Revés judicial para Paula Armándola: la ex presidenta del Colegio Inmobiliario se consolida como la “piedra en el zapato” de la nueva gestión
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La Justicia declaró inadmisible la acción con la que la ex dirigente buscaba blindarse legalmente tras el rechazo de su balance. Entre denuncias por gastos obscenos y una fuerte disputa por su cargo en el Consejo de la Magistratura, la interna en el Colegio de Corredores de Entre Ríos no da tregua.
El conflicto político e institucional que sacude al Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos (CCPIER) sumó un nuevo y determinante capítulo en los tribunales. El juez del fuero Contencioso Administrativo de Paraná, Marcelo Baridón, declaró inadmisible la acción declarativa de certeza promovida por la ex presidenta de la entidad, María Paula Armándola, y otros ex integrantes del Consejo Directivo.
Con esta presentación judicial, los ex directivos pretendían que la Justicia dictaminara que la no aprobación del balance del Ejercicio N° 24 –correspondiente al último tramo de su mandato y cerrado el 30 de septiembre de 2025– no les generaba consecuencias jurídicas ni responsabilidades. Sin embargo, la resolución judicial rechazó el planteo al considerar que no se agotó la vía administrativa interna y que los demandantes no lograron acreditar un perjuicio o afectación concreta a sus derechos.
Un portazo judicial a la “inmunidad” pretendida
La demanda de Armándola y sus colaboradores –José Bernay, Abelardo Budó, Germán Meier y Alcides Risso– buscaba disipar lo que calificaban como “incertidumbre jurídica” tras el rechazo de su balance en la Asamblea Ordinaria. No obstante, el juez Baridón hizo suyos los fundamentos del Ministerio Público Fiscal, que advirtió que la acción meramente declarativa no es un mecanismo apto para obtener una “genérica prohibición de demandar” ni para otorgar una suerte de “inmunidad jurisdiccional frente a terceros”.
El fallo judicial fue tajante al señalar que los demandantes obviaron los mecanismos de impugnación previstos en el artículo 34 de la Ley N° 9.398, que regula el funcionamiento del propio Colegio. “El agotamiento de la vía es una prerrogativa procesal constitucional de cumplimiento inexcusable”, remarcó el magistrado, apuntando que la ex presidenta admitió expresamente no haber utilizado esa vía administrativa. Además, el magistrado enfatizó que la sola hipótesis de una “incertidumbre futura” no basta para habilitar la intervención de los tribunales si no se constata una lesión actual y palpable.
Gastos bajo la lupa: el trasfondo de un balance en crisis
La desaprobación del balance de la gestión de Armándola no fue un hecho aislado, sino el corolario de un fin de mandato sumamente convulsionado. La nueva conducción del CCPIER cuestionó severamente diversos gastos de la administración saliente, que incluyeron sumas destinadas a regalos empresariales y la costosa presentación de un libro en Buenos Aires.
Adicionalmente, sectores de matriculados venían denunciando un “escándalo de gastos obscenos”, detallando erogaciones de $81 millones en refacciones que contemplaban facturaciones desmedidas como $9 millones en cartelería, $10 millones en carpintería y la compra de un cuadro por más de $612.000 a un artista “cercano” a la propia ex presidenta. También circularon acusaciones sobre supuestas compras de ropa infantil y perfumes con fondos de la entidad.
Por su parte, Armándola rechaza de plano estas acusaciones, argumentando que las compras de carácter personal son falsas y que todas las decisiones contables contaban con la aprobación del consejo directivo, auditorías internas y externas, y el aval del Consejo de Ciencias Económicas. La ex presidenta atribuye el rechazo de sus números a una “venganza” y a una campaña sistemática de difamación pública gatillada a partir de la desvinculación de la asesoría legal del Colegio durante su mandato.
La incómoda presencia de Armándola para la nueva conducción
Lejos de retirarse del foco público tras perder el oficialismo las elecciones de noviembre de 2025 frente a la lista de Germán Solari Lacorazza, Armándola se ha erigido en una permanente “piedra en el zapato” para la actual comisión directiva. La ex dirigente no ahorra críticas hacia las nuevas autoridades, a quienes acusa de haber “abandonado las políticas de capacitación y jerarquización profesional” desarrolladas durante su presidencia.
Además, mantiene una activa agenda de opinión pública sobre temas del sector, cuestionando proyectos políticos locales como el Régimen Municipal de Garantías (REGARPA) propuesto en Paraná, posicionándose como la voz referente de la actividad por fuera del canal institucional del Colegio.
El punto de mayor fricción política se concentra en el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, donde Armándola ocupa un sillón en representación de las entidades de la sociedad civil. La nueva conducción del Colegio intentó removerla de este estratégico puesto, pero la ex presidenta resistió la embestida asegurando que su designación es de carácter “personal” y surge de la Asamblea Ciudadana, por lo cual la institución no tiene facultades para destituirla o nombrar un reemplazo de forma directa.
El enfrentamiento gremial ha escalado al terreno judicial en múltiples frentes. Armándola mantiene en trámite una denuncia por violencia de género, hostigamiento y persecución institucional en el Juzgado Civil y Comercial N° 4 de Paraná. En ese expediente, exige medidas restrictivas contra miembros del actual Colegio y demanda que dejen de usar la estructura corporativa para lesionar su nombre y trayectoria profesional.
Con este reciente fallo adverso en el fuero contencioso administrativo, la ex presidenta sufre un fuerte revés en su estrategia de defensa. Sin embargo, su persistente exposición, sus demandas en curso y su inamovible butaca en el Consejo de la Magistratura aseguran que seguirá siendo una figura sumamente incómoda y desafiante para la conducción del Colegio Inmobiliario entrerriano.
