El procurador García considera que el STJ debe intervenir por los 100 terrenos sociales
Crespo.- Se llegó a una nueva instancia en el juicio que inició un grupo de vecinos contra la ordenanza 69/18 que estableció el programa 100 Terrenos Sociales. La norma habilitó al Departamento Ejecutivo Municipal a cambiar varios espacios públicos en lotes para viviendas.
Recurso de queja
La Municipalidad de Crespo presentó un recurso de queja ante el Superior Tribunal de Justicia, en respuesta a la denegación del recurso de inaplicabilidad de ley presentado ante la Cámara en el Contencioso Administrativo N°1 de Paraná donde se sigue el caso, caratulado “Perez Casabella, Lía Vanesa y otros, c/Municipalidad de Crespo s/acción de inconstitucionalidad”, expediente N°1155.
El recurso de queja fue analizado por el Procurador General del Ministerio Público Fiscal, Jorge Amílcar García, quien consideró que se debe hacer lugar al mismo en el STJ. La opinión del procurador es un importante punto a favor para que el STJ decida su involucramiento en la causa. Cabe señalar que, antes del reciente pronunciamiento del Procurador Amilcar García (26/8/22), la fiscal de Coordinación Aranzasu Barrandeguy, con fecha 27 de mayo de 2021, había opinado en contra del fallo de la Cámara, Posteriormente, tras una inspección judicial en el lugar, ordenada por la Cámara, el expediente volvió a esa fiscalía y Barrandeguy (26/11/21) ratificó que a su juicio “no se encuentran dados los extremos para la declaración de inconstitucionalidad requerida”.
Recordemos que el conflicto judicial comenzó como una acción popular de inconstitucionalidad sobre la ordenanza 69/18, norma que estableció el Programa Municipal 100 Terreno Sociales. La causa fue promovida por vecinos que se consideran afectados por la decisión de transformar espacios públicos cercanos a sus viviendas en terrenos para vender como lotes para viviendas.
En el núcleo de su planteo, los vecinos consideraron que sólo el Congreso de la Nación podría transformar en bien de uso privado un bien de dominio público como lo es una plaza o espacio verde destinado a tal fin. Agregaron que en un loteo, los compradores particulares pagan la amortización de los espacios verdes que los desarrolladores inmobiliarios deben destinar a espacios públicos. Para el gobierno municipal, en cambio, la ordenanza aprobada y el cuerpo legal municipal, dan la cobertura normativa para avanzar con el programa municipal de terrenos sociales.
El contexto político
La opinión del jefe de fiscales, Procurador García, que debe ser sometida a estudio por el STJ, abona en favor de la estrategia de la Municipalidad, que insistió en recurrir a la máxima instancia judicial de la provincia para resolver el caso. En particular, se lo presenta como una prueba de que no se incurrió en los errores que indica una solicitada de la Agrupación Pancho Ramírez, del peronismo crespense. La nota, publicada en la última edición de Paralelo 32, acusó a la gestión del Frente Crespo Nos Une porque “encaró irresponsablemente la batalla judicial”, a través de un recurso que “(…) con curiosa impericia fue presentando de manera extemporánea y, además, se incurrió en un tipo de recurso que no correspondía”. Inicialmente, la Cámara había desestimado un recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Municipalidad contra una sentencia previa dictada el 9 de febrero pasado. Para el gobierno municipal, el caso no es un conflicto intersubjetivo sobre intereses de las personas, sino un conflicto inter jurídico; es decir una discusión entre normas aplicables para resolver la situación. En otras palabras, no se discuten cuestiones ambientales, como parece haberlo entendido la Cámara, sino la constitucionalidad o no de la ordenanza.
El caso, con sus complicaciones legales difíciles de entender por el ciudadano común y promedio, amenaza transformarse en fuente inagotable de argumentos de campaña a medida que vaya calentándose la temperatura política, mientras nos acercamos al año electoral 2023.
Daños y perjuicios
Más allá de los chispazos políticos que los vaivenes del juicio generan, lo cierto es que hay quienes especulan con posibles consecuencias económicas para la Municipalidad, en caso de que los vecinos que presentaron la denuncia original, deciden accionar económicamente para resarcirse por posibles daños y perjuicios en la aplicación del Programa 100 Terrenos Sociales. Nadie va a solicitar que se demuelan las viviendas construidas, pero cobrarle a la municipalidad es otra cuestión que pueden promover quienes se consideren afectados por la ordenanza 69/18. Esta posible situación está directamente relacionada con el desenlace final del juicio en desarrollo.
