Fuerte rechazo y críticas de Sonia Velázquez al proyecto provincial que busca reemplazar el IOSPER

Días atrás, el gobierno provincial presentó en la Legislatura un proyecto de ley que propone la creación de una nueva obra social para Entre Ríos: la Obra Social de Entre Ríos (OSER). Esta iniciativa prevé la disolución del Instituto de Obra Social de Entre Ríos (IOSPER), el cual ha funcionado durante décadas como prestador de salud de más de 300.000 trabajadores estatales y jubilados. La propuesta generó un inmediato y amplio rechazo por parte de sectores sindicales, además de duras críticas por parte de la exministra de Salud, Sonia Velázquez.

En declaraciones a Elonce, Velázquez advirtió que el proyecto implica una “desnaturalización” del actual sistema y que se trata de “una maniobra que busca confundir a la ciudadanía respecto a la verdadera titularidad de la obra social”. Respondió de forma directa a afirmaciones del ministro de Gobierno, Manuel Troncoso, quien sostuvo que “la obra social le pertenece al pueblo”. Frente a esto, Velázquez fue enfática: “La obra social pertenece a los trabajadores del Estado en relación de dependencia y a los jubilados que han formado parte del Estado. El Estado solo actúa como agente de retención de aportes. No recibe ningún recurso de rentas generales”.

Además, la exfuncionaria manifestó preocupación por la pérdida de identidad institucional que supone el cambio de nombre y estructura del IOSPER. “No se necesita una nueva ley. Se podría reformar la vigente. Esta propuesta es un ‘copie y pegue’ de la obra social de la Ciudad de Buenos Aires. Quieren imponer un modelo ajeno a la historia y características propias de Entre Ríos”, afirmó.

Otro de los puntos cuestionados por Velázquez es el traspaso de la nueva obra social al ámbito del Ministerio de Gobierno, en lugar del Ministerio de Salud. “Resulta contradictorio. El Ministerio de Salud es quien fija la política sanitaria. No hay justificación técnica para que no esté bajo su órbita”, sostuvo, y denunció que “la actual intervención ya lleva 120 días sin que se haya judicializado ninguna de las supuestas irregularidades”.

Durante la intervención, según Velázquez, se han producido recortes de derechos adquiridos. Mencionó la discontinuidad en la entrega de medicamentos, la restricción en la provisión de lentes y marcos gratuitos, y la modificación de convenios con prestadores, que ahora se trasladan a prestadores de Buenos Aires, lo que considera “un desarraigo del sistema entrerriano”.

En relación al contexto nacional, Velázquez subrayó que la desregulación del mercado y la inflación han tenido un fuerte impacto en los sistemas solidarios de salud. “Desde diciembre de 2023, los medicamentos aumentaron entre un 330% y un 600%, y eso afecta directamente a las obras sociales como el IOSPER. Se necesitan más herramientas de planificación y gerenciamiento para sostener el sistema”, explicó.

Finalmente, señaló que el desempleo y el abandono de las prepagas están sobrecargando el sistema público, al tiempo que lamentó la eliminación de programas nacionales en salud. “Hoy estamos en una situación similar a la crisis del 2001, en la que la provincia tuvo que suplir los recortes del Estado nacional. El sistema solidario está en riesgo y requiere respuestas responsables, no improvisaciones”, concluyó.