El comercio ilícito representa el 5% del PBI argentino y advierten sobre la competencia desleal
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Un estudio de Insight·LAC señala que las diferencias de precios, las barreras regulatorias y las debilidades en los controles favorecen la informalidad. El informe propone mejorar la fiscalización aduanera, integrar información estatal y simplificar los trámites para facilitar la formalización de pequeños comerciantes.
El comercio ilícito representa el 5,06% del Producto Bruto Interno (PBI) de Argentina, según datos de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI) citados en un estudio de 2025. El fenómeno plantea un desafío para las empresas que cumplen con sus obligaciones tributarias y compiten con productos comercializados fuera de los circuitos formales.
El informe “Contrabando: el rol del Estado y de las plataformas de e-commerce”, elaborado por Insight·LAC, identifica entre los principales factores que favorecen estas prácticas las diferencias impositivas, las barreras regulatorias y las debilidades en los mecanismos de control.
El estudio sostiene que estas condiciones generan incentivos para operar fuera de la economía formal y afectan la competitividad de los comercios que cumplen con las normas.
Las diferencias de precios, bajo análisis
Uno de los aspectos destacados por el informe es la brecha de precios entre los mercados formales e informales.
Según el relevamiento, en productos electrónicos y celulares de alta gama las diferencias alcanzan entre el 30% y el 40%. En indumentaria, en tanto, se identificaron productos equivalentes con precios entre 2,5 y 4,5 veces inferiores a los publicados en comercios electrónicos formales.
Frente a este escenario, Insight·LAC plantea que combatir la informalidad requiere combinar controles más eficientes con medidas que faciliten el cumplimiento de las obligaciones legales.
Entre las propuestas se encuentran integrar información de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Aduana y organismos técnicos para detectar operaciones de riesgo, además de simplificar trámites y requisitos que dificultan la formalización de pequeños comerciantes.
“Simplificar el sistema impositivo no significa retirar al Estado de sus responsabilidades”, sostuvo Ana Basco, directora de Insight·LAC. La especialista consideró necesario fortalecer la inteligencia aduanera, mejorar el intercambio de información pública con garantías de seguridad y protección de datos, y revisar las regulaciones que generan costos innecesarios.
En ese sentido, afirmó que el contrabando debe abordarse como un problema relacionado con los controles y los incentivos económicos, y no atribuirse a la intermediación digital.
El comercio electrónico creció un 9% real durante 2025
El diagnóstico se presenta en un contexto de caída del consumo minorista y expansión del comercio electrónico. De acuerdo con el estudio, las ventas digitales registraron un crecimiento real del 9% durante 2025 respecto del año anterior.
En ese período, el canal alcanzó los 25 millones de compradores y sumó 1,3 millones de nuevos usuarios. Además, se contabilizaron 253 millones de transacciones, un 3% más que en 2024.
El informe señala que 15 de cada 100 pesos gastados en el comercio minorista pasaron por canales digitales. Según el análisis, esta modalidad continúa ampliando su participación y complementa al comercio físico, aunque no lo reemplaza por completo.
Otro aspecto destacado es la trazabilidad de las operaciones. Durante 2025, el 99% de los pagos del comercio electrónico se realizó mediante medios distintos del efectivo, lo que genera registros que pueden contribuir a una fiscalización más eficiente.
El impacto en las PyMEs y el empleo
El crecimiento de las ventas por internet también tiene efectos sobre la actividad empresarial y el empleo. Según los datos incluidos en el estudio, durante 2025 el 44% de las empresas que comercializan productos a través de marketplaces incorporó personal o reasignó trabajadores a esas tareas.
Además, el canal digital representa casi el 48% de la facturación de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) relevadas en distintas regiones del interior del país.
Para Paula Garnero, directora de Insight·LAC, el desafío consiste en aprovechar el desarrollo del comercio electrónico para ampliar las oportunidades comerciales, fortalecer a las PyMEs y generar empleo en todo el territorio nacional.
La especialista remarcó la importancia de utilizar mejor la información disponible y diseñar políticas públicas que reduzcan los incentivos para operar fuera de la legalidad.
Más información y controles coordinados
Como propuesta central, Insight·LAC plantea avanzar hacia un sistema de fiscalización basado en tres ejes: interoperabilidad de datos, análisis de riesgo y coordinación entre organismos públicos.
El objetivo es mejorar la identificación de operaciones irregulares y concentrar los recursos de control en los casos donde puedan resultar más efectivos, especialmente en el comercio transfronterizo.
El estudio sostiene que fortalecer la capacidad de fiscalización del Estado y simplificar el cumplimiento de las normas son medidas complementarias. Según el informe, ambas acciones permitirían reducir la competencia desleal, ampliar la base tributaria y generar mejores condiciones para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas.
Acerca de Insight·LAC
Insight·LAC es un centro de investigación y consultoría integrado por un equipo multidisciplinario de profesionales comprometidos con el desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe. Con una trayectoria de más de 20 años, sus miembros combinan investigación aplicada, consultoría económica, pensamiento estratégico y conocimiento de los ámbitos público y empresarial para contribuir al análisis de los desafíos y las oportunidades de la región. Sus áreas de trabajo incluyen el comercio, la digitalización, la inteligencia artificial, el desarrollo productivo, la integración regional, el género y la sustentabilidad, con foco en la generación de conocimiento que aporte valor al diseño de políticas públicas y a la toma de decisiones.
