La letra chica del debate de la Emergencia Agropecuaria

Victoria.- Desde aquella reunión del 19 de enero, donde no estuvo el Ministro de Producción (por Covid 19), pero sí irrumpió en la sala el propio gobernador Gustavo Bordet, han pasado varias cuestiones que es atendible analizar con uno de los actores partícipes de las gestiones en pos de viabilizar este Consejo provincial de emergencia y desastre agropecuario.

Se trata del Ingeniero Agrónomo José Carlos Basaldúa, quien recibió a Paralelo 32 para dialogar sobre varios puntos que han quedado a medias tintas, y otros donde este representante de FARER en la Mesa de Buenas Prácticas Agrícolas provincial, marcó la importancia de este instrumento para agilizar y viabilizar cualquier acción que se tome respecto de la Emergencia y su impacto en la producción entrerriana como tal.

“La realidad demuestra que hay dos niveles de emergencia. Una es la emergencia formal para la Ley 26509 y su correlato provincial de adhesión, donde se crea el Consejo Provincial de Emergencia y Desastre Agropecuario. La otra emergencia es la real no formal”, advierte el entrevistado.

Según Basaldúa, la formal plantea que si un productor tiene una pérdida entre el 50 y 80 por ciento de su producción o de su capacidad productiva, puede ser considerado en emergencia agropecuaria. Si ese porcentual equivale a más del 80 por ciento entra en la categoría de desastre. Esta última tiene ‘beneficios’ ampliados respecto de la primera.

Pero, el asesor técnico en temas impositivos para la Sociedad Rural Victoria advierte que en este contexto, “cualquiera que tenga una pérdida del 30 por ciento en su producción está en emergencia económica, porque no alcanzás a cubrir los costos, y estás en problemas para pagar los impuestos, insumos, etc”.

En tal sentido, nuestro interlocutor dijo: “Lo que se ha hecho en los últimos 20 días es trabajar sobre la parte de la declaración de la emergencia formal. Vale decir que hace dos años que la ley provincial está aprobada. Nosotros de igual manera hace bastante veníamos insistiendo en la necesidad de conformar este Consejo. Incluso cuando asumió el nuevo Ministro de Producción, a finales de 2020, y de acuerdo a la ley de conformación de la comisión provincial, FARER pidió a las instituciones los nombres de quienes irían en representación de las cuatro entidades agropecuarias”.

FARER envió a Basaldúa como delegado, y desde ahí hasta que se convocó, “Cada tanto, o cuando hay una situación de este tipo, insistía en conformar formalmente la comisión provincial. En principio, para tratar de armar un reglamento interno de trabajo; donde se detalle qué información se va a necesitar y/o quién se la va a proveer. Todo eso recién se produjo en la reunión del 19 de enero pasado”.

La presencia del gobernador

“Cuando todos dieron una primera opinión de lo que estaba pasando. Manifesté conformidad en que se convocara esta mesa provincial, de manera de tratar de forma sistémica cada vez que haya una situación que afectara la producción o la capacidad productiva en la provincia. Porque es la manera de tratar con rapidez y gestionar a nivel nacional la homologación”, añadió.

Paralelamente Basaldúa agradeció al gobernador la presencia, “pareció un gesto importante que él estuviese en la primera reunión. Lo que hablaba a las claras de la importancia que se le estaba dando a un nuevo organismo dentro del staff del Estado, que va a trabajar sobre un tema específico que suele ocurrir, y que agiliza cualquier acción futura”.

En esa primera reunión se hablaron cuestiones generales, todos los miembros de la comisión estaban en esa apertura. Y fue allí que Basaldúa creyó oportuno agregar a una intervención referente al IVA, precisamente cuando el gobernador habló sobre gestiones en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

“El Impuesto al Valor Agregado no está incluido en la Ley Nacional de Emergencia y Desastre Agropecuario, porque en teoría el IVA es un impuesto neutro, pero en el caso del sector agropecuario nunca lo fue. Ni cuando la alícuota era del 21 por ciento y te retenían el 11 %, quedando de libre disponibilidad, pero era un volumen de dinero importante”.

Fue así que siempre quedaron saldos de libre disponibilidad que no se podían usar, y cuando se rebajó el IVA al 10,5 por ciento para los productos primarios, empezó a acumularse lo que se llama saldo técnico a favor del contribuyente, “que solo lo podés usar para pagar (compensar) IVA. Traslademos esto al sector agropecuario, donde tenemos un crédito fiscal del 21 por ciento contra un débito fiscal —de lo que vendemos— del 10,5, por ende siempre el crédito es más que el débito, y como no se puede afectar a otra cosa, se convierte en un costo”.

El problema se agudiza cuando se suceden períodos de emergencia, porque el saldo técnico a favor del contribuyente se va por las nubes, “ya que tenés mucho costo (21%) y nada de ingreso. En este caso se pidió para quienes estuviésemos en emergencia, pero hace mucho que se está solicitando para todos. Pero bueno, es un comienzo aprovechando la coyuntura”. En concreto, lo que se pidió al gobernador fue que por lo menos una vez al año, al cierre del ciclo fiscal, el productor pueda utilizar ese saldo técnico como saldo de libre disponibilidad.

Además, añadió Basaldúa, si el IVA es neutro, para el Estado no debería acarrearle mayores problemas.

En la segunda reunión

Hubo una segunda reunión, celebrada al día siguiente, que en parte tendría que haber ocurrido el día uno, como es el análisis específico de la situación. “Lo que pasa es que en esa primera reunión estaban todos los que podían dar información (INTA, Bolsa de Cereales, Universidad, etc.) pero en la segunda no había ninguno de ellos. En el caso mío tuve que tratar de buscar datos por mi cuenta, por ejemplo: cuáles son, desde el punto de vista formal de la ley, las cadenas productivas con problemas; y cuáles todavía no tienen esa necesidad imperiosa, hecho que no quita que en el futuro puedan tenerla”

La discusión fue larga —según explicó— y como la comisión es una herramienta nueva y muchos no tienen ninguna experiencia, salvo Elvio Ghía y el propio Basaldúa, que intervienen además en la comisión nacional homónima, el resto no se terminaba de enfocar en la problemática, por lo cual permanentemente se debió encausar el eje del tratamiento.

Emitido el Decreto de Emergencia. Se dieron otros bemoles, “Nosotros habíamos pedido: primero que se discriminara cultivo por cultivo los que estaban en emergencia agropecuaria. Y en el caso de la ganadería, cuál de ellas, de leche, bovina, caprina, lo que fuere. Un tercer momento, hacía mención a una diferenciación entre cultivos anuales y perennes (cítricos, varietales y nuez pecán) porque el impacto es mucho mayor, llega más lejos y necesita un período de emergencia más prolongado”.

Para marcar el impacto, Basaldúa dijo que en cualquiera de estas tres actividades perennes, el productor tiene todo su esfuerzo y capital puesto en ellos, no hace rotación con otros cultivos (trigo, maíz, sorgo, girasol, soja), y por ende, el tiempo de recuperación al tener un inconveniente es más decisivo que en otras actividades. “Alguien que perdió el 50 por ciento del monte de cítricos, hasta el invierno del año que viene no puede disponer de ingresos. Además, otro efecto que hace la sequía es la caída de la fruta recién cuajada, por ende la capacidad productiva de ese monte recién se sabrá con certeza a fines de marzo-abril, de la mano de las precipitaciones que puedan acompañar o no ese ciclo”

Esto apareció discriminado y diferenciado en el artículo 1º y 2º, “pero le dieron el mismo período de emergencia”. Y si los cítricos necesitan tiempo para conocer el nivel de pérdida o desastre. Basaldúa dijo que en la ganadería de cría hay que esperar hasta el próximo tacto de preñez, “por lo menos, y si de 100 tenés 55 preñadas no entrás”.

Por todos estos atenuantes, que marcan también la diversidad de actividades que implican la producción entrerriana, el referente técnico insistió en que “no se puede dar 30 días para la declaración jurada, lo atinado en este caso son 60 días (que es como finalmente quedó plasmado en el decreto, con los 7 meses de emergencia declarada hasta el 31 de julio). Y lo único que se modificó es que en el período 1 y 2 no se pagará el Impuesto Inmobiliario. Esto marca que se empezará a pagar, en todos los casos, en enero de 2023.

 “Todo esto lo define el Ministerio de Economía y no el de Producción, ese es el principal error, que persiste desde que yo tengo uso de razón”.

Basaldúa reconoce que elevar la categoría de Secretaría a Ministerio fue una señal que pudo haber tenido otro rumbo: “sigo sosteniendo que debería ser uno de los ministerios más importantes de todo gobierno, porque allí originalmente además de la industria estaba el turismo”.

Pasaría algo similar a lo que acontece con Impuesto Inmobiliario Rural, “que lo calcula producción y economía decide dónde poner la raya”.

Repercusiones

Basaldúa desestimó varios comentarios que han circulado, como el hecho de que es un organismo más, que se añaden empleados y sueldos. “Todos los que integraremos ese consejo lo hacemos sin percibir ninguna remuneración; y los funcionarios son los mismos, a los que se les añade una responsabilidad más, pero no hay costo adicional para el Estado”. Y agregó: “seguramente las entidades a las que representamos nos cubran viáticos, pero es lo mínimo que se espera en estas circunstancias”.

Otra crítica que circuló en los medios de comunicación estuvo referida a la utilidad de este consejo, y se llegó a decir que ‘no sirve para nada’, “Claro que sirve, es un costo financiero que se reprograma; y en el caso de desastre, se debería suspender el impuesto, pero a priori dudo que se manifieste algún hecho tan extremo. Puede pasar con productores pequeños, con el maíz, pero son los menos”.

Y para los que hablaron de reformar la Ley, Basaldúa precisó: “La ley 26509 es de 2009, reemplazó a la 22913. Y un ‘académico’ que trabaja en una Universidad dice que no modificó en nada; cambió pocas cosas pero sí algo fundamental, que si en la 22913 el productor tenía cobertura de seguro, no permitía presentarse en emergencia. Esto fue quitado con la 26509, por ende se pueden contratar todos los seguros que se quiera, y tener el beneficio sobre el que estamos hablando”.

En este contexto, el representante de FARER ante el Consejo de Emergencia planteó es la necesidad de empezar a discutir un seguro nacional de cobertura multiriesgo, “desde 2009 para acá se han discutido muchos pero ninguno acorde con las necesidades que tiene el país y el sector agropecuario ante este escenario climatológico. Y el costo es otra variable, ya que se calcula entre un 8 y un 14 por ciento de lo asegurado; para que un seguro multiriesgo sea viable en la Argentina, como lo es en otros países con este sistema, el Estado tiene que bonificar el 50 por ciento de la prima, esto en nuestros días es casi imposible. Entramos aquí en qué es importante y qué es urgente”. Sobre el final Basaldúa insiste en que Entre Ríos era una de las pocas provincias que no tenía este consejo para la emergencia, ahora lo tiene y es tiempo de empezar a gestionar y trabajar por esta batería de temas que hacen a la actividad productiva y sus diferentes aristas.