Judicial
Ex empleado municipal de María Grande admitió haber sustraído dinero de la caja y podría recibir pena condicional
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El ex responsable de cobros de la Municipalidad de María Grande, Santiago Nicolás Moiny (40 años), reconoció haber sustraído dinero de la caja municipal en maniobras registradas entre septiembre y noviembre de 2021, principalmente vinculadas a pagos por trámites del registro de conducir.
Según la investigación, Moiny empleó dos métodos para apropiarse de fondos: anulaba tickets tras recibir el pago o bien reimprimía comprobantes ya utilizados, que luego entregaba a otros contribuyentes como si fueran válidos. Los montos de las operaciones variaban entre 250 y 1.850 pesos, con más de una decena de casos documentados con nombres, fechas y recibos identificados.
Fallas administrativas
El proceso judicial también expuso graves falencias en los mecanismos de control interno del municipio, indicó el sitio Ahora. El dinero recaudado era entregado en sobres cerrados al tesorero sin recuento inmediato ni constancia escrita. Esta práctica derivó, por ejemplo, en la apertura tardía de un sobre con 11.000 pesos, semanas después de haber sido entregado, lo que determinó el sobreseimiento de Moiny en esa parte de la acusación por ausencia de resguardo adecuado.
La resolución judicial pendiente
El caso está ahora en manos del juez Alejandro Grippo, del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, quien deberá decidir si homologa el acuerdo alcanzado entre el fiscal Gonzalo Badano y el defensor oficial Fernando Callejo.
El convenio contempla una pena de dos años y un mes de prisión condicional, la realización de 96 horas de trabajos comunitarios no remunerados, el pago de una multa de 90.000 pesos y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, al tratarse de un delito contra la administración pública.
Contexto político e institucional
En su alegato, el fiscal Badano destacó la investigación sumarial realizada por el propio municipio y recordó que Moiny había sido designado en planta permanente el 24 de noviembre de 2020, durante la gestión del intendente Héctor Solari (2019-2023), quien finalmente terminó siendo el denunciante del caso.
Más allá de la admisión de culpabilidad, el proceso dejó al descubierto debilidades estructurales en los controles administrativos de la Municipalidad de María Grande, que permitieron durante meses la apropiación sistemática de fondos públicos sin detección inmediata.
