En Crespo también marcharon contra el veto presidencial

Crespo.- Como en diversas y variadas ciudades de Entre Rios (Paraná, Concordia, Gualeguaychú) y de todo el país, este martes por la tarde se realizó una concentración en Plaza Sarmiento, de un grupo de padres, familiares, profesionales y pacientes con discapacidad. El encuentro se realizó en repudio del veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad que el Congreso de la Nación había aprobado días antes.

La licenciada Marcela Ramos, directora del Hogar Nuevo Amanecer, comentó a Paralelo 32, durante la concentración: “Las personas con discapacidad se encuentran con la necesidad de muchos tratamientos. Pongo el ejemplo de un niño con Síndrome de Down, que tiene, como mínimo tres tratamientos desde el nacimiento: estimulación temprana, fonoaudiología, pediatría, neurología. Las familias que tienen una persona con discapacidad tienen altos costos, no se pueden sostener. A eso hay que sumar gastos en traslados, llevar y traer a los diversos tratamientos. Cualquier persona con discapacidad genera en una familia un gasto muy alto. Más el estrés. Es muy grave que no se esté teniendo en cuenta sostener los tratamientos. Otra cosa es que esos tratamientos los hace personal especializado, que está dejando de atender y no lo pueden sostener. En los pueblos no hay gente formada suficiente. No solo son los tratamientos médicos, también los centros de día, hogares de atención para personas sin familia”.

Qué plantea la ley de emergencia en discapacidad

Entre otros puntos, la norma vetada establece la regularización de pagos y actualización de aranceles, saldando las deudas con los prestadores del sistema de salud; también procura actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral. La iniciativa declara el sistema de interés público nacional; se plantea mejorar la base de datos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y realizar auditorías para identificar y resolver problemas en la gestión de prestaciones. También propone compensaciones de emergencia para prestadores y asignaciones para talleres de producción.

El impacto fiscal estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso de aplicar la norma sería de entre el 0,22% y 0,42% del PBI.