Fotomultas: la oportunidad de discutir cómo queremos que funcione el Estado

Creo que deberíamos hacernos una pregunta diferente: ¿qué política de seguridad vial queremos construir para nuestra ciudad?

Las fotomultas pueden ser una herramienta útil para ordenar el tránsito y prevenir conductas peligrosas. Pero una cámara y una multa, por sí solas, no constituyen una política pública.

El Estado tiene una responsabilidad que va mucho más allá de sancionar. Tiene que prevenir, educar, planificar y rendir cuentas.

Por eso, si Paraná decide avanzar con un sistema de fotomultas, debería hacerlo sobre tres pilares: pedagogía, transparencia y planificación.

Primero, pedagogía. Si queremos cambiar conductas, tenemos que explicar. El vecino debería saber por qué se coloca una cámara en determinado lugar, qué problema se busca resolver y qué conducta se pretende prevenir. La seguridad vial no puede construirse únicamente desde el miedo a una sanción. También debe construirse desde la comprensión de las reglas y del cuidado de los demás.

Segundo, transparencia. Cuando el Estado controla, sanciona y recauda, tiene que explicar qué hace con esos recursos. ¿Cuánto se recauda? ¿En qué se utiliza? ¿Cuánto vuelve a la seguridad vial? Esa información debería estar al alcance de todos.

Incluso podría establecerse un criterio sencillo: que una parte claramente identificada de lo recaudado vuelva a la ciudad en forma de educación vial, señalización, infraestructura segura y prevención.

La transparencia no es solamente publicar números. Es demostrarle al ciudadano para qué sirve una política pública.

Y tercero, planificación. Antes de colocar una cámara deberíamos conocer el problema que queremos resolver. ¿Dónde se producen más siniestros? ¿Qué calles presentan mayor riesgo? ¿Qué infracciones se repiten? ¿En qué horarios? ¿Dónde las velocidades son más elevadas?

Una cámara no debería instalarse simplemente porque allí resulta sencillo controlar. Debería instalarse porque los datos indican que allí existe un problema que queremos resolver.

Acá aparece un concepto central de las políticas públicas: la evaluación.

Una vez implementada una medida, tenemos que poder determinar si funciona. Si instalamos una cámara para reducir la velocidad, debemos medir si efectivamente disminuyó la velocidad. Si el objetivo es reducir siniestros, debemos comprobar si bajaron los accidentes y sus consecuencias.

Y si una política no funciona, debemos tener la capacidad institucional de modificarla.

Porque gobernar no es solamente tomar decisiones. Es tomar decisiones, explicar por qué se toman, medir sus resultados y corregir cuando no funcionan.

Ese debería ser el verdadero debate sobre las fotomultas.

No se trata de elegir entre un Estado que sanciona y un Estado que no hace nada. Se trata de construir un Estado que utilice sus herramientas con inteligencia, responsabilidad y sentido común.

Una política vial seria debería combinar controles, educación, señalización, infraestructura, campañas de prevención y datos abiertos.

Y debería tener un objetivo muy concreto: que cada vez haya menos accidentes y que más personas puedan volver a sus casas sanas y salvas.

Las fotomultas pueden formar parte de esa política. Pero la verdadera discusión es otra: si queremos seguir administrando los problemas cuando aparecen o empezar a planificar políticas públicas para prevenirlos.

Yo creo que Paraná necesita lo segundo.

Porque cuando hablamos de tránsito, no hablamos solamente de multas, cámaras o automóviles. Hablamos de personas. Y cuando el Estado tiene la posibilidad de prevenir que una persona resulte herida o pierda la vida, planificar no es una opción: es una responsabilidad.