La Justicia rechazó un amparo contra la reforma previsional de Entre Ríos
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Un jubilado del ex Banco de Entre Ríos cuestionó la modificación de la movilidad establecida por la Ley 11.302. El juez Juan Francisco Malvasio declaró inadmisible la presentación al considerar que el planteo requiere un proceso judicial con mayor debate y producción de pruebas.
La Justicia entrerriana rechazó una acción de amparo presentada contra el Estado provincial y la Caja de Jubilaciones y Pensiones por un jubilado del ex Banco de Entre Ríos, quien buscaba que se declarara inconstitucional la reforma previsional establecida por la Ley 11.302.
La sentencia fue dictada el 12 de noviembre por el juez Juan Francisco Malvasio, quien declaró inadmisible la presentación y dispuso que las costas del proceso quedaran a cargo del demandante.
El reclamo apuntaba a mantener el mecanismo de movilidad anterior, que actualizaba los haberes jubilatorios en función de los aumentos salariales del sector bancario. La reforma, en cambio, estableció como referencia el escalafón con mayor cantidad de aportantes del Estado provincial.
El argumento sobre los aumentos jubilatorios
Durante el proceso, la Caja de Jubilaciones informó que el beneficiario había recibido todos los incrementos salariales bancarios correspondientes hasta la entrada en vigencia de la reforma, el 22 de agosto.
Además, presentó la comparación entre los aumentos aplicados en septiembre, primer mes de vigencia del nuevo mecanismo: mientras la actualización para el jubilado fue del 3,5%, el incremento salarial bancario alcanzó el 1,9%.
De esta manera, el haber del reclamante tuvo una mejora 1,6 puntos porcentuales superior a la que habría recibido si continuaba vigente el régimen anterior.
Tanto la Caja de Jubilaciones como la Fiscalía de Estado defendieron la legalidad de la modificación. También sostuvieron que el cuestionamiento de constitucionalidad debía plantearse mediante los procedimientos judiciales específicos.
La resolución judicial
En su intervención, la Fiscalía de Estado expuso la situación financiera del sistema previsional provincial, su déficit estructural y la necesidad de preservar su sustentabilidad. También hizo referencia al carácter solidario del régimen y a los derechos del conjunto de los beneficiarios.
Al resolver, el juez Malvasio coincidió con el dictamen del Ministerio Público Fiscal y consideró que la controversia requiere un debate más amplio y una producción de pruebas que exceden las posibilidades de una acción de amparo.
Por ese motivo, entendió que existen otras vías judiciales más adecuadas para analizar el planteo y resolvió rechazar la presentación.
La sentencia no declaró constitucional la reforma previsional ni se pronunció sobre el fondo de ese cuestionamiento. Su alcance se limitó a establecer que la discusión sobre la validez de la Ley 11.302 debe tramitarse mediante los procedimientos judiciales correspondientes.

