Presentaron un amparo colectivo para frenar el nuevo sistema de desayunos y meriendas escolares en Entre Ríos
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La demanda fue impulsada por Fundación CAUCE, AGMER y familias de estudiantes. Solicitan que la Justicia suspenda de manera preventiva la distribución de alimentos ultraprocesados en las escuelas y exigen que el Gobierno provincial informe los estudios técnicos, nutricionales y sanitarios que respaldan el nuevo esquema.
La implementación del nuevo sistema de desayunos y meriendas escolares impulsado por el Gobierno de Entre Ríos quedó en el centro de una disputa judicial. Fundación CAUCE: Cultura Ambiental – Causa Ecologista, junto a la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) y padres y madres de estudiantes, presentó una acción de amparo colectivo con pedido de medida cautelar para impedir la distribución de productos ultraprocesados en los establecimientos educativos de la provincia.
La presentación judicial cuestiona el reemplazo del actual sistema de provisión de alimentos frescos y elaboraciones locales por un esquema basado en productos industrializados que serán distribuidos en las escuelas.
Cuestionan la falta de estudios técnicos
Según los demandantes, el cambio en la política alimentaria escolar fue decidido sin que se hicieran públicos los informes técnicos, nutricionales, sanitarios, sociales y culturales que permitan verificar que el nuevo sistema cumple con la legislación vigente y con los estándares nacionales e internacionales sobre el derecho a una alimentación adecuada.
En ese sentido, sostienen que la modificación afecta a miles de niñas, niños y adolescentes que asisten a escuelas públicas entrerrianas, muchos de ellos en situación de vulnerabilidad social y económica.
La demanda invoca, entre otras normas, la Convención sobre los Derechos del Niño, tratados internacionales sobre el derecho a la salud y a la alimentación, además de la legislación nacional vigente.
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Piden frenar la distribución de alimentos con sellos de advertencia
Como medida cautelar, los actores solicitaron que la Provincia se abstenga de distribuir alimentos que contengan uno o más sellos de advertencia o leyendas precautorias previstos por la Ley Nacional Nº 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable.
El objetivo, señalaron, es garantizar que los estudiantes reciban una alimentación adecuada, saludable, suficiente, segura, sostenible, variada y culturalmente aceptable.
Qué información reclama la demanda
El amparo solicita que el Gobierno provincial presente toda la documentación que fundamentó la decisión de modificar el sistema alimentario escolar.
Entre los principales requerimientos figuran:
- Los menús completos previstos para cada nivel educativo y franja etaria.
- Los rótulos, ingredientes, tablas nutricionales y fichas técnicas de todos los productos que integrarán el nuevo sistema.
- Los registros sanitarios correspondientes.
- Los informes técnicos, evaluaciones nutricionales y estudios de impacto que respaldaron la decisión administrativa.
- La acreditación del cumplimiento de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable y de las Guías Alimentarias para la Población Argentina.
- La totalidad de las actuaciones administrativas vinculadas a la licitación, contratación y adjudicación del servicio.
Además, solicitan que, en caso de detectarse incumplimientos respecto de los estándares legales vigentes, la Provincia adecue el contenido de la prestación alimentaria sin interrumpir el servicio que reciben los estudiantes.
"No buscamos suspender el servicio alimentario"
Desde Fundación CAUCE aclararon que la acción judicial no cuestiona el proceso de contratación ni pretende atribuir responsabilidades a la empresa adjudicataria del servicio.
Según explicaron, el único objetivo del amparo es garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir una alimentación saludable y exigir que cualquier modificación en la política alimentaria escolar esté respaldada por evidencia científica, criterios nutricionales y procesos transparentes.
Asimismo, remarcaron que la demanda no busca dejar sin desayuno o merienda a los estudiantes, sino asegurar que los alimentos entregados cumplan con los estándares de calidad establecidos por la legislación vigente.
La Justicia ya dio curso al amparo
La presentación fue realizada ante el juez Juan Francisco Malvasio, vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones Nº 9.
El magistrado dio curso a la acción colectiva y ordenó correr traslado al Gobierno de Entre Ríos para que, en el plazo de siete días, informe sobre los hechos cuestionados.
Además, dispuso que la Provincia remita en un plazo de 48 horas toda la documentación administrativa vinculada con la licitación, contratación y adjudicación del nuevo sistema de desayunos y meriendas escolares, documentación que será incorporada al expediente para el análisis judicial.
