El Gobierno elimina el control estatal sobre los aranceles de los colegios privados tras más de tres décadas de regulación

La medida fue formalizada a través del Decreto 787/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, y representa un cambio estructural en el esquema de supervisión de precios que regía para matrículas y cuotas escolares. Desde ahora, las instituciones privadas podrán fijar libremente los valores de sus servicios educativos, sin necesidad de solicitar autorización previa ni de comunicar los montos al Estado nacional.

El fin de una era de controles

Según los fundamentos oficiales, el decreto derogado “imponía limitaciones y requerimientos que dificultaban la adaptación de los institutos de enseñanza privada a las realidades educativas y económicas del país”.

El texto argumenta que el sistema vigente hasta ahora respondía a una etapa histórica en la que la educación estaba bajo administración nacional, y que con el traspaso de competencias a las provincias resultaba necesario revisar el marco normativo. El objetivo, sostiene el Gobierno, es promover “un entorno más propicio” para la gestión de los establecimientos privados y favorecer “la libertad de organización y contratación”.

El nuevo decreto también advierte que la intervención estatal en la fijación de aranceles “ha generado efectos contraproducentes que afectan el funcionamiento y la viabilidad económica” del sector. En particular, menciona que la obligación de informar y obtener autorización previa para modificar las cuotas “limita la capacidad de adaptación de los colegios frente a las fluctuaciones del mercado”.

De acuerdo con esa lógica, la imposibilidad de ajustar las tarifas con agilidad habría llevado a muchas instituciones a fijar precios iniciales más altos al comenzar el ciclo lectivo, como forma de previsión ante eventuales aumentos no autorizados, encareciendo innecesariamente el costo para las familias.

Libertad para fijar precios y salarios

En la misma línea, el Gobierno subrayó que los colegios privados “deberían tener la libertad de fijar sus condiciones de contratación y los salarios de sus empleados sin requerir autorización estatal”, en defensa del derecho de propiedad y de la libre iniciativa privada.

Desde el punto de vista oficial, la rigidez de los controles podría incluso “afectar la calidad educativa”, al impedir que las instituciones reaccionen con rapidez ante los incrementos en los costos de mantenimiento, insumos o remuneraciones docentes.

Impacto en las provincias

En el plano provincial, el Consejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos informó que el Decreto Nacional Nº 787/2025 alcanza a 19 entidades educativas no subvencionadas por el Estado, que se sostienen íntegramente mediante los aranceles abonados por las familias.

A partir de esta medida, dichas instituciones ya no deberán solicitar autorización al Estado nacional para modificar o actualizar sus cuotas y matrículas. El CGE explicó que la disposición busca “actualizar el marco normativo de acuerdo con la organización federal del sistema educativo”, otorgando mayor autonomía a las jurisdicciones provinciales en la definición de sus propios criterios de regulación y supervisión.

Por su parte, la Dirección de Educación de Gestión Privada del CGE se encuentra analizando los alcances operativos y jurídicos del nuevo decreto en coordinación con la Dirección Nacional de Educación Pública de Gestión Privada, con el propósito de garantizar claridad normativa, seguridad jurídica y previsibilidad institucional en el funcionamiento del sistema educativo provincial.

Sin cambios para las escuelas subvencionadas

El organismo aclaró además que las escuelas con aportes estatales —es decir, aquellas que reciben subvención del Estado provincial— no están alcanzadas por el nuevo régimen.

Estas instituciones continuarán regidas por la Resolución Nº 1.332/25 del CGE, que fija los aranceles vigentes para el presente año, manteniendo sin modificaciones su régimen de funcionamiento ni los procedimientos administrativos y económicos establecidos.