Rosario Romero denunció amenazas tras dichos en un programa de streaming de Paraná
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El secretario Legal y Administrativo del municipio, Pablo Testa, presentó una denuncia penal contra los responsables del programa El Fortín, luego de que uno de sus conductores expresara: “¿Qué quiere, que le prendan fuego la casa esta mina?”. El PJ entrerriano y el Frente Entrerriano Federal también repudiaron las expresiones y manifestaron su solidaridad con la intendenta.
La Municipalidad de Paraná presentó una denuncia penal por amenazas, instigación a cometer delitos, intimidación pública e incitación a la violencia colectiva, a raíz de expresiones realizadas durante una emisión del programa de streaming El Fortín. La presentación fue realizada este jueves 19 de noviembre por el secretario Legal y Administrativo del municipio, Pablo Testa, y también solicita que el caso sea analizado desde una perspectiva de violencia política por razones de género.
Los dichos cuestionados fueron expresados durante la emisión del 17 de noviembre, conducida por el concejal paranaense Maximiliano Rodríguez Paulín y el fotógrafo Juan Manuel Hernández. En el programa participó como entrevistado el secretario de Transporte de Entre Ríos, Aníbal Steren. Según informó Análisis, el fragmento también fue difundido en las redes sociales del espacio.
De acuerdo con el escrito presentado ante el Ministerio Público Fiscal, durante la conversación Hernández expresó, en referencia a la intendenta Rosario Romero: "¿Qué quiere, que le prendan fuego la casa esta mina?".
La denuncia sostiene que la frase excede los límites de una crítica política o una discrepancia con la gestión municipal, porque plantea la posibilidad de un ataque incendiario contra la vivienda particular de la presidenta municipal.
El documento también cuestiona que el fragmento haya sido editado y difundido posteriormente en las redes del programa, con énfasis en la expresión referida a la vivienda de Romero.
La presentación ante la Justicia
En el escrito, el municipio argumenta que la referencia a la intendenta fue directa y que se mencionó concretamente un posible acto de violencia contra su domicilio particular.
A su vez, aclara que la denuncia no busca limitar la libertad de expresión ni impedir las críticas a los funcionarios públicos. La presentación establece una diferencia entre cuestionar decisiones de gobierno y promover públicamente acciones violentas.
"La libertad de expresión no otorga inmunidad frente a la incitación pública a cometer delitos, ni a la vil intimidación", sostiene uno de los pasajes del documento.
La Municipalidad también relacionó los dichos con episodios recientes de vandalismo registrados en Paraná, entre ellos la quema de contenedores. Según la presentación, esos hechos constituyen un contexto que debe ser considerado al evaluar la gravedad de las expresiones.
Por otra parte, solicitó que la situación sea examinada bajo las leyes nacionales 26.485 y 27.533, vinculadas con la prevención y sanción de la violencia contra las mujeres y la violencia política por razones de género. El municipio considera que corresponde investigar si los dichos tuvieron un componente de violencia dirigido contra Romero por su condición de mujer en el ejercicio de un cargo público.
La denuncia quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal, que deberá avanzar con las medidas de investigación correspondientes.
El PJ entrerriano repudió las expresiones
El Consejo Provincial del Partido Justicialista de Entre Ríos difundió un comunicado en el que expresó su "más enérgico repudio" a las manifestaciones y se sumó al pronunciamiento de la Liga de Intendentes Justicialistas.
La fuerza política consideró que sugerir un ataque incendiario contra la vivienda de una autoridad democrática excede los límites de la crítica política y no puede justificarse bajo el argumento de la libertad de expresión.
También cuestionó la responsabilidad institucional de quienes ocupan cargos electivos y participan de espacios de comunicación pública. En ese sentido, sostuvo que quienes representan a la ciudadanía tienen el deber de respetar las instituciones y a sus autoridades.
El PJ manifestó su respaldo a la denuncia penal presentada por el municipio y acompañó el pedido de que el caso sea analizado con perspectiva de violencia política por razones de género. Además, expresó su solidaridad con Romero y su familia.
En el comunicado, el partido también planteó su preocupación por el clima de confrontación política y reclamó que las diferencias se expresen mediante propuestas y argumentos, dentro de los márgenes del respeto y la ley.
También se pronunció el Frente Entrerriano Federal
El Frente Entrerriano Federal difundió otro comunicado en el que manifestó su repudio a las expresiones realizadas durante el programa El Fortín y expresó su solidaridad con la intendenta de Paraná.
La agrupación señaló que la participación de un concejal en la conducción del espacio refuerza la responsabilidad que deben asumir quienes ejercen funciones públicas y participan de ámbitos de comunicación.
Consideró que las manifestaciones cuestionadas son incompatibles con los valores de respeto y convivencia de una sociedad democrática y reclamó que la Justicia investigue lo ocurrido para determinar las responsabilidades correspondientes.
"Las diferencias políticas, por profundas que sean, deben expresarse mediante el debate, las ideas y los argumentos. Las amenazas y la violencia no tienen lugar en la vida democrática", expresó el Frente Entrerriano Federal.

