En una estación de servicios un crespense simuló estar secuestrado y desató un amplio operativo policial

Una insólita y grave situación se registró en la tarde del domingo en una estación de servicios ubicada sobre la Ruta Provincial 11, en jurisdicción de la Comisaría de Colonia Ensayo. El conductor de una camioneta Toyota Hilux afirmó ante la empleada del lugar que se encontraba secuestrado y le pidió que no mirara hacia el vehículo, generando inmediata alarma y un despliegue policial de gran escala.

Según informaron fuentes de la Policía de Entre Ríos, el hombre había cargado combustible y, al momento de abonar, dijo estar privado de su libertad. Tras retirarse, la trabajadora activó el alerta y notificó a las autoridades, que rápidamente emitieron la orden de interceptación del rodado a todas las dependencias de la zona.

Amplio operativo y despliegue de recursos

De manera simultánea, el Ministerio Público Fiscal impartió instrucciones a la División de Investigaciones e Inteligencia Criminal para relevar los circuitos de cámaras y obtener datos precisos sobre la camioneta y sus ocupantes.

En paralelo, se montaron retenes policiales en distintos puntos de la ruta y caminos cercanos, con el objetivo de dar con el vehículo.

Finalmente, la pick-up fue localizada en una propiedad rural del sector ribereño conocido como Paraje La Virgen. Allí, el personal policial entrevistó al propietario del vehículo, quien admitió que la supuesta situación de secuestro era completamente falsa y que se trataba de “una broma”.

Consecuencias legales por la falsa denuncia

Ante la gravedad del episodio, la Fiscalía de Diamante ordenó el traslado del hombre, de 36 años y domiciliado en Crespo, hacia la Jefatura Departamental. Allí fue notificado del inicio de un proceso penal por el delito de Falsa Denuncia, además de cumplimentarse las diligencias prontuariales correspondientes. El acusado quedó sujeto al proceso judicial, aunque continuará en libertad.

Llamado de atención de la Policía

La Policía de Entre Ríos emitió un recordatorio dirigido a la población, subrayando que este tipo de acciones constituye un delito y genera un uso injustificado de recursos humanos y materiales destinados a atender emergencias reales.