Ratificaron la cesantía del chofer de ambulancia del hospital de Crespo
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El Gobierno provincial rechazó el recurso de G. Brumatti, sancionado tras dar 2,52 en alcoholemia mientras estaba de guardia pasiva.
El Gobierno de Entre Ríos confirmó la cesantía de un chofer de ambulancia del Hospital San Francisco de Asís de Crespo, luego de rechazar el recurso de revocatoria presentado contra la sanción.
Se trata de G. Brumatti, quien fue separado de la administración pública provincial después de que, en marzo de 2023, protagonizara un siniestro vial mientras conducía un vehículo particular y registrara 2,52 gramos de alcohol por litro de sangre en un control de alcoholemia.
La decisión quedó formalizada mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial de Entre Ríos del viernes 14 de agosto de 2026. El Ejecutivo provincial consideró que la conducta del agente produjo un quiebre de la confianza necesaria para el desempeño de sus funciones, particularmente por tratarse de un trabajador que se desempeñaba como chofer de ambulancia y estaba afectado a una guardia pasiva.
El hecho ocurrió en marzo de 2023
El episodio que dio origen al sumario administrativo ocurrió el 17 de marzo de 2023, alrededor de las 16:20, en la intersección de Avenida Humberto Seri y Estrada, en Crespo.
Brumatti circulaba a bordo de un Renault 19 cuando protagonizó un siniestro vial. Al intervenir personal de tránsito municipal, se le practicó un control de alcoholemia que arrojó un resultado de 2,52 gramos de alcohol en sangre.
A raíz del resultado, los inspectores labraron las actas correspondientes y procedieron a la retención preventiva del vehículo.
En ese momento, Brumatti se desempeñaba como personal extraordinario con estabilidad dentro del escalafón general del Hospital San Francisco de Asís y estaba asignado formalmente a una guardia pasiva como chofer de ambulancia.
La entonces directora del hospital, Sandra Scarso, intervino en el procedimiento y dispuso su desafectación inmediata de la guardia por razones de seguridad.
Qué planteó el trabajador
Al recurrir la sanción, Brumatti cuestionó distintos aspectos del procedimiento administrativo.
Entre sus argumentos, planteó dudas sobre la validez de la prueba de alcoholemia, cuestionó la ausencia de una segunda contraprueba y sostuvo que al momento del hecho no se encontraba prestando funciones directas en el hospital.
También solicitó que la cesantía fuera reemplazada por una sanción menor, concretamente una suspensión de 20 días sin goce de haberes, tomando en consideración que no registraba antecedentes disciplinarios, su antigüedad y su desempeño laboral.
El trabajador también cuestionó la fundamentación del decreto que había dispuesto originalmente su cesantía.
El Gobierno consideró válidas las actas de tránsito
Al analizar el recurso, la Secretaría Legal y Técnica y la Fiscalía de Estado consideraron que no existían elementos suficientes para modificar la sanción.
El decreto señala que las actas labradas por la autoridad municipal constituyen prueba suficiente de la infracción y que cumplen con los requisitos reglamentarios para su validez.
El Ejecutivo también sostuvo que cualquier cuestionamiento relacionado con la legalidad del procedimiento de alcoholemia debía ser planteado ante las autoridades correspondientes en el ámbito de las infracciones de tránsito, y no dentro del sumario administrativo laboral.
En ese sentido, consideró acreditado que Brumatti conducía durante la tarde con un nivel de alcohol en sangre que calificó como elevado.
El dato clave: era chofer de ambulancia
Uno de los principales argumentos utilizados por el Gobierno provincial para mantener la cesantía fue la función que cumplía Brumatti dentro del hospital.
El decreto sostiene que su comportamiento generó una pérdida de confianza por parte del Estado empleador, especialmente porque el agente se desempeñaba como chofer de ambulancia y se encontraba afectado a una guardia pasiva.
Para el Ejecutivo, esa circunstancia comprometía los deberes de diligencia y cuidado exigidos para el puesto.
La resolución encuadró la conducta en los deberes establecidos por el artículo 61 de la Ley Nº 9755, que regula el empleo público en Entre Ríos. En particular, se consideró incumplido el deber de prestar el servicio con eficiencia y eficacia, observar las normas legales y reglamentarias y respetar el ordenamiento jurídico vigente.
Se apartaron de la recomendación de una sanción menor
Otro de los puntos analizados fue la recomendación de la Comisión Asesora de Disciplina, que había sugerido una sanción de 20 días de suspensión sin goce de haberes.
El Ejecutivo provincial decidió apartarse de esa recomendación.
Según el decreto, los dictámenes de los organismos disciplinarios tienen carácter de consejo, opinión o sugerencia y no resultan vinculantes para la autoridad que debe tomar la decisión final.
La Fiscalía de Estado sostuvo que el Poder Ejecutivo podía apartarse de ese criterio siempre que existieran razones fundadas, algo que, según la resolución, ocurrió en este caso.
El Gobierno sostuvo que la cesantía no fue desproporcionada
El decreto también rechazó el argumento de que la sanción aplicada resultara excesiva.
Para el Ejecutivo, la cesantía guarda relación con la conducta atribuida al agente y con las características particulares de su función.
La resolución remarca que no se trató solamente de una infracción de tránsito, sino de una conducta ocurrida mientras Brumatti estaba vinculado a una guardia pasiva como chofer de ambulancia de un establecimiento sanitario público.
En consecuencia, consideró que el episodio afectó de manera sustancial la confianza necesaria para mantener el vínculo laboral con el Estado.
Rechazaron el recurso y confirmaron la separación del Estado
Luego de analizar los planteos, la Provincia concluyó que el Decreto Nº 570/26 GOB, mediante el cual se había dispuesto la cesantía, no presentaba vicios de arbitrariedad o ilegitimidad.
Con el Dictamen Nº 0362/26 de la Fiscalía de Estado, el gobernador resolvió finalmente rechazar el recurso de revocatoria presentado por G. D. Brumatti.
De esta manera, quedó firme la sanción de cesantía y la separación del agente de los cuadros de la administración pública provincial.
La decisión fue refrendada por el ministro de Salud y publicada en el Boletín Oficial de Entre Ríos, cerrando el trámite administrativo iniciado a partir del episodio ocurrido en Crespo en marzo de 2023.

