Transformación digital del Estado: el PJ propone límites a las contrataciones directas y más controles

El proyecto de Ley de Transformación e Innovación Digital del Estado entrerriano continúa en análisis en la Cámara de Senadores. En ese marco, el bloque justicialista presentó una propuesta de modificaciones para incorporar límites a las contrataciones directas, fortalecer los controles y garantizar la transparencia en el uso de los fondos públicos destinados a servicios tecnológicos.

La iniciativa del Poder Ejecutivo cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y establece un marco regulatorio para la modernización tecnológica de los tres poderes del Estado provincial, los organismos autárquicos y las empresas públicas.

Durante una reunión de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, realizada el miércoles 28 de octubre, funcionarios y especialistas expusieron sus puntos de vista sobre el proyecto. En ese ámbito, el senador Martín Oliva, presidente de la comisión y representante de Uruguay por Más para Entre Ríos, sostuvo que la modernización estatal debe avanzar con reglas claras y mecanismos de control efectivos.

“La modernización es necesaria, pero tiene que hacerse con reglas claras y controles efectivos”, afirmó.

Contrataciones tecnológicas: los cambios propuestos

Uno de los principales ejes del planteo justicialista es establecer condiciones específicas para habilitar la contratación directa de software, licencias, suscripciones y otros servicios tecnológicos.

Entre las modificaciones propuestas se encuentran:

• Informes técnicos fundamentados: exigir justificaciones que expliquen la necesidad de cada contratación.
• Comparación de alternativas: evaluar las opciones disponibles antes de seleccionar un proveedor.
• Evaluación de costos: considerar el costo total de cada operación, junto con límites presupuestarios y un plazo máximo de contratación de 36 meses.
• Prohibición del fraccionamiento: impedir que los contratos se dividan para eludir los límites establecidos.
• Condiciones de salida y portabilidad de datos: incorporar garantías para que el Estado pueda cambiar de proveedor sin quedar condicionado a una única empresa.

Oliva señaló que la discusión no pasa por cuestionar la necesidad de modernizar la administración pública, sino por definir las condiciones en las que se incorporarán las nuevas herramientas.

“No estamos discutiendo si el Estado debe modernizarse, sino bajo qué reglas lo hace. La innovación no puede convertirse en una puerta de entrada para contratar sin límites ni controles suficientes”, expresó.

Límites a los pagos anticipados y rendición de gastos

La propuesta del bloque también contempla restricciones a los pagos anticipados por servicios tecnológicos. En ese sentido, plantea que no puedan superar el equivalente a doce meses de prestación.

Además, impulsa obligaciones de rendición mensual para las tarjetas corporativas y las billeteras digitales utilizadas en estas operaciones, con intervención de la Contaduría General de la Provincia y comunicación al Tribunal de Cuentas.

Otro de los puntos centrales es la publicación periódica de información detallada sobre las contrataciones estatales. El objetivo es que se conozcan los proveedores seleccionados, los montos, los plazos, los fundamentos de cada operación y los funcionarios responsables.

“Si se trata de recursos de todos los entrerrianos, necesitamos saber por qué se elige a un proveedor, cuánto se paga y qué garantías tiene el Estado”, remarcó el senador.

Convenios privados e inteligencia artificial

Las modificaciones propuestas también alcanzan a las alianzas estratégicas con entidades privadas y académicas. El bloque plantea que estos acuerdos cuenten con instrumentos jurídicos, criterios objetivos de selección, mecanismos de control y rendición de cuentas.

Según el planteo, estas exigencias buscan evitar que los convenios se utilicen para eludir las normas que regulan las contrataciones públicas.

En cuanto a las plataformas digitales y las herramientas de inteligencia artificial, la propuesta apunta a que contribuyan a mejorar los procedimientos de compra, sin modificar las reglas de selección establecidas por la legislación vigente ni reemplazar la evaluación administrativa de las ofertas.

“Modernizar también significa fortalecer los controles, dar publicidad a las decisiones y asegurar que cada peso se gaste con fundamento. Queremos un Estado más ágil y eficiente, pero también más transparente y responsable frente a la ciudadanía”, concluyó Oliva.

El debate continúa en el Senado

Durante la reunión de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología también expusieron sus consideraciones el secretario Legal y Técnico de la provincia, Esteban Vitor; el exsecretario de Articulación Educativa, Jorge Kerz; y el director general de Modernización Administrativa, Alejandro Mildenberger.

Vitor manifestó la intención del Ejecutivo de avanzar hacia una administración pública más ágil y cercana a la ciudadanía, y señaló que la transformación requiere un proceso progresivo y adecuaciones normativas, entre ellas las vinculadas con las contrataciones.

Kerz planteó observaciones sobre la protección y privacidad de los datos contemplada en el artículo 43 del proyecto y sobre el desarrollo de la inteligencia artificial. También destacó la necesidad de alcanzar consensos que trasciendan las distintas gestiones de gobierno.

Por su parte, Mildenberger hizo hincapié en la complejidad de implementar estos cambios y en la necesidad de contar con un marco regulatorio flexible, que permita actualizar los procedimientos con agilidad.

Al cierre del encuentro, Oliva destacó los aportes recibidos y señaló que serán considerados en el análisis del articulado. El objetivo, indicó, es avanzar hacia un texto que reúna los consensos necesarios para establecer las condiciones de la transformación digital del Estado entrerriano.

Las modificaciones presentadas por el bloque justicialista forman parte del debate legislativo y deberán ser analizadas durante el tratamiento del proyecto.