Financiamiento universitario: un informe sostiene que se puede cumplir la ley sin alterar el equilibrio fiscal
Un análisis de Zentrix Consultora afirma que el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 contempla fondos suficientes para financiar la Ley 27.795. Según el estudio, aplicar la norma demandaría entre $2,45 y $3,65 billones, mientras que existen $5,93 billones sin asignación específica dentro de las partidas del Tesoro. El Gobierno nacional apeló una sentencia judicial que ordenó cumplir la ley.
El financiamiento de las universidades nacionales volverá a estar en el centro del debate presupuestario. Un informe de Zentrix Consultora sostiene que el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 contiene recursos que permitirían cumplir la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente sin modificar el resultado fiscal proyectado por el Gobierno nacional.
De acuerdo con el estudio, la aplicación completa de la Ley 27.795 requeriría entre $2,45 y $3,65 billones durante 2027, según la base de cálculo utilizada. En tanto, el proyecto presupuestario contempla $5,93 billones sin asignación específica dentro de la jurisdicción Obligaciones a cargo del Tesoro.
El argumento central de la consultora es que esos recursos ya están incluidos en el gasto total previsto. Por lo tanto, reasignar una parte a las universidades nacionales no implicaría aumentar el gasto presupuestado, sino modificar el destino de fondos cuya utilización todavía no está definida.
Cuánto costaría cumplir la ley universitaria
El informe toma como referencia los $7,35 billones que el artículo 12 del proyecto de Presupuesto 2027 asigna a las universidades nacionales y diferencia dos escenarios.
- Cumplimiento de las obligaciones exigidas judicialmente: la recomposición salarial y la actualización de las becas demandarían alrededor de $2 billones durante 2027.
- Aplicación integral de la ley: la actualización de los gastos de funcionamiento, el financiamiento de hospitales universitarios, la ciencia y la extensión requerirían entre $2,45 y $3,65 billones, según la metodología de cálculo.
Según Zentrix Consultora, el costo estimado de la aplicación completa de la norma representaría entre el 1% y el 1,8% del gasto total proyectado para 2027, y entre el 0,14% y el 0,26% del Producto Bruto Interno (PBI).
Los fondos que el informe identifica en el Presupuesto 2027
Uno de los principales argumentos del análisis está relacionado con el crecimiento de la jurisdicción Obligaciones a cargo del Tesoro, que pasaría de $5,6 billones a $14,8 billones en el proyecto presupuestario.
Dentro de esa partida, $7,68 billones figuran como “otras asistencias financieras”, sin un beneficiario definido.
Para calcular los recursos potencialmente disponibles, la consultora descontó $1,45 billones previstos como reserva para aumentos salariales de la Administración Nacional y otros $0,30 billones que ya se destinan a las universidades.
Después de esas deducciones, el estudio identifica $5,93 billones sin asignación específica, cuyo destino quedaría sujeto a decisiones del Poder Ejecutivo durante el ejercicio.
De acuerdo con el informe, el costo máximo estimado para cumplir integralmente la ley equivaldría al 62% de ese monto.
El debate sobre el equilibrio fiscal
La consultora sostiene que reasignar partidas presupuestarias ya contempladas no modificaría el resultado financiero previsto, porque los recursos forman parte del gasto total proyectado. La modificación consistiría en reducir el margen de decisión del Poder Ejecutivo sobre el destino de esos fondos.
El análisis también señala que la Ley de Administración Financiera 24.156 contempla facultades para reestructurar créditos presupuestarios dentro del monto total aprobado. A su vez, el proyecto de Presupuesto 2027 otorga al Ejecutivo atribuciones para realizar reasignaciones durante el ejercicio.
En el plano legal, el informe plantea que el Congreso podría incorporar las partidas necesarias al debatir el presupuesto del próximo año. Según la interpretación de Zentrix, esa decisión permitiría revisar el fundamento utilizado por el Gobierno para suspender la ejecución de la ley.
Se trata de la posición jurídica expuesta por la consultora, cuya aplicación dependerá de las decisiones legislativas y judiciales correspondientes.
Una ley vigente y un conflicto judicial abierto
La Ley 27.795 fue sancionada y quedó vigente en octubre de 2025, luego de que ambas cámaras del Congreso insistieran con la norma tras el veto presidencial. Posteriormente, el Poder Ejecutivo la promulgó, pero suspendió su ejecución mediante el Decreto 759/2025, con el argumento de que no se habían identificado los recursos para financiarla.
Desde entonces, la aplicación de la norma quedó sujeta a una disputa judicial. Según el informe, la Justicia ordenó cumplir las disposiciones relacionadas con salarios y becas mediante una medida cautelar, que la Corte Suprema dejó firme en junio de 2026.
El 6 de octubre de este año, un juzgado federal ordenó aplicar la ley en su totalidad. El Gobierno nacional apeló esa sentencia, por lo que el conflicto continúa abierto.
Salarios, becas y financiamiento científico
El informe también advierte sobre las consecuencias del desfinanciamiento universitario. Según sus estimaciones, nueve de cada diez pesos del presupuesto de las universidades se destinan al pago de salarios, por lo que la diferencia entre los créditos presupuestarios y la inflación repercute directamente en los ingresos del personal docente y no docente.
El estudio sostiene que, pese al acuerdo salarial de junio, los salarios reales continúan un 22% por debajo del nivel de noviembre de 2023.
Además, cita datos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), según los cuales alrededor de 10.000 docentes renunciaron durante ese período. En materia científica, señala que la ejecución real de ciencia y técnica universitaria en 2025 equivalió al 38% de la registrada en 2023.
Estas cifras forman parte del diagnóstico presentado por la consultora sobre el impacto de las restricciones presupuestarias en el funcionamiento de las instituciones universitarias.
Qué puede pasar con el Presupuesto 2027
El proyecto presupuestario incorpora otro punto de tensión. Según el análisis, el artículo 12 establece un crédito cerrado para las universidades y calcula los aumentos sobre las plantas de personal de noviembre de 2026. La Ley 27.795, en cambio, establece negociaciones paritarias con intervalos no mayores a tres meses y una actualización salarial que no sea inferior a la inflación.
Zentrix advierte que, si la inflación supera las previsiones oficiales, podrían aparecer nuevas diferencias entre los recursos asignados y las obligaciones establecidas por la ley. El informe estima que, por cada cinco puntos de desvío inflacionario, quedarían sin financiar unos $0,32 billones.
La resolución del conflicto dependerá de dos instancias: la revisión judicial de la sentencia que ordenó aplicar la ley y el tratamiento del Presupuesto 2027 en el Congreso de la Nación.
Según la conclusión del estudio, la reasignación de partidas sin destino específico permitiría financiar las obligaciones universitarias sin modificar el resultado fiscal previsto. Esa interpretación abre un nuevo eje de discusión sobre las prioridades del gasto público y el alcance de los compromisos asumidos por el Estado nacional con las universidades.
