El ex Intendente Darío Garcilazo irá a juicio oral

Victoria.- La información fue adelantada por Paralelo32 un par de semanas atrás, cuando la causa “Rubén Darío Garcilazo/ enriquecimiento ilícito” estaba en etapa de definición. El pasado 17 de abril el Juez de Garantías, Alejandro Calleja, en el marco de las pruebas obrantes, elevó la causa a juicio que se llevará a cabo ante el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay. 

El caso se remonta al año 2015, cuando un particular presentó una denuncia contra el ex intendente municipal, solicitando la intervención de la justicia para investigar posibles delitos relacionados con enriquecimiento ilícito. 

La fiscalía local comenzó a reconstruir la situación patrimonial del denunciado, se realizaron más de 40 medidas probatorias, basadas en informes de entidades públicas y privadas; en principio para conocer el activo del patrimonio y las deudas que canceló.

A finales de 2016 se agotaron las medidas previamente dispuestas y, con el fin de verificar de manera fehaciente la denuncia, el fiscal solicitó una verificación ante el cuerpo de auditores del Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Este determinó que había una diferencia de 1 millón de pesos (*)  entre el capital declarado y lo que realmente pudo justificar a valores del 2014/15.

Oportunamente Garcilazo afirmó que la diferencia fue aportada por un familiar, pero el Fiscal igualmente imputó al ex intendente.  

Próximos pasos

La doctora Florencia Bascoy, a cargo de la oficina de Gestión de Audiencias (OGA) de Gualeguay, explicó a Paralelo32 que “como se trata de una causa contra la administración pública corresponde la conformación de un tribunal; no es unipersonal como vienen siendo todas las causas. Ese tribunal se conformó el día 27 con los doctores Tórtul como presidente, el doctor Cadenas como vocal de 2° voto, y la doctora Matilde Federik como vocal de 3er voto”.

Amplió que recién ahora notifican la conformación del tribunal y luego quedarán en condiciones para fijar audiencia. “Todavía estamos en plazo para que las partes pudieran objetar el tribunal, y recién la semana que viene estaríamos en condiciones de fijar una fecha de juicio. En principio, a grandes rasgos, yo tengo completa la agenda de este año, por lo que probablemente esto pase para al año que viene”.

Antecedentes

En varias oportunidades nuestro medio abordó el caso, dando cuenta de distintos procedimientos dilatorios fueron postergando decisiones, que finalmente terminaron en la elevación a juicio. En general se reiteraron recusaciones de fiscales y jueces que en la totalidad de los casos, no prosperaron, pasado un determinado período de tiempo, el expediente volvía a la justicia de Victoria para continuar con el tratamiento de la causa.

También se especuló con la posibilidad de suspender el juicio a prueba u otro tipo de acuerdo alternativo, en el intento de que el imputado cumpliera con la ley realizando tareas o ayuda comunitaria. Sin embargo, la naturaleza del delito investigado, que involucra a un funcionario público en ejercicio de sus funciones, no dejó alternativa para evitar el juicio.

La persona procesada enfrenta una presunción de delito basada en las evidencias; será el Tribunal quien decidirá su culpabilidad y, si corresponde, la pena a aplicar, que contempla resarcimiento e inhabilitación para ejercer cargos públicos (CP art.19/20).

(*) La diferencia entre lo declarado y el capital que no pudo demostrar, fue de 1 millón de pesos en el 2015. Para actualizar ese monto, se aplica una actualización según dólar, más una tasa en vigencia del Banco Nación. El dólar, en el 2015, osciló entre 8,50 y 13 pesos a lo largo del año.