El costo de la salud en Argentina: el 56,6% cambió sus hábitos de atención

Los gastos relacionados con la salud pueden alterar la organización económica de una familia cuando surgen necesidades imprevistas. Una consulta especializada, un tratamiento prolongado o la compra de medicamentos pueden exigir recursos adicionales y obligar a revisar otros compromisos. Ante estas circunstancias, las decisiones no siempre se limitan a reorganizar los ingresos, sino que también pueden implicar utilizar ahorros, modificar la atención médica o recurrir a distintas alternativas de financiamiento.

Esta realidad quedó reflejada en el informe “El derecho a la salud bajo la mirada de los bonaerenses”, elaborado por la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Fundación Participar y la consultora Arqueos. El relevamiento, realizado entre 811 afiliados de IOMA de 53 partidos y localidades bonaerenses, encontró que el 56,6% había modificado algún hábito relacionado con su atención o cuidado sanitario debido al aumento de los costos de medicamentos y prestaciones.

Los efectos sobre la economía familiar también aparecen en los resultados de la investigación. De acuerdo con las respuestas obtenidas, el 30,2% de los afiliados consultados manifestó haberse endeudado por cuestiones de salud. Si bien el estudio no detalla los instrumentos financieros utilizados ni los montos comprometidos, el dato muestra que una parte de los participantes debió asumir obligaciones económicas adicionales para afrontar estas necesidades.

Las modificaciones, sin embargo, no se limitaron a los gastos particulares. El informe abordó los cambios relacionados con las coberturas médicas: el 51,3% de los encuestados afirmó conocer personas que habían dejado de pagar una empresa de medicina prepaga para recurrir a una obra social o al sistema público.

A este panorama se suma otro indicador vinculado con la utilización de los servicios. Según los registros administrativos de IOMA incorporados a la investigación, la demanda de prestaciones médicas y medicamentos aumentó un 10% durante el primer trimestre de 2026. Aunque no es posible atribuir ese incremento exclusivamente a motivos económicos, la cifra permite ampliar la mirada sobre las transformaciones que atraviesa la atención sanitaria.

Detrás de estas decisiones existe una particularidad. Y es que a diferencia de otros consumos, numerosas necesidades médicas no pueden planificarse con anticipación. Una enfermedad, la indicación de estudios complementarios o un tratamiento inesperado pueden surgir cuando los ingresos familiares ya están destinados al alquiler, los servicios, la alimentación y otras obligaciones. En ese contexto, la posibilidad de recibir atención depende tanto de los recursos disponibles como de las prestaciones cubiertas y los tiempos necesarios para acceder a ellas.

Cuando los gastos obligan a modificar la atención médica

Las dificultades para afrontar prestaciones sanitarias no solo afectan el presupuesto familiar, sino también las decisiones relacionadas con el cuidado personal. Postergar consultas, suspender controles o dejar de adquirir medicamentos puede retrasar diagnósticos, interrumpir tratamientos y complicar el seguimiento de enfermedades que requieren supervisión periódica.

Esta problemática se puede observar en los resultados del estudio realizado entre afiliados de IOMA: el 24,1% señaló que había postergado consultas médicas, mientras que el 18,1% manifestó haber dejado de comprar algún medicamento. Ambas cifras muestran que las restricciones económicas pueden traducirse en cambios concretos en el acceso a los servicios.

A este panorama se suman las demoras y las limitaciones en la disponibilidad de prestaciones. El Monitor Servicios de Salud 2026 de Ipsos identificó que, en Argentina, la percepción sobre el sistema combina una valoración positiva de la calidad asistencial con preocupaciones por los tiempos de espera, los costos y las posibilidades de acceder a determinados tratamientos.

En la edición argentina de 2025, por ejemplo, el 82% de los consultados consideraba que muchas personas no podían permitirse una buena atención médica. Asimismo, el 44% calificaba la calidad del servicio como buena, frente al 58% registrado en 2018.

Para quienes necesitan controles frecuentes, las barreras pueden incluir autorizaciones pendientes, dificultades para conseguir turnos o traslados hacia centros asistenciales. Estos trámites requieren tiempo y, en ocasiones, obligan a reorganizar jornadas laborales y responsabilidades familiares, incluso cuando las prestaciones están cubiertas.

Por su parte, el acceso a los medicamentos plantea desafíos relacionados con la cobertura y los derechos de los pacientes. En esa línea, la Defensoría del Pueblo de la Nación presentó su IX Informe sobre Medicamentos y Derechos Humanos, en el que abordó cuestiones regulatorias y decisiones judiciales vinculadas con la disponibilidad de tratamientos farmacológicos.

Entre los antecedentes analizados figura un fallo de la Corte Suprema sobre la cobertura de un medicamento de alto costo para una persona con enfermedad de Fabry. El caso pone de relieve la importancia de conocer las prestaciones que deben garantizar los agentes del sistema sanitario, especialmente cuando se trata de terapias que representan un desembolso considerable para los pacientes.

No obstante, existen circunstancias en las que determinados servicios, estudios o medicamentos requieren pagos particulares. Cuando estos importes no pueden cubrirse con los ingresos habituales, las familias deben evaluar cómo afrontar la obligación sin desatender otros compromisos económicos.

“Ante un gasto médico imprevisto, es importante conocer primero las opciones de cobertura y evaluar los recursos disponibles. Si resulta necesario recurrir a un préstamo, conviene analizar el costo total y las condiciones de devolución para evitar que una necesidad inmediata genere dificultades económicas posteriores”, señaló Ignacio Martín Trujillano, Chief Operating Officer de Mins.

En este contexto, las alternativas de financiamiento personal aparecen entre las opciones para afrontar desembolsos que no pueden postergarse. Su utilización, a su vez, implica asumir obligaciones que se extienden más allá de la necesidad médica inmediata.

El financiamiento y su impacto en los hogares

El informe “Hablemos de deudas: desigualdades, informalidad y género”, publicado por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, reveló que el 56,6% de los hogares solicitó préstamos en los últimos 12 meses. La investigación reunió 1.408 respuestas de 97 partidos bonaerenses y encontró que, entre quienes recurrieron al crédito, el 28,5% lo hizo para afrontar gastos relacionados con la salud.

Asimismo, el estudio muestra que el endeudamiento no responde únicamente a circunstancias extraordinarias. El 56,9% de los hogares que solicitó dinero lo utilizó para comprar alimentos; el 30%, para afrontar gastos de vivienda; y el 29,5%, para pagar servicios básicos. Estos resultados reflejan que una parte de los compromisos financieros está vinculada con necesidades cotidianas.

Las consecuencias se vuelven más complejas cuando las obligaciones se prolongan. En concreto, el 73,5% de los hogares que había solicitado préstamos todavía no había terminado de pagarlos. Además, cuatro de cada diez familias endeudadas destinaban más de la mitad de sus ingresos mensuales a cumplir con esos compromisos. Para el 84,1% de los encuestados afectados por esta carga económica, las dificultades se extendían desde hacía más de seis meses.

Cabe destacar que el impacto alcanza otros aspectos de la vida cotidiana. La Defensoría encontró que el 75% de los hogares endeudados reportó consecuencias negativas, entre ellas estrés, angustia y problemas relacionados con el bienestar emocional. La investigación recoge testimonios de familias que modificaron su alimentación, extendieron sus jornadas laborales o suspendieron tratamientos médicos para disponer de dinero destinado al pago de deudas.

“El riesgo aparece cuando las cuotas dejan de ser una obligación puntual y pasan a ocupar una parte fija del presupuesto durante varios meses. En esas circunstancias, cualquier nuevo gasto imprevisto puede obligar a reorganizar nuevamente las finanzas del hogar”, explicó Trujillano.

Por otra parte, se identificó que el 51,9% de los hogares recurrió a fuentes de crédito no bancarias o informales, de manera exclusiva o combinada. Aunque ambas modalidades aparecen agrupadas, presentan diferencias importantes, ya que existen entidades no bancarias reguladas y prestamistas informales cuyas condiciones pueden resultar menos transparentes.

El crecimiento del crédito digital forma parte de este panorama. Según un informe del Banco Central de la República Argentina, los proveedores no financieros alcanzaron 12,1 millones de personas financiadas en febrero de 2026. Dentro de ese segmento, las empresas fintech superaron los siete millones de clientes. Estas cifras corresponden al mercado crediticio general y no exclusivamente a operaciones vinculadas con tratamientos médicos.

Ante la expansión de estas modalidades, el Banco Central recomienda comparar las condiciones de contratación, especialmente el costo financiero total (CFT), que incluye intereses y otros cargos asociados. Este indicador permite conocer el costo efectivo de una operación y evaluar distintas propuestas más allá del importe mensual de las cuotas.

En definitiva, el aumento de los gastos vinculados con la salud plantea un desafío que va más allá del acceso a consultas, medicamentos y tratamientos. Para los hogares que necesitan recurrir al crédito, también supone afrontar compromisos económicos que pueden extenderse durante meses y condicionar otros aspectos de su vida cotidiana.