La empresa Fate podría cerrar su fábrica
Pese a que días atrás el Ministerio de Producción y Trabajo confirmó la apertura formal del procedimiento preventivo de crisis (PPC) que habilitaría a 440 despidos de Fate, este martes la empresa fabricante de neumáticos dio a entender en una carta enviada al gobierno que en realidad están en peligro 2.000 puestos de trabajo.
La misiva en cuestión fue enviada al ministerio que conduce Dante Sica. Allí, la empresa planteó una «gravísima situación» y de una «preocupante falta de diálogo y respuestas que permita avanzar hacia una solución sustentable» por parte de las autoridades y dejó entrever la posibilidad de cerrar la empresa.
Este miércoles, en tanto, hay una reunión pautada entre el ministerio, la empresa y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna). Según expuso la compañía, las grandes causas del problema se centran en la pérdida de productividad y el elevado costo real del factor laboral.
«Entendemos que se encuentra en inminente peligro la actividad de una empresa y el empleo de muchos trabajadores. El cambio de reglas de juego (eliminación de reintegros, imposición de derechos de exportación, elevadísimas tasas de interés, fuertes adelantos de pagos tributarios no aplicados) no ha podido ni podrá ser compensado con las innumerables mejoras de gestión ya aplicadas. De esta manera nos vemos impedidos de mantener nuestra tradición exportadora que ha sido, hasta ahora, la manera de compensar la reducción del mercado interno y la competencia desleal de importaciones que lo han erosionado», detalló la carta.
La empresa del Grupo Madanes Quintanilla, también dueño de Aluar y la represa hidroeléctrica Futaleufú, pide que el gobierno consulte a «especialistas económicos que representen distintos enfoques o ideologías» sobre la real situación que atraviesa el sector y la propia firma.
Según la dirección de Fate, el gobierno nunca entendió «el carácter múltiple o combinado de causas que llevaron a la empresa a esta situación de crisis». Otros conceptos mencionados en la misiva fueron el «incomprensible sesgo hacia una sobrecarga tributaria punitiva sobre la exportación» y la solicitud de una «solución racional».