Protesta frente a Casa de Gobierno contra el proyecto nacional de Discapacidad

Durante la jornada se dio lectura a un comunicado consensuado a nivel nacional por distintos sectores vinculados a la discapacidad, en el que se advirtió que la iniciativa implica un “profundo retroceso” en materia de derechos. “Este ajuste no sólo es injusto, sino innecesario y recae sobre uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad”, señalaron.

Además, recordaron que, pese a haber sido reafirmada por el Congreso, la Emergencia en Discapacidad no ha sido plenamente cumplida por el Gobierno nacional. “No se puede reformar lo que nunca se garantizó en su totalidad”, remarcaron en el documento.

Reclamos y preocupación en la provincia

El reclamo también estuvo dirigido al gobierno de Entre Ríos. “Le pedimos que escuche, que se comprometa y acompañe esta lucha. Es una causa justa, humana y urgente. Es responsabilidad del Estado proteger a quienes más lo necesitan”, expresaron.

En ese contexto, advirtieron sobre la crítica situación del sector en la provincia: la falta de presupuesto ya provocó el cierre de un centro en Colón y pone en riesgo la continuidad de instituciones como Mundo Joven y San Francisco de Asís.

“Estamos muy tristes”

En diálogo con la prensa, la titular de Neurodiversidad San Benito, Nadia Gasparín, manifestó su preocupación por el alcance del proyecto. “Lamentablemente el sábado nos desayunábamos con que ingresaba una nueva iniciativa que propone volver a auditorías de las personas con discapacidad, lo que vuelve a denigrar y menospreciar”, cuestionó.

Gasparín también advirtió sobre la posible eliminación del nomenclador de discapacidad: “Si lo eliminan, se le da la potestad a las obras sociales y prepagas de determinar si corresponde la prestación y qué valor pagar. Las familias quedan a la deriva porque los prestadores no van a querer trabajar”.

Asimismo, criticó la eliminación de la distinción entre invalidez laboral y discapacidad. “Lo que trabajamos en las terapias es la autonomía de la persona, por lo que esto significará un retroceso de muchísimos años”, sostuvo. En ese sentido, agregó que las pensiones actuales —que rondan los 300 mil pesos— resultan insuficientes frente al contexto económico.

La protesta se suma a una serie de manifestaciones que se vienen replicando en distintos puntos del país, en un escenario de creciente tensión entre el sector y el Gobierno nacional por el rumbo de las políticas públicas en discapacidad.