El oficialismo impulsa en el Senado el proyecto de Inocencia Fiscal junto al Presupuesto 2026

Además del tratamiento del Presupuesto 2026, que el Gobierno presenta como una señal clave para el mercado y una herramienta para avanzar en el canje de deuda, el oficialismo buscará este viernes que el Senado de la Nación apruebe el proyecto de Inocencia Fiscal, una iniciativa destinada a incentivar la exteriorización de dólares adquiridos en el mercado paralelo durante el cepo cambiario y a redefinir los parámetros de la evasión tributaria.

El proyecto, que el ministro de Economía, Luis Caputo, calificó como fundamental para que la economía “continúe creciendo al ritmo del 6%”, introduce modificaciones en el Régimen Penal Tributario, el Código Civil y Comercial y el Régimen de Procedimiento Tributario. El objetivo central es brindar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes y garantizar que no sean perseguidos por futuras administraciones por situaciones que, con la nueva normativa, dejarían de considerarse delito.

Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la actualización de los montos a partir de los cuales se configura la evasión fiscal. “La evasión empieza a ser delito ahora a partir de los $100 millones. La evasión simple se configura con un mínimo de $100 millones, pero no todo lo que supera ese importe es evasión, ya que también debe probarse la intención de transgredir una obligación impositiva”, explicó Martín Caranta, socio del Departamento de Impuestos del estudio Lisicki, Litvin & Abelovich.

En el caso de la evasión agravada, el piso pasaría de $15 millones a $1.000 millones. Sin embargo, cuando intervengan personas humanas o jurídicas interpuestas, estructuras societarias, instrumentos fiduciarios o jurisdicciones no cooperantes para ocultar al verdadero sujeto obligado, el monto se elevaría de $2 millones a $200 millones. El mismo umbral se aplicaría cuando se utilicen de forma fraudulenta exenciones, desgravaciones u otros beneficios fiscales.

Si la evasión agravada se da mediante el uso de facturas u otros documentos ideológica o materialmente falsos, el piso se fija en más de $100 millones, cuando actualmente es de $1,5 millones. Para Noelia Girardi, gerente de impuestos del mismo estudio, la actualización era necesaria: “Muchos de estos montos llevan años sin modificarse y hoy están claramente desfasados respecto de la realidad económica”. No obstante, aclaró que el proyecto no elimina delitos ni sanciones vinculadas a conductas dolosas graves y que figuras como la insolvencia fiscal fraudulenta o la alteración de registros no se modifican, ya que no dependen de montos.

El contador Marcos Felice coincidió en que se trata de una actualización largamente esperada, ya que los valores vigentes eran “irrisorios” y colocaban a muchos contribuyentes en situación de evasión. Sin embargo, advirtió que la inflación ya volvió a desactualizar los nuevos umbrales propuestos, dado que el primer ajuste automático recién se aplicaría en enero de 2027.

Alivio para la Justicia

Desde el punto de vista institucional, Caranta consideró que la aprobación del proyecto también aliviaría al Poder Judicial. Según explicó, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) suele denunciar los casos y dejar en manos de los jueces la determinación de si existe evasión. Con montos bajos, los tribunales se vieron saturados de causas penales. “Que la Justicia intervenga en procesos por montos exiguos le sale caro a la economía argentina”, sostuvo.

Además, el especialista destacó que muchas causas en trámite o a iniciarse dejarían de ser delitos con la nueva ley, lo que brindaría mayor tranquilidad a los contribuyentes. No obstante, señaló que el nuevo piso para considerar evasión sigue siendo bajo en términos históricos, ya que tradicionalmente se buscaba investigar montos cercanos a los 100.000 dólares, mientras que el nuevo umbral rondaría los 66.000.

El debate por las multas automáticas

Pese al respaldo técnico a la actualización de los umbrales penales, el proyecto de Inocencia Fiscal también genera críticas, especialmente por el fuerte aumento de las multas automáticas. Tributaristas y asesores alertaron sobre el impacto que podrían tener en las pequeñas y medianas empresas.

“El incremento de los montos es muy significativo. Por ejemplo, la multa del artículo 38, que hoy es de $200 para personas humanas, pasaría a $220.000, y para personas jurídicas, de $400 a $440.000”, explicó Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios. Estas sanciones se aplican por la falta de presentación en tiempo y forma de declaraciones juradas.

Según Domínguez, una pyme puede atrasarse por un día debido a problemas administrativos y enfrentarse a una multa onerosa para su tamaño. Durante el debate en la Cámara de Diputados, el peronismo presionó para introducir cambios que contemplen el tipo de contribuyente al momento de fijar las sanciones.

Con el tratamiento en el Senado, el proyecto de Inocencia Fiscal se encamina a convertirse en una de las principales apuestas del Gobierno para regularizar capitales, reducir la litigiosidad y redefinir el alcance de la evasión tributaria en un contexto de alta inflación y búsqueda de previsibilidad económica.