Después de la tragedia de “Costa Rica”
Trabajar como se puede: la informalidad que nadie quiere ver
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El incendio que costó dos vidas en una rotisería no habilitada revela algo más profundo que una falla técnica: cientos de emprendimientos nacidos de la necesidad funcionan así, atrapados entre controles que no llegan y requisitos difíciles de cumplir.
Victoria. — Una investigación judicial y policial avanza tras un incendio mortal que en las vísperas de Nochebuena dejó como saldo dos mujeres fallecidas en el interior del local gastronómico “Costa Rica”, un comercio de comidas rápidas ubicado en la intersección de Matheu y Camoirano, en esta ciudad.
Según fuentes oficiales cercanas a la investigación, consultadas por Paralelo32 a pedido de la Fiscalía que interviene en la causa y que prefirió no ser identificada, el fuego se habría iniciado alrededor de las 22.30 y se propagó con rapidez en el sector donde se realizaban las tareas de cocina, lo que impidió la evacuación de quienes se encontraban en el fondo del establecimiento.
Las víctimas, Nataly García (20) y Agustina Cabrera (39), fueron halladas sin vida tras el trabajo de Bomberos Voluntarios de Victoria y personal de Policía Científica, que actuaron en el lugar tras la llamada de emergencia.
El origen del incendio es materia de pericias —incluidas las de Bomberos Zapadores y de especialistas en incendios— y por ahora se mantienen distintas hipótesis. Aunque no se descarta que el fuego pueda haber tenido su origen en una falla o manipulación defectuosa de instalaciones o garrafas en la cocina, no se confirmó oficialmente el mecanismo exacto de inicio del siniestro, ni existen resultados finalizados de las autopsias ni de las pericias técnicas.
Además de las dos mujeres que no lograron salir del lugar, había otra trabajadora y un repartidor a domicilio, quienes pudieron escapar y colaborar con la reconstrucción preliminar de lo ocurrido, pudo saber este medio.
El local no contaba con habilitación formal como establecimiento gastronómico, indicaron a esta redacción fuentes vinculadas a la investigación. Esa ausencia de habilitación; que incluye requerimientos de seguridad, higiene y medidas contra incendios y posteriores controles de cumplimiento; aparece ahora como un punto central en el análisis de las responsabilidades.
Vecinos y allegados señalaron que el emprendimiento había nacido de un carrito de comidas que tiempo atrás el mismo grupo familiar utilizaba para comercializar sus productos en la vía pública, modalidad que luego trasladaron al local en cuestión, donde funcionaba principalmente con pedidos para retiro y delivery. Aunque ese carrito aún estaba en el lugar, no tuvo participación alguna en el siniestro, aseguran las mismas fuentes.
El trabajo de Bomberos evitó que las llamas se extendieran a las viviendas aledañas, aunque la estructura interna del comercio quedó seriamente comprometida por el fuego.
Hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía continúa con las diligencias de rigor, entre ellas la recolección de testimonios y la evaluación de pruebas técnicas que permitirán determinar con mayor precisión qué causó la tragedia. La comunidad de Victoria, conmocionada por el suceso, aguarda los resultados oficiales de una causa que promete arrojar más datos en los próximos días.
Otro análisis posible
El incendio ocurrido en la rotisería Costa Rica vuelve a poner en primer plano una realidad extendida y, muchas veces, silenciada: la economía doméstica como última trinchera frente a la falta de alternativas laborales. Cocinas familiares que se transforman en espacios de producción, casas que mutan en pequeños locales de comida, emprendimientos que nacen más por necesidad que por vocación empresarial.
No se trata de un caso aislado. En Victoria —como en tantas otras ciudades— existen múltiples experiencias similares: algunas mejor organizadas, otras más precarias; algunas con ciertos cuidados bromatológicos, otras sin el respaldo técnico ni estructural que exigen las normas. Todas, sin embargo, comparten un mismo denominador común: la urgencia de generar ingresos.
El Estado aparece allí con una doble responsabilidad. Por un lado, controlar y exigir condiciones de seguridad e higiene que eviten riesgos graves para quienes trabajan y para quienes consumen. Por otro, revisar los propios mecanismos de habilitación, muchas veces atravesados por trámites complejos, costos, tasas e inscripciones que terminan funcionando como barreras de acceso para quienes apenas logran sostener el día a día.
Cuando la formalidad se vuelve inaccesible, la informalidad no es una elección ideológica, sino una salida forzada. Y en ese margen estrecho, donde conviven la necesidad, el esfuerzo y la precariedad, es donde se producen los mayores riesgos. La tragedia no nace únicamente del incumplimiento de una norma, sino de un entramado más profundo que combina exclusión laboral, burocracia, ausencia de acompañamiento, y consumidores que también hacen la vista gorda en su búsqueda de precios más accesibles para satisfacer su día a día.

