El municipio explicó la situación judicial de un terreno ocupado y rechazó las acusaciones difundidas en redes sociales

Autoridades de la Municipalidad de Crespo brindaron una conferencia de prensa para aclarar la situación vinculada a un terreno de propiedad municipal ubicado sobre calle Catamarca, entre Kaehler y Buenos Aires, luego de que se viralizara en redes sociales un video en el que una pareja acusa al Estado local de haber demolido una vivienda y retirado pertenencias personales.

La secretaria de Gobierno y Desarrollo Humano, Vanesa Pusineri, y el asesor letrado municipal, Francisco Ferrer, detallaron el proceso administrativo y judicial que derivó en una orden de desalojo, actualmente en instancia de ejecución.

Según explicó Pusineri, el conflicto se originó durante 2024 cuando una pareja tomó posesión de un terreno que, de acuerdo con la documentación municipal, pertenece al Estado local.

“Cuando el municipio tomó conocimiento de esta situación, se los intimó para que abandonaran el lugar. Al no ocurrir eso, se inició un proceso judicial”, señaló la funcionaria.

La secretaria indicó que las personas involucradas manifestaron haber tenido vínculos familiares con el predio durante su infancia, aunque sostuvo que nunca presentaron documentación que acreditara derechos de propiedad sobre el inmueble.

“Tenemos la obligación de resguardar los bienes del Estado. No podemos permitir este tipo de situaciones porque existen mecanismos legales para acceder a terrenos y viviendas, como los programas municipales de lotes sociales”, expresó.

Tres fallos favorables al municipio

Por su parte, el asesor legal Francisco Ferrer explicó que antes de acudir a la Justicia existieron instancias de diálogo en las que se solicitó a los ocupantes que acreditaran la titularidad que decían poseer.

“Ante la falta de documentación y la negativa a abandonar el lugar, el municipio inició la acción judicial correspondiente”, indicó.

Según detalló, la causa obtuvo tres resoluciones favorables al municipio en distintas instancias judiciales, hasta llegar al Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que recientemente ratificó la posición municipal.

“Hace aproximadamente veinte días se resolvió la última instancia y se confirmó que deben desalojar el inmueble y restituir la posesión al municipio”, afirmó Ferrer.

El letrado agregó que actualmente existe un mandamiento de desalojo radicado en el Juzgado de Paz de Crespo y que se aguarda la fijación de una fecha para concretar la medida.

La situación del inmueble

Durante la conferencia, Ferrer precisó que cuando la pareja ocupó el predio se trataba de un terreno baldío cercado posteriormente por los ocupantes.

Asimismo, explicó que años atrás existió una vivienda precaria en ese lugar, donde habría residido parte de la familia involucrada. Sin embargo, aseguró que esa construcción fue demolida por el municipio en 2019 debido a su avanzado estado de deterioro y al riesgo que representaba para terceros.

“En ese momento no había personas viviendo allí y la estructura estaba más cerca del derrumbe que de ser habitable”, sostuvo.

El destino del terreno

Consultados sobre el futuro del inmueble, las autoridades señalaron que una vez recuperada la posesión se avanzará en un trámite de usucapión para regularizar formalmente la titularidad municipal.

Según explicó Ferrer, el municipio cumple actualmente casi veinte años de posesión sobre el terreno, plazo que habilitaría el inicio de ese procedimiento judicial.

Además, remarcó que no es posible arribar a acuerdos particulares sobre terrenos públicos porque ello podría generar situaciones similares en otros sectores de la ciudad.

“Tenemos programas de acceso a terrenos y viviendas que funcionan mediante evaluaciones sociales, sorteos y procedimientos transparentes. No podemos establecer excepciones por fuera de esos mecanismos”, manifestó.

Esperan la ejecución del desalojo

Finalmente, desde el municipio señalaron que continúan las gestiones para concretar la restitución del inmueble de la manera más pacífica posible. No obstante, recordaron que el mandamiento judicial contempla la posibilidad de requerir asistencia policial en caso de ser necesario.