Reforma previsional: UPCN y APS plantearon objeciones al proyecto oficial en el Senado

Las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales del Senado provincial continuaron este martes el análisis del proyecto de reforma previsional impulsado por el Poder Ejecutivo. En esta oportunidad expusieron representantes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y de la Asociación del Personal Superior Municipal (APS), quienes formularon observaciones a distintos aspectos de la iniciativa.

La reunión se desarrolló en el Salón de los Escudos de la Casa de Gobierno, mientras en las inmediaciones se concentraban afiliados de UPCN encabezados por su secretario general, José Allende. Paralelamente, en Plaza Mansilla continuaba el acampe de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), integrante de la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones.

En representación de UPCN, la secretaria adjunta Carina Domínguez solicitó mantener el requisito de 30 años de aportes y cuestionó la propuesta de ampliar de 120 a 240 meses el período utilizado para calcular el haber jubilatorio inicial. Consideró que la modificación resulta inconveniente en un contexto de bajos salarios e incertidumbre económica.

Otro de los puntos objetados por el gremio fue la posibilidad de incrementar hasta en un 8% el aporte personal de los jubilados en el marco de la emergencia previsional. Domínguez sostuvo que la medida podría elevar la retención total a cerca del 27% de los haberes, porcentaje que calificó como “confiscatorio”.

Por su parte, la dirigente de UPCN Sandra Varas advirtió que la redacción actual del proyecto podría dejar fuera de regímenes especiales a determinados sectores laborales, entre ellos tipógrafos, operadores de aeronavegación y parte del personal de salud. También cuestionó que el Ejecutivo tenga facultades para declarar estados de emergencia sin intervención legislativa.

Desde APS, la secretaria general Alejandra Levrand expresó reparos sobre la posibilidad de prorrogar la emergencia previsional más allá de 2027. A su entender, ello implicaría otorgar facultades excesivas al Poder Ejecutivo.

La dirigente municipal también se refirió al impacto que tendría el aumento de la edad jubilatoria en determinados trabajadores, especialmente aquellos que desarrollan tareas físicas exigentes. Además, cuestionó la equiparación de la edad jubilatoria entre hombres y mujeres sin contemplar las tareas de cuidado no remuneradas.

Durante el intercambio con los legisladores, representantes de ambos gremios señalaron que no tuvieron acceso a estudios actuariales que fundamenten la reforma propuesta. En ese sentido, sostuvieron que esos datos resultan indispensables para evaluar el impacto futuro de los cambios previstos.

Marcha de UPCN y respaldo al debate

Mientras se desarrollaba la reunión, UPCN realizó una movilización hasta la Casa de Gobierno para acompañar la exposición de sus representantes.

Al dirigirse a los manifestantes, José Allende defendió la participación del sindicato en la discusión legislativa y rechazó las críticas de otros sectores gremiales. “No hay forma de representar y defender los derechos de los trabajadores si no estamos en una mesa de discusión”, afirmó.

El dirigente sostuvo que UPCN impulsa modificaciones al proyecto para resguardar los derechos de trabajadores activos y jubilados. Entre otros planteos, mencionó la necesidad de que los futuros aumentos jubilatorios contemplen las paritarias estatales y docentes, y propuso la creación de una mesa permanente de seguimiento de la Caja de Jubilaciones.

Allende también cuestionó el eventual incremento de los aportes jubilatorios y reclamó que los déficits de las cajas municipales sean afrontados por los respectivos municipios. Asimismo, sugirió analizar mecanismos específicos de financiamiento para sectores ajenos a la administración pública y una caja diferenciada para el personal retirado de la Policía.

Sobre el final de su discurso, reivindicó la estrategia de diálogo adoptada por UPCN y aseguró que la presencia del sindicato en las instancias de negociación ha sido clave para evitar medidas de ajuste sobre los trabajadores estatales.