Qué pasa en nuestros humedales
En este momento, gran parte de las zonas de islas en la provincia es un caos. Y esto se debe no sólo al difícil control en el lugar, sino también a la falta de un plan de ordenamiento territorial.
El ejido de Victoria cuenta con 376 mil hectáreas de islas y humedales, que son área natural protegida a nivel local y provincial. En este sentido, las secciones insulares son una Reserva de Usos Múltiples (RUM).
Ejercer el poder de policía que la municipalidad posee es difícil, ya que no se cuenta con los recursos necesarios. Además, la legislación existente no es tajante en cuanto a todo lo que se puede o no hacer.
Desde la organización global sin fines de lucro dedicada a la conservación y restauración de humedales, Wetlands International, explican que las áreas protegidas son territorios con una regulación especial que promueve la protección de sus valores naturales, culturales y sociales. Asimismo, señalan que las RUM son un tipo de área natural protegida donde pueden realizarse actividades productivas “siempre y cuando no degraden los ecosistemas que se pretende conservar”.
Entonces, tenemos que las islas y humedales no son, en cuanto a la legislación, un museo verde donde nada se puede hacer. Sobre esto, el director de Áreas Naturales Protegidas, el biólogo Alfredo Berduc, dice: “Para saber qué tipo de actividades son compatibles con la sustentabilidad de estos sistemas de humedales, hay que partir de cuál es la vocación productiva del ambiente y no de «qué le puedo encajar a este lugar». Partir de la vocación productiva del ambiente es respetar los ciclos que tienen de renovación. En el caso de los humedales, las producciones que se pueden hacer son las que no modifiquen la dinámica del humedal”.
Dicho de otra forma, lo que es deseable que se haga en las islas y humedales es lo que muchos denominan como desarrollo sustentable. “La sustentabilidad tiene tres patas: la ambiental, la económica y la social. Cuando hablamos de sustentabilidad no sólo estamos hablando de las plantas y de la matriz física del paisaje, sino que también estamos hablando de cultura”, señala Berduc.
Así pues, la triada esencial en este caso es: ambiente, economía, sociedad. En definitiva: cultura, entendida como el cultivo del pueblo. En cuanto a los hechos, las actividades que hoy se conoce que se realizan en las islas son: ganadería, apicultura, pesca, turismo, amarraderos de barcazas y actividades recreativas.
Sin embargo, debemos saber que no existe, todavía, ordenamiento territorial en las islas. De hecho, hasta no hace mucho tiempo no se sabía siquiera qué pasaba en el territorio. Debido a todo esto, en Victoria se formó el Comité de Promoción del Ordenamiento Territorial y Gestión de la Reserva de Usos Múltiples del Sector Islas de Victoria.
El comité de islas está conformado por funcionarios y concejales de Victoria, con participación del gobierno provincial. En 2020 se acordó llevar adelante un proceso de planificación participativo. El objetivo es, durante 2022, elaborar el Plan de manejo para la Reserva. Desde la Secretaría de Ambiente de la provincia explican que un Plan de manejo es “un documento específico que ordena el funcionamiento de un Área Natural Protegida, estableciendo todos los aspectos de su conducción, servicios técnicos, científicos, de vigilancia, control y seguridad, de acuerdo a sus condiciones y necesidades ambientales”.
En definitiva, la idea del Comité de Islas es crear una normativa que ordene el territorio y establezca cuáles actividades se pueden hacer y cuáles no, y, dentro de las que se pueden hacer, de qué forma se pueden realizar. Eso regirá tanto para las islas privadas como para las fiscales.
Desarrollo tolerable, otra mirada
Respecto de la pregunta de si se pueden realizar actividades económicas en las islas sin afectar negativamente el ambiente, el ecólogo, doctor en Biología y especialista en manejo de ecosistemas, ríos y humedales, Juan José Neiff, opina que, “cualquier actividad humana sobre la naturaleza puede producir cambios, aun el «turismo contemplativo», según la modalidad que adopte y la carga que tenga. Pero el ser humano es parte de la naturaleza y puede hacer uso de ella en tanto asuma que es usuario (y no dueño de la misma), definiendo prácticas del menor impacto posible, adecuadas al funcionamiento y potencialidad de los ecosistemas fluviales. A esto se lo ha llamado «desarrollo sustentable», luego: «desarrollo sostenible», y de otras variadas formas que me parecen inadecuadas, debido a que estas definiciones permiten suponer que cierta forma de manejo ambiental conduce a un balance perfecto y que los recursos naturales pueden ser inagotables. Hoy sabemos que esto no es así y que las sociedades humanas viven a expensas de minerales, plantas, animales y de la transformación del paisaje”.
¡Por eso –agregó a continuación– prefiero hablar de «desarrollo tolerable», que es un modelo en el que, con el menor impacto posible, se trata de atender las necesidades del mayor número de personas en la forma socialmente más equitativa. Esta estrategia incluye el concepto de necesidad social como condición. Usted podría realizar tal modificación del ambiente, si realmente brindará a la sociedad actual y a las generaciones futuras un nivel de vida más humanitario. Las actividades humanas en los sistemas fluviales tienen un amplio abanico de opciones, como se puede ver en las civilizaciones más antiguas del Tigris, El Éufrates, el Nilo y, también, los ríos americanos. Se incluye la producción de alimentos de origen vegetal y animal, la producción de fibras, de madera y de otros insumos de la sociedad”.
Islas, ¿privadas o públicas?
Existe gran confusión en lo que respecta a la propiedad de las islas que integran el Delta del Paraná. Es muy común escuchar que las islas ‘no tienen dueños’ o que ‘son del primero que las ocupe’. Al mismo tiempo, hay quienes afirman que ‘todas las islas son fiscales’. Lo cierto es que existen islas que pertenecen al dominio público del Estado y otras islas que son de propiedad de particulares. El director de Tierras Fiscales, Leonardo Caluva, aclara que, “el artículo 235 del Código Civil y Comercial de la Nación es la norma legal que establece que las islas son, en principio, bienes del dominio público”.
Seguidamente, agrega que, “esto ha sido así desde el primer Código Civil Argentino, redactado en el año 1869 por Vélez Sarsfield, quien incorporó dentro los bienes públicos del Estado enumerados en el artículo 2340 a las islas formadas y a las que se formaren en toda clase de río, sin percatarse que ya en ese tiempo existían terrenos insulares registrados a nombre de particulares”.
Caluva añade que “a pesar de esa incorporación de las islas al dominio público, los gobiernos provinciales -ilegítimamente- desafectaron y adjudicaron en propiedad esos bienes sin atender al carácter de inalienabilidad de los mismos. Así también, en otros casos, la justicia dio lugar a la prescripción adquisitiva ejercida por particulares, sin reparar en la imprescriptibilidad del dominio público. Todo esto, seguramente, fue lo que motivó a que, en el año 1968, se hiciera un agregado al inciso 6° del artículo 2340, estableciendo una especie de excepción al principio, buscando sanear las incongruencias que presentaba la realidad respecto de lo plasmado en aquella norma. Esa reforma estableció, en términos generales, que «todas las islas formadas o que se formaren en toda clase de río pertenecen al dominio público, salvo las que a ese momento ya pertenecieran a particulares»”.
Con base en lo anterior, aclara: “Es pertinente aclarar que el Congreso Nacional es quien tiene competencia para desafectar a las islas del dominio público y, según un criterio jurisprudencial, al reformar el art. 2340 del Código Civil mediante la ley 17.711, fueron desafectadas aquellas islas que en ese momento se encontraban bajo un dominio perfeccionado por particulares, lo cual únicamente es aceptable cuando concurren: título, posesión e inscripción registral”.
Luego, concluye que “siguiendo ese criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sólo podría reconocerse la propiedad privada de una isla cuando esta tenga una inscripción registral anterior al año 1968”.
Ahora bien, ¿qué significa que las islas sean de dominio público? Caluva explica: “Esto significa que las islas se encuentran dentro de un régimen jurídico especial, con caracteres específicos como son la inalienabilidad y la imprescriptibilidad, a través del cual se procura su efectiva protección a los efectos que puedan cumplir con el fin que ha motivado su afectación. Esta protección opera contra hechos o actos ilegítimos de los particulares, y también contra actos de la propia administración pública. Esto no significa que esos bienes no se puedan utilizar por la sociedad. Se podría entender a una isla, por ejemplo, como una plaza, la cual puede ser disfrutada por todos los ciudadanos mediante el llamado ‘uso común’, siempre respetando las disposiciones reglamentarias que existan. Pero, ahora bien, no se puede ejercer un uso privativo como son la ganadería o los ranchos de fin de semana, sin autorización expresa de la autoridad competente y sin la correspondiente compensación en favor del resto de la sociedad por beneficiarse con un bien que es de todos”. Sobre la situación actual de las islas de dominio público, el director de Tierras Fiscales de la provincia, sostiene: “Hasta el año 2011 el gobierno celebró contratos de arredramientos con particulares que querían emprender con ganadería o apicultura en islas, bajo el régimen de la ley provincial 9.603. En ese año se deroga esa llamada «ley de arrendamiento de islas fiscales» por un tecnicismo; el fundamento, en términos generales, fue que el arrendamiento es una figura de derecho privado que no se corresponde con un bien del dominio público, el cual en todo caso debía ponerse a disposición de particulares mediante un permiso o concesión de uso. Durante los años siguientes a la derogación se otorgaron autorizaciones precarias de tenencia a los fines de no perjudicar a los emprendimientos que se encontraban en marcha. Actualmente no existen autorizaciones vigentes, y se está trabajando en una reglamentación para el uso sustentable de esas tierras. Por otra parte, se debe mencionar también que muchas islas de dominio público se encuentran intrusadas con ‘ranchos de fin de semana’, principalmente en zonas cercanas a centros de población como Rosario o Arroyo Seco. Al respecto se viene trabajando en conjunto con la Fiscalía de Estado de la Provincia instando las acciones judiciales pertinentes”.