Mucha demanda de inquilinos y poca oferta de propietarios

Crespo.- La pandemia puso en primer plano la problemática del acceso a la vivienda para un amplio sector de la sociedad argentina. En 2020 se sancionó la Ley de Alquileres, y por otro lado, se decretó el congelamiento de alquileres y la suspensión de desalojos, medida que finalizaría el 31 de enero, pero se extenderá hasta el 31 de marzo.

En Argentina hay 3 millones y medio de hogares inquilinos (más de 9 millones de personas, el 20% de la población total), que pagan un alquiler para acceder a una vivienda. En Entre Ríos se calcula que entre 15% y 20% de los hogares alquilan vivienda. Las organizaciones de defensa de los inquilinos estiman que 700 mil hogares –más de 2 millones de personas– acumularon en 2020 deudas por imposibilidad de pago durante la pandemia. Estos grupos sociales están en condiciones de ser desalojados cuando finalice el decreto que impide la expulsión por falta de pago.

Ley de Alquileres

El año pasado se produjeron dos hechos fundamentales en torno a la política de vivienda: la nueva ley de alquileres y el decreto con medidas excepcionales por la pandemia, como congelamiento de aumentos y prohibición de desalojos. Este último decreto evitó mayores perjuicios a los inquilinos pero dejó una situación de crisis pendiente de estallar si no se gestiona bien, para cuando pase el temblor de la pandemia.

¿Qué establece la nueva ley de alquileres aprobada en junio de 2020?

• El plazo mínimo del contrato pasa de dos a tres años, con el fin de darle más estabilidad a quienes alquilan y reducir los gastos que implica la renovación;

• Los aumentos se aplican una vez al año;

• El monto del aumento se calcula considerando el índice de inflación y el promedio de los salarios;

• Se establece un depósito de ingreso equivalente a un mes de alquiler, cuya devolución al finalizar el contrato incluirá el aumento que tuvo el alquiler.

• Obligación de declarar los contratos de locación ante la Administración Federal de Ingresos Públicos;

• Creación del Programa Nacional de Alquiler Social, implementado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, destinado a la adopción de medidas que faciliten el acceso a la vivienda digna en alquiler, considerando de manera especial a personas en situación de violencia de género, la regulación de la actividad de las entidades que otorgan garantías de fianza, la promoción de un seguro obligatorio para cubrir las faltas de pago de alquileres y las indemnizaciones por daños y ocupación indebida de inmuebles;

• Alternativas de garantías a presentar: el locatario debe proponer al menos dos entre título de propiedad inmueble, aval bancario, seguro de caución, fianza o garantía personal como recibo de sueldo, certificado de ingresos, u otros.

Contratos irregulares

Se estima que el 90% de los contratos de alquiler son irregulares. Esto implica que los inquilinos pagan su alquiler en efectivo sin comprobante válido como factura, con la consiguiente evasión impositiva.

Propietarios e inmobiliarias se quejaron de las normas, plantean que la mejor ley es la que dicta el mercado y en el caso de Entre Ríos, la ley está hecha para las grandes ciudades, no es aplicable a las localidades del interior.

Aplicar el aumento una vez al año golpea fuerte de una vez el presupuesto del inquilino; así como tres años de contrato es mucho tiempo frente a la inestabilidad económica imperante, son algunas de las opiniones en contra de la normativa nacional.

Oferta reducida

En Crespo, operadores inmobiliarios consultados por Paralelo 32 señalaron que en los últimos tiempos se redujo la oferta de viviendas, que la oferta actual se centra en locaciones muy caras para el sueldo promedio (alrededor de 20 mil pesos, por ejemplo) en tanto aumentó la demanda.

Quienes más buscan alquilar son familias, luego parejas sin hijos y por último personas solas. Los precios se siguen regulando por acuerdo entre las partes. Los inquilinos se quejan porque que hay exigencias adicionales en muchos casos, como no tener mascotas o que no se alquila a familias con hijos pequeños.

“En líneas generales no hay problemas, existe una buena relación entre dueños e inquilinos, se cumple lo contratado”, comentó un referente del sector inmobiliario local.

Tribulaciones de una familia que alquila

Una familia compuesta por dos adultos y tres menores, comentó a Paralelo 32 su vivencia en la permanente búsqueda de casa. Comenzaron a alquiler hace más de dos años, antes vivían con los padres.  “Siempre busqué alquiler, pero es muy caro”, señaló al comienzo del diálogo Alejandra. “Es difícil arrancar porque se necesita un capital al principio, ya que piden anticipos, garantes, esto y lo otro; se hace bastante pesado”.

Con un ingreso familiar que apenas ronda los 55 mil pesos (en el límite de la Línea de Pobreza estadística que calcula Indec), pagan más de 14 mil por la casa que alquilan en un barrio que hace más de tres décadas nació siendo de viviendas sociales ‘tipo IAPV’. Sumando la luz y la Tasa de Obras Sanitarias, pasan de 20 mil pesos por costos de la casa. Inicialmente, la familia comenzó pagando 5.400 pesos de alquiler en la misma vivienda, dos años atrás con un contrato informal.

Antes habían visto casas y en algunos casos planteaban “que no tuvieran chicos, sin mascotas y con requisitos que ponen muchas trabas para que una familia pueda alquilar”, comentó la mujer.

Señaló que se inscribió en listas de IAPV “pero, qué pasa, siempre hay otras personas en prioridad, y hoy en día priorizan a las personas que están en vulnerabilidad; tampoco entramos en el cupo de los Planes Procrear sumando el sueldo de mi marido y el mío”.

En sus condiciones, si no están conformes con los contratos, la situación “nos pone entre la espada y la pared, porque si yo no estoy conforme, me tengo que ir, es lógico. El lugar es tranquilo, cómodo, una casa en estas condiciones no baja de los precios que estamos pagando y si me quisiera ir ahora no voy a conseguir más a este precio o más bajo. Aparte tendría que tener otros requisitos y una segunda cuota; se hace mucho más pesado. No queda otra que aceptar, es la realidad”. La entrevistada reconoce que está en un grupo social muy extenso de familias sin casa propia, que le cuesta mucho pagar el alquiler, que no cumplen los requisitos para una vivienda social porque están apenas por sobre las situaciones de vulnerabilidad, pero tampoco pueden acceder a terrenos y construir su casa con la financiación oficial, porque no les alcanzan sus ingresos y los terrenos son muy caros en Crespo. “Es difícil hacerse de un bien hoy en día para una persona que está trabajando y no cobra lo que por ley debería estar cobrando de sueldo”, finalizó.