El juez de Faltas, de licencia tras una denuncia por violencia familiar
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Fue denunciado por su esposa y derivó en una orden de restricción y la entrega de un botón antipánico por 90 días. Se ausentará durante un mes sin goce de sueldo. El Juzgado continuará funcionando bajo la responsabilidad del secretario. El caso reavivó la polémica por su designación sin concurso.
Victoria. Una compleja situación institucional se generó en la Municipalidad luego de que tomaran estado público las medidas adoptadas por la Justicia y el Departamento Ejecutivo respecto del juez de Faltas, Alfonso Azpeitía, en el marco de una causa por presunta violencia familiar.
La intervención judicial se originó a partir de una denuncia presentada el 18 de julio por la esposa del funcionario. Al día siguiente, el titular del Juzgado de Familia, Juan Eduardo Lloveras, firmó un mandamiento policial que dispuso la exclusión del hogar del letrado por un plazo de 90 días.
La resolución también establece la prohibición de acercamiento a menos de 200 metros de la denunciante, comprendiendo su domicilio, lugar de trabajo, estudio y demás ámbitos de concurrencia habitual. Asimismo, ordenó la provisión de un botón antipánico para la mujer.
Frente al impacto institucional del caso, la gestión encabezada por la intendenta Isa Castagnino resolvió, de común acuerdo con el funcionario, otorgarle una licencia de 30 días sin goce de sueldo, a la espera de la evolución de la causa judicial.
Mientras tanto, para garantizar la continuidad del servicio y evitar demoras en la atención de los contribuyentes, el funcionamiento del Juzgado de Faltas quedó provisoriamente a cargo del secretario, Elías Cesarego.
Cuestionamientos a la designación y eventual destitución
El episodio reavivó el debate político e institucional sobre el origen de la designación del magistrado municipal.
En su momento, la oposición cuestionó el nombramiento efectuado por el Departamento Ejecutivo, con el aval de la mayoría del Concejo Deliberante, al sostener que se había omitido el concurso público previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica de Municipios (Ley Nº 10.027), mecanismo destinado a garantizar la idoneidad de quien ocupa el cargo.
No obstante, tal como ocurrió en oportunidades anteriores, la designación contó con la aprobación de la mayoría del Concejo Deliberante, requisito que efectivamente se cumplió antes de la designación de Azpeitía.
La legislación vigente también contempla mecanismos que podrían derivar, según el desarrollo de los acontecimientos y los procedimientos correspondientes, en un eventual proceso de remoción del funcionario.
La oposición
Luciana Zorzabal (PV)
La concejal Luciana Zorzabal afirmó:
"Nosotros no tenemos información ni comunicación oficial alguna sobre la denuncia contra el funcionario ni sobre la licencia. Lo que sabemos surge de lo publicado por los medios; al Concejo no se le comunicó nada formalmente".
Explicó que, durante la sesión ordinaria del jueves pasado, presentó un pedido de informes dirigido al Departamento Ejecutivo y otro al Área de la Mujer para conocer si existe o se encuentra en elaboración un protocolo de actuación para este tipo de situaciones. También solicitó precisiones sobre los plazos previstos para informar estos casos al Ejecutivo y al Concejo Deliberante, así como las medidas adoptadas.
"Entendemos que es un asunto serio y debe abordarse con responsabilidad", expresó.
Alejandro Rees (PV)
Por su parte, el concejal Alejandro Rees sostuvo:
"Como concejal, creo que este tipo de situaciones deben invitarnos a una reflexión institucional. Victoria mantiene vigente la Emergencia en materia de Violencia de Género, lo que nos exige, como Estado, actuar con la mayor responsabilidad y coherencia posible".
Agregó que, cuando una denuncia involucra a un funcionario que ejerce autoridad y tiene la responsabilidad de aplicar normas o impartir justicia en el ámbito de las faltas municipales, resulta indispensable que las instituciones adopten medidas destinadas a preservar la confianza de la ciudadanía y garantizar el normal funcionamiento del servicio público.
Consideró que la licencia otorgada constituye una decisión administrativa orientada a atender una situación excepcional mientras la Justicia determina los hechos.
"Corresponde que la investigación avance con independencia, sin prejuzgamientos y con pleno respeto por los derechos de todas las partes", señaló.
El edil recordó además que este episodio vuelve a poner en agenda un proyecto presentado por su bloque en 2024 para que el cargo de juez de Faltas sea cubierto mediante un concurso público de antecedentes y oposición.
"Nuestra propuesta no estaba dirigida a una persona en particular, sino a fortalecer la institucionalidad, garantizando procesos de selección transparentes, basados en el mérito, la idoneidad y la independencia", afirmó.
Y concluyó:
"Más allá de cómo concluya este caso concreto, considero que es un momento oportuno para retomar ese debate".
Redes sociales
Rees también manifestó su preocupación por el tratamiento del caso en las redes sociales.
"No somos nosotros quienes debemos sacar conclusiones ni mucho menos prejuzgar. Detrás de todo conflicto familiar hay personas, hijos y vínculos que pueden sufrir un daño aún mayor por comentarios realizados sin conocimiento de los hechos o sin medir las consecuencias de las palabras."
