El jurado popular declaró culpable a César Cepeda por abuso sexual

Nogoyá.– Seis años después de aquella denuncia presentada en medio de la pandemia, y tras un proceso judicial marcado por idas y vueltas, anulaciones y demoras, César Roberto Cepeda fue declarado culpable. El veredicto del jurado popular se conoció durante la noche del martes 30 de junio, en la sede del Colegio de la Abogacía de Nogoyá: culpable de los delitos de abuso sexual simple y abuso sexual gravemente ultrajante contra dos menores, sus sobrinas políticas, que tenían tres y seis años cuando ocurrieron los hechos.

El juicio había comenzado el martes 23 de junio, con el vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay, Darío Tórtul, como juez técnico. La acusación pública estuvo a cargo del fiscal Fernando Martínez, mientras que la defensa del imputado fue ejercida por el abogado Walter Martínez. Los fiscales de la Unidad Fiscal de Nogoyá, Maite Burruchaga y Rodrigo Molina, junto al querellante particular Mariano Navarro, habían solicitado una pena de 19 años de prisión para Cepeda. La condena efectiva se conocerá el próximo 23 de julio.

Una causa que tardó seis años en llegar a juicio

Los hechos por los que fue juzgado Cepeda ocurrieron en Lucas González durante el aislamiento obligatorio dispuesto por la pandemia de Covid-19. La madre de las dos niñas las dejaba al cuidado de su hermana y de Cepeda —pareja de esa hermana— mientras cumplía con su horario laboral. Según la imputación fiscal, el acusado se valió de esa relación de confianza y del rol que ocupaba respecto de las menores para cometer los abusos de manera reiterada.

La denuncia fue presentada en 2020 por los padres de las niñas. Desde entonces, la causa transitó un camino sinuoso: en septiembre de 2022, el entonces juez de Garantías de Nogoyá, Gustavo Acosta, remitió el caso a juicio oral, decisión que fue ratificada por el vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú, Mauricio Derudi. Sin embargo, la defensa de Cepeda impugnó esa resolución ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, que en febrero de 2024 anuló la audiencia y ordenó retrotraer las actuaciones para encauzar el proceso a través del sistema de juicio por jurados.

Fue la jueza subrogante de Garantías de Nogoyá, María Gabriela Tepsich, quien finalmente no hizo lugar a los planteos de la defensa y remitió la causa al jurado popular, a fines de octubre de 2025.

Intentos de contacto con el jurado

Pero el juicio no estuvo exento de episodios un tanto extraños. Antes del inicio de las audiencias, se detectaron intentos de contacto por parte de allegados al imputado hacia miembros del jurado popular, una situación que derivó en la solicitud de prisión preventiva para Cepeda —quien hasta ese momento se encontraba en libertad— y que podría desembocar en una investigación penal separada.

El fiscal Fernando Martínez describió el episodio como algo sin antecedentes en su trayectoria. "La verdad que nunca ha pasado algo así, al menos que yo conozca", afirmó, y explicó el marco legal: "Está previsto en la Ley de Juicios por Jurados la imposibilidad que tenemos las partes de acercarnos y de tratar de contactar por cualquier medio a cualquiera de los miembros del jurado. El jurado es sagrado. Se cuida esa imparcialidad del jurado".

Según relató el fiscal, fueron dos integrantes del jurado quienes, de manera espontánea, informaron haber vivido situaciones anómalas antes del comienzo de las audiencias. Eso motivó una consulta al resto del cuerpo, que permitió establecer que había tres situaciones similares más que no habían sido reportadas. En total, cinco miembros del jurado habían recibido intentos de contacto por parte de personas identificadas como familiares muy cercanos a Cepeda.

El fiscal agregó que la "extraña coincidencia" de que los intentos de comunicación comenzaran a pocos días de haberse constituido el jurado popular, fue parte de su alegato en la audiencia en la que se ordenó la prisión preventiva de Cepeda. La investigación de esos contactos quedará a cargo de la fiscal Sofía Pittaluga, quien deberá determinar si los hechos ameritan una causa penal independiente.

La bandera que no bajó

Durante todos esos años de proceso judicial, el padre de las niñas no guardó silencio. Corredor de ultramaratón, convirtió cada competencia en una herramienta de visibilización: en cada carrera desplegó una bandera con la leyenda "Los niños no mienten", consigna que se transformó en símbolo de su lucha. Organizó carreras de concientización en Lucas González y completó una ultramaratón que unió las localidades de Ramírez y Lucas González bajo esa misma bandera. El martes a la noche, el veredicto del jurado le dio la razón.