El villaguayense García Ramón enfrentará un juicio oral por la causa Cuadernos

La causa denominada “Cuadernos de las coimas”, uno de los expedientes judiciales más relevantes de las últimas décadas en la Argentina, tiene entre sus imputados a Fabián Ezequiel García Ramón, exfuncionario nacional oriundo de Villaguay, quien al momento de quedar bajo investigación se encontraba radicado en San Nicolás (Buenos Aires).

García Ramón integra el grupo de 87 acusados que desde fines de 2025 son juzgados por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 7 de Capital Federal, en una causa que también involucra a la expresidenta Cristina Fernández, exministros, exfuncionarios y empresarios vinculados a la obra pública.

Ingeniero de profesión, se desempeñó como director de Promoción de Energías Renovables y Eficiencia Energética en el entonces Ministerio de Planificación Federal, durante la gestión de Julio De Vido. Desde ese cargo formó parte de áreas técnicas del Estado nacional que mantenían vínculo con compañías proveedoras y contratistas de obras y servicios.

Cuando la causa tomó estado público en 2018, permaneció prófugo durante un período, hasta que finalmente se presentó ante la Justicia Federal en Comodoro Py y quedó a disposición del juzgado interviniente. En ese momento residía en San Nicolás, aunque su nombre fue identificado por medios entrerrianos por sus orígenes y lazos con Villaguay.

De qué se lo acusa

En el marco de la causa Cuadernos, García Ramón está imputado por delitos vinculados al cobro de sobornos, como parte de una presunta asociación ilícita que, según la acusación fiscal, funcionó entre 2003 y 2015. Tan solo entre el 30 de marzo de 2005 y el 9 de octubre de 2006, participó de al menos 29 reuniones con empresarios y funcionarios liderados por Julio César Baratta. Después de ese año, los documentos públicos muestran una llamativa ausencia de su nombre, si bien permaneció más tiempo a cargo de la dirección.

La investigación penal preparatoria sostiene que durante esos años existió un sistema organizado de recaudación de dinero ilegal proveniente de empresarios de la obra pública, a cambio de contratos, adjudicaciones y pagos del Estado. En ese esquema, distintos funcionarios habrían cumplido roles intermedios dentro de la estructura. Quienes tuvieron contacto con García Ramón lo definían como un vendedor de materiales eléctricos que se ganó la confianza del círculo más cercano al exministro De Vido.

Al igual que otros imputados, intentó evitar el juicio mediante un ofrecimiento de US$908.824 -a valor de aquel momento- como reparación económica, mecanismo previsto por la ley. Sin embargo, el tribunal rechazó esa posibilidad, por lo que deberá enfrentar el debate oral, que comenzó formalmente en noviembre de 2025, luego de la lectura de los distintos requerimientos de acusación del Ministerio Público Fiscal. Entre los imputados se encuentra la expresidenta, a quien la fiscalía acusa de haber sido la destinataria final del dinero recaudado ilegalmente y de integrar -en carácter de jefa- la asociación ilícita investigada.

El 18 de diciembre pasado, la Fiscalía informó que finalizó la lectura del tramo de la acusación referido a la presunta cartelización de la obra pública civil, especialmente a través de la Cámara Argentina de Empresas Viales, lo que marcó un avance relevante dentro del proceso.

Qué se espera para 2026

Concluida esa etapa, el juicio continuará en 2026 tras la feria judicial de verano. Según lo informado oficialmente por la Procuración General de la Nación, el tribunal avanzará con el tratamiento de los planteos preliminares de las defensas y, posteriormente, con las indagatorias de los imputados a partir de febrero.

Para este año se prevé una mayor intensidad en el ritmo de audiencias, con el inicio de una fase más profunda del debate, que incluirá declaraciones, producción de prueba y discusiones técnicas entre las partes. Por la cantidad de imputados, hechos investigados y prueba acumulada, no se espera una resolución en el corto plazo, y el proceso podría extenderse durante todo 2026 y más allá.

Aunque la causa se tramita en los tribunales federales de Buenos Aires, la presencia de un imputado con raíces en Villaguay vuelve el expediente de interés para la comunidad local.