Presentan una denuncia penal contra autoridades del Iosper por presuntas irregularidades y abandono de persona

Afiliados de la obra social de la provincia de Entre Ríos, Iosper, presentaron una denuncia penal contra el Interventor, el Subinterventor y el Director General del organismo por presuntas irregularidades en contrataciones de prótesis y servicios médicos, que habrían generado un perjuicio económico a la entidad y ocasionado demoras en prestaciones esenciales para la salud de los beneficiarios. La presentación judicial, patrocinada por los abogados Rafael Mariano Giampaolo y Rubén Pagliotto, fue dirigida al Ministerio Público Fiscal, al que se solicita determinar la posible comisión de delitos de gravedad institucional.

Entre las figuras penales señaladas en la denuncia se mencionan: administración fraudulenta, malversación de caudales públicos, peculado, negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y abandono de persona.

Uno de los hechos más estremecedores incluidos en la denuncia es la muerte del afiliado Gustavo Godoy, quien —según se detalla— permaneció internado durante 12 días esperando un marcapasos que nunca llegó. “El aparato nunca fue entregado y el paciente falleció por causas asociadas a su cuadro cardiopático. El Interventor trasladó la responsabilidad a la empresa proveedora, minimizando la gravedad de los hechos con expresiones carentes de empatía”, se señala en el escrito judicial.

Los denunciantes advierten que la negligencia institucional podría encuadrarse en delitos como abandono de persona o incluso homicidio culposo, dependiendo de la valoración de la justicia. "En general, la negligencia de una obra social en proporcionar el tratamiento adecuado que lleva a la muerte de un afiliado podría ser considerada como un delito", se afirma en el escrito, al que tuvo acceso la agencia APFDigital.

Irregularidades en contrataciones

Otro de los ejes de la denuncia apunta a presuntas contrataciones irregulares realizadas durante el 2024, en el marco de la intervención de Iosper decretada por el Ejecutivo provincial mediante el Decreto N° 3675. Según se detalla, se habrían sustituido convenios preexistentes con prestadores locales por contrataciones directas con empresas radicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin proceso licitatorio, sin acto administrativo fundado y sin respetar los principios legales de transparencia y eficiencia.

La denuncia destaca que dos de las cuatro empresas contratadas —MTG GROUP S.R.L. (CUIT: 30-71130163-8) e IPMAG S.A. (CUIT: 30-70802391-0)— recibieron pagos sin haber pasado por auditoría posterior, condición esencial en toda contratación pública. Además, se menciona que los acuerdos se celebraron en dólares estadounidenses, pese a tratarse de insumos mayormente de origen nacional, lo que no tendría sustento legal ni reglamentario.

Asimismo, se cuestiona que las firmas no están inscriptas en el padrón oficial de proveedores provinciales, no poseen domicilio legal en Entre Ríos y no cumplen con los requisitos de la Ley 9353 de Compre Provincial, que promueve el desarrollo de proveedores locales.

Desde los sectores que promovieron la denuncia, aseguran que cuentan con documentación pública y observaciones técnicas que respaldan cada una de las acusaciones formuladas, y solicitan a la Justicia una investigación exhaustiva que permita establecer las responsabilidades penales de los funcionarios involucrados.