Política
Victoria: Oposición y Ejecutivo cruzan posturas sobre ajustar haberes políticos — ¿Congelamiento o reducción?
En el marco de un complejo escenario económico que atraviesa el país, la ciudad de Victoria no escapa a las tensiones entre austeridad, compromiso político y gestualidades institucionales. En los últimos días se hizo visible una suerte de “mutua invitación” entre el Concejo Deliberante y el Departamento Ejecutivo Municipal: desde sus respectivos espacios, oficialismo y oposición se convocan a llevar adelante medidas de ajuste en los haberes de sus representantes. Pero, como en todo juego político, el diablo está en los detalles.
¿Reducción o congelamiento?
Las iniciativas que se contraponen —aunque también se espejan— giran en torno a dos conceptos clave: reducción y congelamiento. Dos términos que, si bien pueden sonar similares a simple vista, tienen implicancias muy distintas en la práctica.
Mientras la oposición, a través de un Proyecto de Ordenanza que se tratará este jueves 3 de julio, propone una reducción efectiva de las dietas que perciben los concejales, el Ejecutivo local encabezado por la intendenta Isa Castagnino, emitió un Decreto Municipal (N° 422) con el que congela los haberes de los funcionarios del gobierno municipal.
La diferencia semántica no es menor: un congelamiento implica detener aumentos por un tiempo determinado, con posibilidad de retomar el nivel salarial una vez superada la coyuntura. En cambio, una reducción es una quita directa y sostenida, sin fecha de caducidad a la vista.
Las invitaciones cruzadas
En este contexto, ambos sectores llaman al otro a replicar su propia decisión:
Concejales opositores: “Invitamos al Poder Ejecutivo a acompañar esta medida de reducción de haberes, en consonancia con los compromisos asumidos durante la campaña...”
Ejecutivo municipal: “Invito al Concejo Deliberante a hacer lo mismo... congelamiento de sueldos...”
Así, en una suerte de partida retórica, cada parte invita al otro a sostener con hechos los discursos de campaña de 2023. Lo que se presenta como un gesto de colaboración política, también puede leerse como un movimiento estratégico: ubicar al otro ante la necesidad de definirse frente a la ciudadanía.
Cronología de una disputa en cuotas
La propuesta opositora no es nueva. El proyecto de reducción de sueldos fue originalmente presentado por los ediles Gerardo Bruselario, Alejandro Rees, Javier Sobrero, Bettina Zabala y Luciana Zorzábal el 19 de febrero de este año, durante sesiones extraordinarias. En aquel momento fue archivado, bajo el argumento de que la jefa comunal iba a impulsar una iniciativa propia en torno al tema.
Lo cierto es que esa iniciativa llegó, pero bajo el formato de congelamiento, formalizada por el Decreto N° 422, fechado el 27 de junio y en vigencia desde el 1° de julio.
La medida del Ejecutivo se apoya en el deterioro de las finanzas municipales, motivado —según se informó desde el área de prensa oficial— por la fuerte caída de la coparticipación: un 45% menos de transferencias nacionales y un 43% menos de ingresos provinciales respecto al mes anterior.
Frente a este panorama, el decreto establece:
Suspensión de toda actualización salarial para funcionarios del Ejecutivo.
Revisión de contratos vigentes.
Relevamiento de adicionales percibidos por personal municipal.
Aseguramiento del funcionamiento de servicios esenciales y de los derechos de los trabajadores.
Pero además, el texto invita al Concejo Deliberante a adherirse a la medida.
¿Qué propone la oposición?
El nuevo impulso opositor busca derogar la Ordenanza N° 1.078 de 1992, que otorga a los concejales un adicional del 50% en concepto de Gastos de Representación. Según argumentan los autores del proyecto, esta asignación no tiene fundamento en la Ley Orgánica de Municipios (N° 10.027), ni es aplicada en ciudades como Paraná, Colón, Gualeguaychú o Nogoyá.
La intención es clara: eliminar ese plus y reducir así la dieta de los ediles. El proyecto ya fue ingresado a Asuntos Tratados y será debatido este jueves 3 de julio en sesión ordinaria.
Una discusión que va más allá de los números
Lo que subyace en este cruce de decretos y proyectos no es sólo una cuestión de pesos y porcentajes, sino también una puja simbólica sobre quién asume el costo político de los recortes. En tiempos donde la sociedad exige transparencia, austeridad y coherencia entre el decir y el hacer, cada paso en falso puede tener consecuencias en la percepción pública.
Ambas medidas —reducción y congelamiento— se presentan como herramientas de saneamiento fiscal. Pero la oposición busca subrayar que la reducción es estructural, mientras que el congelamiento podría considerarse solo una pausa temporal.
