Homologaron el acuerdo de juicio abreviado para el exintendente de Seguí, Cristian Treppo

Este jueves se conoció la resolución de la jueza del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Matilde Federik, que homologó el acuerdo de juicio abreviado presentado por la Fiscalía y la defensa de Cristian Treppo, exintendente de Seguí, en la causa en la que fue acusado por el delito de peculado culposo.

Treppo llegó a Tribunales junto a su abogado defensor, Germán Coronel, para recibir la notificación de la decisión. Tras conocerse la resolución, el letrado confirmó que el acuerdo fue homologado en los términos presentados por los fiscales Gonzalo Badano y Franco Bonggiovani y la defensa.

“Se homologó el acuerdo que se presentó. Treppo fue declarado culpable por el delito de peculado culposo”, señaló Coronel. Además, explicó que la sanción prevista para esa calificación legal es una multa y que, una vez depositada, quedará concluida la cuestión judicial respecto del exintendente.

El acuerdo establece el pago de $14.163.056,056, equivalente al 40% del monto actualizado del perjuicio estimado a las arcas municipales, que fue calculado originalmente en $5.591.876.

La causa también involucró a Sara Carina Zapata, Darío Alexis Monzón, Daniel Aníbal Hereñú, Hernán Roberto Barrera, Néstor Alejandro Hereñú y Néstor Iván Szczech, quienes resolvieron sus respectivas situaciones procesales mediante acuerdos de suspensión del juicio a prueba o probation.

Un proceso judicial que demandó diez años

Consultado sobre el extenso recorrido del expediente, Coronel sostuvo que durante la investigación la defensa cuestionó distintas decisiones judiciales, aunque aclaró que esos planteos no tuvieron como objetivo dilatar el proceso.

“Fue un proceso que se dilató mucho. Si bien es cierto que nosotros hemos cuestionado un montón de cosas, en realidad se cuestionaba no para dilatar el proceso, sino porque había cuestiones que merecían ser impugnadas”, expresó.

El abogado consideró que hubo decisiones judiciales que, a su entender, fueron ilegítimas en la valoración de los hechos y del derecho. En particular, mencionó la discusión sobre la posibilidad de utilizar como prueba el informe pericial escrito de Beltrán Uranga, quien falleció en abril de 2023.

La defensa había solicitado el archivo del expediente y el sobreseimiento de Treppo, al sostener que la muerte del perito impedía interrogarlo durante un eventual juicio oral y que esa circunstancia afectaba la validez de su informe. Según Coronel, la Cámara y Casación habían avalado inicialmente su incorporación, pero luego el Superior Tribunal de Justicia revocó esas decisiones.

“Ese trámite llevó mucho tiempo”, señaló.

La valoración de la defensa

Coronel manifestó que, pese a los cuestionamientos realizados durante el proceso, considera que las garantías constitucionales de su defendido fueron finalmente resguardadas.

“Entiendo que en el fondo las garantías constitucionales de Treppo estuvieron resguardadas. Pudimos llegar al Superior Tribunal, que nos dio la razón a los planteos realizados. Me siento satisfecho. La Justicia entrerriana es una buena justicia, es, sobre todo, honesta, y se puede equivocar como todos los mortales en esta Tierra”, afirmó.

El defensor también recordó las dificultades que atravesaron durante la investigación y las apelaciones presentadas ante distintas instancias judiciales.

“Hubo cuestiones que hubo que apelarlas porque el juez de Garantías no daba garantías. Así, hubo mucha lucha. Cuando hubo garantías, arriba las revocaron. Fue realmente una pelea muy dura”, sostuvo.

Respecto del resultado final, el abogado remarcó que el acuerdo reconoce que la conducta atribuida a Treppo fue culposa y no dolosa, vinculada con una supuesta inobservancia de los deberes de cuidado.

También señaló que, según su interpretación, la obra se ejecutó en su totalidad y que los fondos enviados por el Estado nacional fueron invertidos y rendidos al 100%.

Coronel planteó, además, lo que consideró una contradicción en el desarrollo de la causa: sostuvo que las eventuales maniobras vinculadas con el peculado habían sido atribuidas a los empresarios involucrados, quienes resolvieron sus situaciones procesales mediante acuerdos anteriores.

“En el fondo creo que se hizo un buen acuerdo. Él estuvo de acuerdo con que lleguemos a este final y cerrarlo. Diez años lleva esta causa, una de las más viejas de Tribunales”, expresó.

El origen de la causa

La investigación se inició por las gestiones realizadas en 2015 por Treppo, cuando se desempeñaba como presidente municipal de Seguí, para obtener financiamiento nacional destinado a la pavimentación de 16 cuadras de la localidad, en el marco del programa Más Cerca.

De acuerdo con la acusación fiscal, en enero de ese año Treppo realizó gestiones ante el entonces responsable del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, José López. El trámite derivó en la firma de un Convenio Único de Colaboración y Transferencia entre el organismo nacional y la Municipalidad de Seguí, el 14 de mayo de 2015.

El presupuesto oficial de la obra ascendía a $20.644.036,81. Para su ejecución, el municipio contrató a Sara Carina Zapata como asesora externa y responsable técnica, mientras que la empresa Organización Industrial Construcciones S.A. (Oicsa), vinculada a Aníbal Hereñú, resultó adjudicataria de los trabajos.

La Fiscalía sostuvo que el contrato de obra, firmado el 25 de junio de 2015, estableció precios desproporcionados respecto de los valores de mercado. Según la acusación, los montos acordados coincidían con el presupuesto oficial presentado originalmente ante las autoridades nacionales.

La investigación también cuestionó las certificaciones de avance de obra emitidas por Zapata y Hernán Roberto Barrera, representante de la empresa contratista. Según la hipótesis fiscal, se certificaron trabajos sin realizar ensayos ni controles de calidad y sin llevar los registros correspondientes.

La acusación indicó que Treppo y el contador municipal Darío Alexis Monzón suscribieron las declaraciones juradas de rendición de cuentas que permitieron los desembolsos nacionales. Los fondos ingresaron a una cuenta del municipio en el Banco de la Nación Argentina y fueron utilizados para pagar a la empresa contratista los $20.644.036,81 previstos.

Para la Fiscalía, el costo de la obra debió ubicarse entre aproximadamente $12 millones y $15.052.160,72, por lo que estimó un perjuicio para las arcas municipales de $5.591.876.

Con la homologación del acuerdo de juicio abreviado, quedó resuelta la situación procesal de Treppo en una causa que se extendió durante una década.