Funcionario imputado por negocios incompatibles con la función pública
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Finalizados los peritajes a once computadoras y celulares, la Fiscalía amplió las imputaciones contra el exsecretario de Planeamiento Ebenezer García por operaciones de provisión de hormigón realizadas en 2024.
Victoria.- La Fiscalía de Victoria dio un paso determinante en la causa penal que investiga al exsecretario de Planeamiento de la Municipalidad, Ebenezer García, al resolver la ampliación formal de las imputaciones e incluir, en una medida inédita para los tribunales locales, a dos empresas como personas jurídicas. La resolución alcanza a nuevos involucrados en una trama de presunta corrupción por la provisión de hormigón para obras públicas de la ciudad.
La fiscalía a cargo de Eduardo Guaita confirmó –la semana pasada- que los peritajes informáticos y telefónicos concluidos recientemente permitieron consolidar la hipótesis del presunto delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, tipificado en el artículo 265 del Código Penal.
El origen de la investigación
El expediente judicial se inició a partir de una presentación formulada en su momento por los concejales de la oposición Bettina Zabala, Alejandro Rees y Luciana Zorzabal, quienes contaron con el asesoramiento técnico del abogado Rubén Pagliotto. La denuncia cuestionaba una serie de contrataciones directas concretadas a comienzos de 2024, amparadas en la ordenanza de emergencia económica aprobada al inicio de la gestión municipal. Se adquirió cemento procesado a una firma de Nogoyá que estaba relacionada comercialmente a García.
A raíz de las primeras sospechas, la Justicia ordenó allanamientos simultáneos en las sedes comerciales de las firmas involucradas: E&H SRL —propiedad del propio Ebenezer García y su socio Torrigiani- y Hormigonera Nogoyá SRL. En esos procedimientos la policía secuestró tres teléfonos celulares y 11 computadoras de uso empresarial.
También se conoció que el volumen de información que tenían las computadoras fue clave para desentrañar la información que interesaba, pero el procedimiento implicó una demora importante.
Una prueba contundente
Luego de procesar la totalidad de los soportes digitales, en abril de este año la Fiscalía recibió los primeros reportes telefónicos y a fines de julio concluyó el análisis integral del material informático.
En esa línea los elementos que se conocieron fueron determinantes para imputar a García, quien tenía un vínculo muy cercano con la Hormigonera Nogoyá y que su propia firma privada (E&H SRL) habría participado directamente en la provisión de hormigón al municipio, siendo Secretario de Planeamiento.
De acuerdo a la reconstrucción efectuada por los investigadores, se lograron acreditar al menos cuatro operaciones concretadas entre enero y marzo de 2024. Las compras se interrumpieron de manera abrupta en abril de ese año, cuando el Concejo Deliberante aprobó un pedido de informes impulsado por el bloque opositor que expuso las irregularidades.
Imputación a empresas y proyección a juicio
La principal novedad contenida en la cédula notificada días atrás es la aplicación de la Ley 27.401 de Responsabilidad Penal Jurídica, un marco normativo que permite atribuir responsabilidad penal directa a las sociedades comerciales cuando los actos de sus miembros redundan en un beneficio económico para la entidad. Es un hecho poco conocido de imputación a personas jurídicas
Con los nuevos elementos de prueba, la causa sumó como imputados a Horacio Torrigiani y a un directivo de apellido Noguera, quienes se agregan a la nómina de acusados que desde el inicio integraban García y Saenz. Cada uno de los imputados nominó abogado defensor y en el caso del ex funcionario lo ejerce Oscar Firpo y su hijo Sebastián.
En la siguiente fase procesal, en base a datos recabados por Paralelo32, la Fiscalía citará a prestar declaración testimonial a empleados municipales que trabajaban en la obra de calle Bartoloni (e/Ezpeleta y San Martìn), a dependientes de las firmas comerciales y al funcionario policial que procesó la prueba informática. Tras ello, se fijará la fecha para recibir las declaraciones indagatorias de todos los imputados.
A partir de ahora –en audiencia- la fiscalía expondrá los elementos y pruebas disponibles que lo imputan como responsables de negocios incompatibles con la función pública y, en ese marco, tendrán que brindar las explicaciones.
Priman a esta altura dos alternativas: si los involucrados pueden esclarecer todos los puntos que cuestionan el procedimiento de la compra de cemento, la causa se archiva; por el contrario, si no se logran aclarar los puntos cuestionado se elevará la causa a juicio oral ante el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay.
