincial.
La creación de la Agencia apunta a resolver una cuestión que va bastante más allá de las tierras del Delta: la Provincia no contaba con un inventario patrimonial único y actualizado de todos sus inmuebles.
La nueva ley creó precisamente un Inventario Consolidado de Bienes Inmuebles del Estado Provincial. Deberá contener, entre otros datos, la inscripción dominial y catastral, antecedentes de adquisición, ubicación georreferenciada, situación de uso u ocupación y responsables de su administración o custodia.
Es decir que la tarea consiste, en buena medida, en construir el mapa patrimonial del Estado entrerriano.
El proceso de ordenamiento tuvo además un capítulo judicial.
En julio de 2025, la Provincia recuperó 5.245 hectáreas en las islas Lechiguanas, luego de que la Justicia declarara nulas operaciones de venta realizadas entre 1979 (Gral. Carlos E. Aguirre) y 1997 (Dr. Jorge Busti). Se trataba de tierras fiscales que habían salido del patrimonio provincial durante la última dictadura militar y parte del gobierno democrático, cuya recuperación requirió una extensa disputa judicial.
Ese caso es diferente de la regularización de las ocupaciones actuales, pero muestra que el problema patrimonial provincial no se limita a determinar quién ocupa una tierra fiscal. También existen situaciones en las que el Estado debe reconstruir la historia dominial de un inmueble y defender judicialmente su propiedad.
Una agencia con facultades importantes
Un dato a remarcar es que la AABIPER, que tendrá bajo su órbita los inmuebles provinciales que no posean una afectación específica o cuyo uso resulte ocioso o inconveniente para los intereses del Estado, si bien podrá intervenir en la venta de inmuebles del dominio privado provincial, antes de una operación de esa naturaleza deberá intervenir un Veedor de Gestión y Transparencia, y las ventas deben ser puestas a consideración de la Legislatura. La ley también obliga a destinar ese dinero a inversiones específicas en estructura sanitaria, educativa y administrativa.
Tampoco es que salió la ley y el problema patrimonial está resuelto, queda mucho inventario por hacer, además de determinar la situación jurídica y física de cada inmueble. Regularizar 110.000 hectáreas constituye un avance considerable, pero no significa que el problema patrimonial esté resuelto. Además, si un particular obtiene el uso de una propiedad pública, el Estado debe poder determinar por qué se le concede, durante cuánto tiempo, cuánto paga y bajo qué condiciones. Y esa información debería estar a disposición de cualquier ciudadano.
Es bien conocido en algunos ámbitos -fuera de muchas adjudicaciones formales y correctas o posesiones discutibles porque llevan décadas o un siglo-, los negocios que se vienen haciendo a lo largo del tiempo, al amparo de prebendas, acomodos, usurpaciones y sobornos que, aún siendo evidentes, siempre debemos cuidarnos de catalogarlos como presuntos, aunque sean evidentes. Y en esto el Estado ha sido el único responsable.
