Economía
El Gobierno deja de subsidiar pasajes gratuitos en micros de larga distancia: qué cambia y cómo podría impactar en Entre Ríos
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El Gobierno nacional resolvió dejar de financiar las compensaciones económicas que recibían las empresas de micros de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, pacientes trasplantados y menores con cáncer, aunque aclaró que el derecho de estos usuarios a viajar sin costo continúa vigente.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada en el Boletín Oficial, que elimina el esquema mediante el cual el Estado nacional reconocía parcialmente a las empresas el costo de esos boletos establecidos por ley.
Hasta ahora, ese sistema alcanzaba a beneficiarios contemplados en distintas normativas nacionales: personas con discapacidad, pacientes trasplantados o en lista de espera del SINTRA y niños bajo tratamiento oncológico.
Un cambio en la relación entre el Estado y las empresas
Desde el Ejecutivo nacional sostienen que el esquema de subsidios había sido creado en un contexto de emergencia y respondía a un modelo de fuerte intervención estatal sobre el sistema de transporte.
Con la desregulación del transporte interjurisdiccional impulsada por el Decreto 883/2024, el Gobierno considera que las empresas ahora cuentan con mayor libertad para fijar tarifas, recorridos y horarios, por lo que deberían incorporar ese costo dentro de su estructura operativa.
En otras palabras: el Estado deja de compensar económicamente a las empresas, pero mantiene la obligación legal de otorgar esos pasajes gratuitos.
La gratuidad del beneficio sigue vigente
La nueva resolución no elimina el derecho de acceso gratuito al transporte para los sectores protegidos por ley.
Las personas con discapacidad, pacientes trasplantados y menores con cáncer seguirán pudiendo solicitar pasajes sin cargo en micros de larga distancia, tal como lo establecen las leyes nacionales vigentes.
Desde Nación remarcaron que el cambio impacta exclusivamente en la relación financiera con los operadores privados, no en los derechos de los pasajeros.
Qué puede pasar en Entre Ríos
La decisión genera atención en provincias como Entre Ríos, donde miles de usuarios dependen del transporte terrestre de larga distancia para tratamientos médicos, trámites y derivaciones hacia centros de mayor complejidad.
Ciudades como Paraná, Crespo, Nogoyá, Victoria, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Concordia y La Paz mantienen una fuerte conexión terrestre con centros sanitarios de referencia en Buenos Aires, Rosario, Santa Fe y Córdoba, destinos habituales para pacientes oncológicos, trasplantados o personas con discapacidad que requieren atención especializada.
En ese contexto, la preocupación podría centrarse en dos puntos:
Posible presión sobre las empresas
Al dejar de percibir la compensación estatal, las compañías podrían absorber internamente ese costo operativo. Aunque la normativa las obliga a seguir otorgando los pasajes, el sector privado podría plantear reclamos o advertir sobre impacto económico, especialmente en corredores de menor rentabilidad.
Mayor control sobre el cumplimiento
En una provincia donde el micro de larga distancia continúa siendo clave para conectar localidades medianas y pequeñas con grandes centros urbanos, el acceso efectivo al beneficio dependerá del control estatal.
Por eso, la resolución encomienda a la CNRT mantener las tareas de fiscalización para garantizar que las empresas cumplan con la entrega de boletos gratuitos.
Un tema sensible para familias entrerrianas
En Entre Ríos, muchas familias utilizan este beneficio para viajes frecuentes vinculados a tratamientos médicos complejos, rehabilitación, controles o derivaciones sanitarias fuera de la provincia.
Si bien el Gobierno asegura que no se pierde el derecho, el desafío será verificar si el nuevo esquema se traduce en un acceso normal al servicio o si aparecen dificultades operativas, demoras o restricciones informales en la asignación de pasajes.
Por ahora, la gratuidad continúa vigente. Pero el impacto real de la medida comenzará a observarse en los próximos meses, especialmente en provincias como Entre Ríos, donde el transporte terrestre sigue siendo una herramienta esencial de conectividad social y sanitaria.
