Troncoso defendió la reforma laboral y espera debatirla antes del receso de verano
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El ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos explicó los cambios que impulsa el Ejecutivo en el Código Procesal Laboral. La iniciativa apunta a modificar las pericias médicas, los honorarios profesionales y las condiciones para apelar sentencias.
El ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, Manuel Troncoso, defendió la reforma del Código Procesal Laboral que impulsa el Ejecutivo provincial y anticipó que buscarán debatirla en la Legislatura antes del receso de verano.
En diálogo con el programa Amanece que no es poco, de Radio Plaza, el funcionario sostuvo que la iniciativa busca reducir la litigiosidad, mejorar la previsibilidad del sistema judicial y evitar que los costos de los procesos afecten la generación de empleo.
Según explicó, el proyecto es resultado de un trabajo previo a su presentación formal y propone cambios en la forma de realizar las pericias médicas, determinar incapacidades y establecer los honorarios de los profesionales que intervienen en los juicios laborales.
Pericias médicas y honorarios
Uno de los principales puntos de la reforma es la creación de un cuerpo de peritos médicos especializados dentro del Poder Judicial. Sus integrantes tendrían una remuneración fija, desvinculada del porcentaje de incapacidad que determinen en cada caso.
Para las situaciones excepcionales en las que deban intervenir profesionales externos, el proyecto establece un límite de ocho JUS para sus honorarios, que el ministro estimó en alrededor de 800.000 pesos.
La iniciativa también propone que las pericias se ajusten al baremo de incapacidades previsto en la Ley Nacional de Riesgos del Trabajo. Troncoso señaló que la aplicación de criterios uniformes permitiría reducir las diferencias en las evaluaciones y aportar mayor previsibilidad a los procesos.
En ese sentido, afirmó que la unificación de parámetros “genera previsibilidad y genera seguridad jurídica”.
Cambios en las condiciones para apelar
Otro aspecto central de la propuesta es la revisión de los requisitos económicos que deben cumplir los empleadores para apelar determinadas sentencias laborales.
Actualmente, según explicó el ministro, esas condiciones pueden exigir el depósito del monto de la condena más un 30% de intereses o la presentación de bienes para su embargo.
El Gobierno busca modificar ese esquema, con el argumento de que puede representar una dificultad para las pequeñas y medianas empresas que no cuentan con la misma disponibilidad de recursos que las compañías de mayor tamaño.
“Hay una discriminación subjetiva entre un empresario que tiene mucho capital en su espalda y una pyme que por ahí le cueste un poco más, que tiene menos empleados, que vive día a día”, sostuvo Troncoso.
La reforma, de acuerdo con el planteo oficial, apunta a proteger la liquidez de las pymes y facilitar que puedan recurrir una sentencia. El alcance de esos cambios y las garantías para el cobro de los créditos laborales formarán parte de la discusión legislativa.
Los números que plantea el Gobierno
Troncoso fundamentó la necesidad de avanzar con la reforma en estadísticas de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART).
Según los datos citados por el funcionario, Entre Ríos registró en 2024 un incremento del 12% en los juicios laborales, frente al 7% a nivel nacional. En 2023, el aumento provincial había alcanzado el 39%, mientras que el promedio del país fue del 26%.
El ministro también señaló que, pese a una disminución de la siniestralidad, la judicialidad llegó a 69,19 casos cada 10.000 trabajadores.
A partir de ese diagnóstico, el Ejecutivo sostiene que es necesario revisar el funcionamiento del sistema para reducir los litigios y resguardar las fuentes de trabajo.
“Estamos cuidando de alguna manera al que produce y genera trabajo”, expresó Troncoso, quien vinculó la reforma con el objetivo de sostener la generación de empleo genuino en la provincia.
El debate en la Legislatura
El ministro afirmó que el oficialismo buscará avanzar con el tratamiento parlamentario durante el actual período legislativo, aunque reconoció que los tiempos dependerán de la Legislatura.
“Tenemos la decisión política de hacerlo ahora”, aseguró.
Troncoso manifestó que el Gobierno está dispuesto a discutir la iniciativa y escuchar a los distintos sectores. También planteó que el debate podría incorporar otros aspectos y derivar en una reforma más amplia.
“No le tenemos miedo a la discusión, no le tenemos miedo al debate, no le tenemos miedo a partir de disensos para generar consensos”, sostuvo.
El proyecto deberá atravesar ahora el análisis legislativo, donde se podrán discutir sus alcances y las modificaciones propuestas al procedimiento laboral en Entre Ríos. La iniciativa plantea cambios en las pericias, los honorarios y las condiciones para apelar sentencias, en un debate que involucra tanto la previsibilidad para los empleadores como las garantías de los trabajadores.
