Poder Judicial: Saliendo de la hibernación en pandemia
Luego de un año y medio con tribunales cerrados a los profesionales y la ciudadanía, o con turnos que hicieron más lento y engorroso cada trámite, desde este viernes 15 de octubre, por una acordada del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, se decidió reabrir la atención presencial en las sedes judiciales de la provincia.
Libre ingreso de operadores judiciales
El acuerdo completo establece:
• Autorizar el libre ingreso de los profesionales y operadores judiciales a los edificios del Poder Judicial; así como a los organismos a recurrir a la atención presencial espontánea. El control de ingreso deberá ser organizado en cumplimiento de las normas de bioseguridad vigentes, afectando una persona en la puerta de acceso de cada edificio, para medir la temperatura y la sanitización de manos;
• Priorizar las audiencias presenciales sobre las virtuales, con estricto cumplimiento del distanciamiento y todas las medidas de prevención establecidas en los protocolos sanitarios vigentes;
• Mantener vigente el sistema de turnos, audiencias programadas u otras citaciones, el que será optativo para cada organismo;
• Encomendar a la Superintendencia de cada jurisdicción y a la Mayordomía, que arbitre las medidas necesarias a fin de respetar el distanciamiento –dos metros- y el volumen de circulación, conforme la capacidad de cada edificio, así como el uso de barbijo.
De esta manera, el Poder Judicial de Entre Ríos se suma a provincias como Córdoba, Santa Fe, Capital, Buenos Aires y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que han habilitado la presencialidad normal en sus respectivas jurisdicciones.
Presencialidad plena
Si bien, la acordada deja la puerta abierta para sostener la virtualidad y medidas restrictivas, al priorizar la atención directa y las audiencias presenciales, se está respondiendo a una permanente solicitud realizada, especialmente por los abogados y por la conducción del Colegio de la Abogacía. Al conocerse la nueva situación, el presidente de la Sección Paraná del CAER, Santiago Esquivel, señaló en declaraciones periodísticas: “Si bien consideramos que las medidas adoptadas por el STJER son acordes a la realidad que vivimos, quienes ejercemos la profesión entendemos que la presencialidad debe ser plena; no podemos depender de turnos o medidas adoptadas de modo optativo por cada organismo. Se deben unificar criterios para evitar situaciones que perjudiquen a los y las colegas”.
En particular, los abogados atacan el mantenimiento del sistema de turnos como carácter opcional a resolver en cada organismo, sede o juzgado de la provincia. El CAER de Paraná solicita “la inmediata supresión del punto c) del acuerdo” ya que “atenta contra el libre ejercicio profesional, quedando los abogados y las abogadas sometidos a la discrecionalidad de cada organismo”.
Tires y un poquito de aflojes
El Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, presidido por el abogado crespense Alejandro Canavesio, desde agosto vino presentando cada mes un pedido de levantar las restricciones a la presencialidad, en la medida que iban mejorando las condiciones sanitarias generales, con avance de la vacunación y repliegue de las estadísticas de infectados por covid-19. La semana anterior se hizo la última con un nuevo pedido para retomar la actividad plena. La nota enviada al presidente del alto cuerpo, Martín Carbonell, planteó el reclamo cada vez más fuerte de los profesionales: atención en forma presencial y sin turnos. El STJER, en su acordada, cedió… pero dejó a criterio de cada organismo judicial definir si se mantienen las restricciones en su área. Esto traslada el tire y afloje al microclima de cada jurisdicción, entre magistrados, profesionales y público en general.
Enganche y ajustes
En todos los análisis periodísticos y comentarios de pasillo, la reticencia del STJ a reabrir la presencialidad, que choca contra la presión social por volver ‘a la normalidad’ en todas partes, aparece como un tema de negociación en la discusión con el Poder Ejecutivo sobre la ‘ley de enganche’ que permite a la Justicia entrerriana tener aumentos de sueldos cada vez que la Corte Suprema los establece a nivel federal. Y la Justicia Federal suele ser más generosa en sus retribuciones. Esa ley había quedado suspendida cuando se conocieron las primeras medidas presupuestarias de emergencia al inicio de la pandemia. Y, desde el Ejecutivo nunca se tuvo apuro en restablecer la norma.
Cuando empezaba la pandemia en todo el país, el gobierno provincial suspendió la ley de enganche, dentro de un paquete de medidas excepcionales que aprobó la Legislatura a instancias del Ejecutivo para sostener las cuentas públicas en un momento de caída abrupta de la actividad económica (y por lo tanto, de la recaudación). Las prioridades eran entonces: recursos para salud pública atendiendo la crisis generada por covid-19, y sostener las cuentas públicas lo menos desequilibradas posible.
Luego, pasado el mayor susto, la Justicia siguió dando turnos, el Ejecutivo siguió mandando mensajes para discutir la ley de enganche y el Colegio de la Abogacía siguió acumulando notas por la presencialidad. Con la ola de covid ya vencida, el resto de la sociedad en pleno desentumecimiento del músculo y la neurona luego de la forzada hibernación a la que nos sometió el coronavirus, el STJ ya no tiene excusas para hacer depender de una turnera el servicio de justicia, uno de los más esenciales para mantener a raya la barbarie que asoma tras los conflictos cotidianos que esmerilan nuestra civilización.
La buena nota
La Justicia entrerriana venía con buenas notas de la ciudadanía, según el última Encuesta Nacional de Victimización que se hizo en 2017. Allí, Entre Ríos figuraba en primer lugar en cuanto a confianza y satisfacción de la ciudadanía. En esa encuesta oficial, encarada por el Ministerio de Seguridad de la Nación y por el Indec, con el 64,3% de respuestas positivas, Entre Ríos era la provincia con más población satisfecha con el actuar de la autoridad judicial luego de haber reportado un delito.
Eso significa que dos de cada tres entrerrianos que fueron víctimas de un delito, se consideraron satisfechos con las respuestas dadas por el sistema judicial, lo que incluye la actuación de jueces, fiscales y policías en la resolución de los casos.
El promedio nacional daba 46,6%, casi uno de cada dos ciudadanos satisfechos. Las provincias con peor calificación eran Jujuy, 16,2%; La Rioja, 20,7%; Misiones 26,9%; San Juan 25,2% y Catamarca, 30,6%: sólo uno cada cuatro o cada cinco denunciantes percibían un buen accionar policial-judicial. Han pasado cuatro años, muchos expedientes bajo el puente de los tribunales y una pandemia con un año y medio de trabajo a cuarta máquina. Habrá que ver cómo queda la valoración social cuando se decida encarar la nueva encuesta sobre victimización y se vuelva a preguntar a los justiciables entrerrianos sobre el grado de satisfacción que recibieron sus denuncias.