Escándalo en el Colegio Inmobiliario: Armándola denuncia “muerte civil” mientras crecen las sospechas por su gestión

La crisis en el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos (CCPIER) ha sumado un nuevo capítulo judicial con la denuncia presentada por su ex presidenta, María Paula Armándola. La dirigente, que fue la primera mujer en conducir la institución, acusa a las actuales autoridades de violencia institucional, psicológica y telemática, asegurando ser víctima de una campaña de desprestigio que busca su “muerte civil y política”.

La presentación, que tramita ante el Juzgado de Familia de Paraná, apunta directamente contra la actual conducción encabezada por Germán Solari (presidente), Carolina Ledesma (vicepresidenta) y Alcides Cogno (vocal), entre otros. Armándola sostiene que desde agosto de 2025 enfrenta un ensañamiento sistemático que se profundizó tras el traspaso de mando en enero de este año.

Según la denuncia y las declaraciones de su abogada, Andrea Saxer, se han utilizado canales oficiales del Colegio y “publinotas” en medios de comunicación para difundir “fake news”. Armándola alega que se han filtrado fotos de su vida privada y de su maternidad para dañarla emocionalmente. Ante esto, solicitó medidas de protección, incluyendo una prohibición de acercamiento contra Cogno por trato despectivo y el “derecho al olvido” para eliminar notas que considera difamatorias.

El trasfondo de esta disputa es una fractura institucional sin precedentes que comenzó a gestarse el año pasado. En agosto de 2025, un grupo de aproximadamente cien colegiados presentó un pedido formal de remoción del Consejo Directivo que presidía Armándola, denunciando un manejo “discrecional y autoritario” de los recursos.

Muchos matriculados señalaron la gestión de María Paula como la continuidad de un enfoque “retrógrado”, vinculándola con la trayectoria de su padre, José María Armándola, quien dirigió la institución por casi 30 años. Esta situación llevó a que se hablara del “Clan Armándola”, un término que la ex presidenta califica como misógino y parte de una persecución política en un ámbito tradicionalmente masculino.

A pesar de las denuncias de violencia que ella promueve, persisten graves interrogantes sobre su administración que aún no han sido aclarados satisfactoriamente. Entre las irregularidades denunciadas por los colegiados se destacan algunos gastos millonarios. Se cuestionan inversiones superiores a los 81 millones de pesos en la sede institucional sin licitaciones claras.

A su vez, se ha señalado sobre un supuesto conflicto de intereses, tras la compra directa de un cuadro por $612.500, cuya autoría pertenece a la pareja de la entonces presidenta. Los colegiados también cuestionaron el mal uso de la tarjeta corporativa: habría registros de gastos en perfumería, entretenimiento digital y multas de tránsito pagados con fondos del Colegio.

Otro elemento que cayó muy mal entre los matriculados fue la decisión unilateral de abandonar el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios sin la debida autorización de la Asamblea.

Armándola se defiende argumentando que el uso de la tarjeta fue para “centralizar gastos y tener control” y que las acusaciones sobre gastos personales son falsas. Asimismo, ante la desaprobación de su balance –un hecho inédito en la institución–, presentó una “acción de certeza” en la justicia civil, alegando que el mismo no tenía objeciones técnicas y que fue rechazado por motivos meramente políticos.

Actualmente, el conflicto se extiende también a su rol en el Consejo de la Magistratura, donde denuncia intentos irregulares por removerla de su cargo personal. Mientras la Justicia resuelve las medidas de protección solicitadas, el Colegio Inmobiliario permanece sumido en una crisis de transparencia y denuncias cruzadas que mantienen en vilo a toda la matrícula provincial.