Quieren que el ladrillo nogoyaense ingrese a la obra pública

Nogoyá.– Desde hace años, la comunidad de los ladrilleros sigue siendo igual. Tal vez por tradición, por herencia familiar o justamente porque no ha surgido aún material alternativo que sea accesible y confiable para que reemplace al rústico ladrillo de barro.

En su mayoría, los ladrilleros son emprendedores informales, sin registro formal, sin fábrica, sin estructura de acopio ni distribución, vendiendo al costado del camino lo que fabrican con sus manos.

Ese escenario es el telón de fondo del proyecto de ordenanza de “Promoción y Fomento de la Actividad Ladrillera Local” que ingresó el pasado jueves al recinto del Concejo Deliberante, y que lleva las firmas de los concejales Marianela Manassali, Maximiliano Navarro y José Ramón Perello. La iniciativa propone algo concreto: que al menos el 30% de los ladrillos, adobes y materiales cerámicos afines utilizados en obras públicas municipales sean adquiridos a productores radicados en el ejido de Nogoyá o en un radio no mayor a cincuenta kilómetros de su centro urbano.

El proyecto ingresó formalmente y comenzará a recorrer el camino legislativo habitual: primero el tratamiento en comisión, luego el eventual debate en el recinto.

Lo que propone la ordenanza

El texto establece que la cuota mínima del 30% aplica tanto a obras ejecutadas directamente por el municipio como a aquellas licitadas o contratadas por terceros, en cuyo caso los pliegos de bases y condiciones deberán incluir la exigencia de manera expresa como requisito técnico del contrato. El incumplimiento del contratista habilitaría penalidades contractuales.

Para operativizar la medida, la Secretaría de Obras Públicas deberá crear y mantener actualizado un Registro de Productores Ladrilleros Locales, de inscripción gratuita, al que podrán acceder quienes acrediten actividad productiva, domicilio en el ejido municipal y cumplimiento de las normas vigentes. Si ningún productor inscripto pudiera abastecer el volumen requerido en tiempo y forma, recién entonces se habilitaría la contratación con proveedores externos, con constancia en el expediente.

El Ejecutivo tendría sesenta días corridos desde la promulgación para reglamentar la norma, y deberá informar anualmente al Concejo Deliberante sobre el grado de cumplimiento, detallando obras ejecutadas, volumen de materiales utilizados y porcentaje adquirido a proveedores locales. El articulado también invita al Ejecutivo a implementar políticas complementarias: capacitación técnica, acceso al crédito productivo, certificación de calidad y promoción de la Fiesta Provincial del Adobe.

Entre el homenaje y la herramienta

Ahora bien, el interrogante que abre este proyecto no es menor: ¿puede una ordenanza de compras públicas transformar estructuralmente a un sector que opera mayoritariamente por fuera del mercado formal?

Los ladrilleros nogoyaenses, concentrados históricamente en el Barrio Chañar, no responden al perfil de una industria organizada. Son productores artesanales que fabrican, acopian en sus propios terrenos y venden de manera directa, sin intermediarios, sin facturación sistemática, sin los registros contables e impositivos que una contratación municipal habitualmente exige. La misma ordenanza propuesta requiere que los inscriptos en el Registro acrediten "cumplimiento de las normas municipales, provinciales y nacionales aplicables a la actividad", una condición que, en el estado actual del sector, podría dejar fuera de registro a buena parte de quienes se supone que el proyecto quiere beneficiar.

La Fiesta del Adobe existe desde hace un par de años como reconocimiento colectivo a esa tradición productiva. Es un gesto genuino de identidad cultural, pero los propios productores saben que el festejo no se traduce en mejoras concretas para su actividad: no hay cooperativa, no hay planta de acopio, no hay financiamiento diferencial, no hay asistencia técnica sistemática. La fiesta pasa, el lunes vuelve a ser lunes.

En ese contexto, el proyecto tiene al menos el punto a favor de plantear una herramienta de política económica local con destino concreto: que el gasto del Estado derive en beneficios directos para las familias ladrilleras. Pero para que eso ocurra, el camino legislativo deberá incluir una discusión sobre la informalidad del sector, sobre cómo se diseña un registro que incluya en lugar de excluir, y sobre qué tipo de acompañamiento real necesita el sector para que sus productores puedan cumplir los requisitos que una contratación pública demanda.

El proyecto está en comisión. La discusión, recién empieza.