El Gobierno proyecta «formalizar» con un monotributo productivo al sector de la economía popular
Buenos Aires (NA).- El proyecto de ley para fomentar el desarrollo de la economía popular, que analiza el gobierno, promueve el otorgamiento de créditos, el acceso a una obra social y aportes jubilatorios, en busca de regularizar a los trabajadores del sector, según revelaron fuentes oficiales.
La iniciativa impulsa la creación de un monotributo productivo con incentivos para incluir pequeños contribuyentes y regularizar a aquellos que realizan tareas informalmente.
Se trata de una ley puente de inclusión al régimen simplificado para pequeños contribuyentes que además de promover el acceso a una jubilación y cobertura de salud, contempla una reducción de aportes del monotributo. Por cuatro años el Estado se hace cargo del pago del componente impositivo del monotributo en forma permanente a todas las personas registradas en las categorías A, B y C.
Entre los beneficiarios de la ley estarán los nuevos monotributistas de las categorías A a la C y el nuevo régimen reemplaza al monotributo social y promovido, mientras quienes opten por permanecer en el anterior régimen, podrán hacerlo.
Según la portavoz gubernamental Gabriela Cerruti el proyecto buscará fomentar la registración laboral y tributaria y la inclusión financiera de los trabajadores de la economía popular. «Es un proyecto que están trabajando varios ministerios con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), para aquellas personas que quieran pasar de la economía social a registrarse como monotributistas», dijo Cerruti y agregó que «es un incentivo muy fuerte para que la economía social se registre», pero dejó claro que no se está hablando de «gente que pasa del plan social al trabajo», porque es gente que «ya trabaja en la economía social», y cuya necesidad es ser parte de «un circuito formal»..
La norma facilitará el acceso a créditos para la adquisición de máquinas y herramientas, capacitación, complementos de ingresos y proyectos productivos.
Alcanzará a los mayores de 18 años; que tendrán que estar inscriptos en el ReNaTEP, no ser titular de más de dos inmuebles, ni titular de más de tres automóviles. En ambos casos -inmuebles y automóviles- uno de esos bienes debe estar afectado al emprendimiento económico.
Los requisitos actuales adicionales del ReNaTEP son: no ser empleador, ni ser contribuyente del Impuesto a las Ganancias y poseer un máximo de tres actividades independientes
De aceptarse esta iniciativa, todos los trabajadores en el ReNaTEP pasarán a estar inscriptos en el Monotributo Productivo y, en la medida que cumplan los requisitos de permanencia en ese Registro, continuarán su condición de inscripción vigente en el Monotributo.
La iniciativa oficial propone la creación del Fondo Fiduciario para la Promoción del Crédito No Bancario, para impulsar el acceso al financiamiento del sector de la Economía Popular, a través de créditos productivos con bonificación de tasas y otorgamiento de garantías para financiamiento bancario y promoción de capacitación y asistencia técnica.
La administración del fondo estará a cargo de un Comité Ejecutivo, presidido por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y con el ministerio de Economía como autoridad de aplicación y el banco BICE como ente fiduciario. .
El financiamiento de ese fondo provendrá de aportes del Estado y las provincias y de organismos públicos, privados y multilaterales y de fondos provenientes de la colocación por oferta pública de valores negociables emitidos por el Fondo a través del mercado de capitales. .
Las entidades financieras reguladas por el Banco Central deberán destinar un mínimo del 1,50% de la responsabilidad patrimonial al otorgamiento de crédito para proyectos productivos con impacto social presentados por cooperativas y emprendedores de la Economía Popular, según indicaron las fuentes oficiales. Los beneficiarios del nuevo régimen podrán también acceder a ser proveedores del Estado, estableciendo una reducción de requisitos y de las garantías y una preferencia de precios de hasta 5% por sobre PyMES nacionales y hasta 25% por sobre empresas extranjeras en las licitaciones oficiales.