Tras décadas de incendios en las islas del Delta
La Corte condena a Nación, Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Rosario y Victoria por las quemas en el Delta
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En un fallo histórico dado a conocer el 4 de diciembre de 2025, la Corte Suprema condenó al Estado Nacional, a las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe —y también a los municipios de Rosario (Santa Fe) y Victoria (Entre Ríos)— a poner en marcha el PIECAS-DP, un plan integral de conservación del Delta del Paraná. La decisión responde a la persistente quema de pastizales en las islas del Delta y a la ausencia de avances reales en políticas preventivas.
Origen de la demanda y responsabilidad compartida
La causa, iniciada en 2020 por la Asociación Equística Defensa del Medio Ambiente, denunciaba los daños causados por humo y hollín en la ciudad de Rosario, producto de incendios en islas cercanas, y reclamaba medidas urgentes para frenar esos focos.
Las jurisdicciones demandadas —Estados nacional, provinciales y municipios— presentaron descargos señalando responsabilidades cruzadas. Muchos argumentaron que las quemas escapaban a su control directo o que las islas correspondían a otras jurisdicciones. A pesar de ello, la Corte determinó que el plan PIECAS-DP — suscripto en 2008 como acuerdo interjurisdiccional — sigue siendo el marco institucional válido para coordinar acciones conjuntas.
Qué ordena el fallo
Con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte estableció:
- Que todas las jurisdicciones demandadas implementen y ejecuten el plan PIECAS-DP.
- Que instalen equipamiento de alerta temprana y desplieguen la red de Faros de Conservación.
- Que diseñen y apliquen un Plan Sistemático de Control y Manejo del Fuego en el Delta.
- Que las autoridades políticas (no la justicia) se hagan cargo del monitoreo y ejecución de las medidas.
- Que los condenados asuman las costas del proceso judicial.
Qué representa para el Delta del Paraná
El Delta del Paraná es un humedal de enorme sensibilidad ecológica —con funciones clave como regulación hídrica, biodiversidad, amortiguación de inundaciones y captura de carbono— que sufrió años de incendios repetidos, muchos de ellos intencionales, que degradaron su suelo, flora, fauna y pusieron en riesgo la salud de comunidades cercanas.
Desde 2020 la Corte ya había decretado medidas cautelares, como la conformación de un Comité de Emergencia Ambiental, pero esas acciones no lograron frenar el daño. El nuevo fallo rompe ese estancamiento y obliga a políticas activas y coordinadas.
Para las organizaciones ambientalistas y cientos de vecinos de Rosario, Entre Ríos y Santa Fe, la resolución implica una esperanza concreta: de pasar de promesas incumplidas a medidas reales de protección. Al mismo tiempo, marca un precedente para la defensa judicial del ambiente en regiones compartidas entre varias jurisdicciones.
Desafíos que vienen
El fallo implica un gran impulso, pero su éxito dependerá de la voluntad política, los recursos asignados y la coordinación efectiva entre Nación, provincias y municipios. La instalación de equipamiento, el monitoreo permanente, la prevención del fuego y la protección de la biodiversidad requieren un compromiso sostenido.
Queda claro también que el seguimiento y control recaen en las autoridades políticas: la justicia se lava las manos en cuanto al monitoreo. Esto pone sobre la mesa la necesidad de una transparencia real, participación de la sociedad civil y obligaciones claras de cumplimiento.
