DNU 70/2023: qué podría cambiar en los alquileres, las prepagas y el comercio exterior
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Un informe de Zentrix Consultora analiza los posibles efectos de una derogación del decreto impulsado por Javier Milei. Los cambios podrían alcanzar a los contratos de alquiler, las cuotas de la medicina prepaga y las reglas para exportar e importar. La incertidumbre jurídica aparece como uno de los principales riesgos de la transición.
La Cámara de Diputados tiene previsto debatir el rechazo del DNU 70/2023, una norma que introdujo cambios en distintas áreas de la economía argentina. Si la Cámara baja también vota en contra, el decreto quedaría derogado, luego del rechazo que el Senado aprobó en marzo de 2024.
Un análisis de Zentrix Consultora advierte que los efectos de una eventual derogación se concentrarían especialmente en tres sectores: los alquileres, la medicina prepaga y el comercio exterior. Según el estudio, el principal problema no sería solamente el cambio de las reglas vigentes, sino la falta de una transición que determine con claridad qué normas se aplicarían después.
El informe sostiene que la caída del decreto no necesariamente restablecería de manera automática todas las leyes que fueron derogadas por esa vía. Por eso, la definición del marco normativo y el tratamiento de los contratos existentes serían centrales para evitar conflictos entre particulares y empresas.
Alquileres: posibles cambios en los contratos
Uno de los sectores que podría experimentar cambios es el mercado inmobiliario. El DNU 70/2023 derogó la Ley de Alquileres 27.551 y amplió la libertad de las partes para acordar el plazo, la moneda y los mecanismos de actualización de los contratos.
Según Zentrix, una eventual derogación podría abrir una discusión sobre las reglas que se aplicarían a los nuevos alquileres, incluidos los plazos mínimos y los mecanismos de actualización.
El informe advierte que la coexistencia de contratos celebrados bajo diferentes marcos normativos podría generar incertidumbre para propietarios e inquilinos. También plantea que una eventual vuelta a regulaciones anteriores podría reducir la oferta de viviendas en alquiler y favorecer otras modalidades, como los contratos temporarios.
Sin embargo, estos efectos no serían automáticos. Su alcance dependería de las normas que finalmente resulten aplicables y de las decisiones que adopten propietarios, inquilinos y operadores inmobiliarios.
El estudio también analiza las obligaciones pactadas en moneda extranjera y advierte que los cambios en las reglas sobre el pago de deudas podrían incidir en el financiamiento privado para la compra de inmuebles y bienes de capital.
Medicina prepaga: cuotas y elección de cobertura
La salud privada es otro de los ámbitos que el informe identifica como sensible. El DNU modificó el régimen de las empresas de medicina prepaga, al eliminar la autorización estatal previa para sus aumentos, y habilitó cambios en el sistema de derivación de aportes de los trabajadores.
Una eventual derogación podría reabrir el debate sobre los mecanismos de autorización de las cuotas y las condiciones para elegir una cobertura médica.
Zentrix señala que una mayor regulación de los aumentos podría ofrecer previsibilidad a los afiliados en el corto plazo. No obstante, advierte que, si las cuotas no acompañan la evolución de los costos del sistema, podrían aparecer tensiones sobre la calidad de las prestaciones, los copagos y los pagos a clínicas y profesionales.
El alcance de esos efectos dependerá de las disposiciones que se restablezcan y de cómo se resuelva la situación de los afiliados que ya realizaron cambios de cobertura.
Comercio exterior: reglas para exportar e importar
El tercer frente señalado por la consultora es el comercio exterior. El decreto limitó las posibilidades de establecer restricciones económicas a las exportaciones e importaciones sin una ley del Congreso.
Si esa disposición dejara de regir, el Poder Ejecutivo podría recuperar facultades para imponer determinadas restricciones mediante otras normas, dentro de las competencias que le reconozca el marco legal vigente.
Para Zentrix, esa posibilidad puede influir en las decisiones de las empresas exportadoras, que suelen organizar sus inversiones y operaciones con meses de anticipación. El informe también advierte sobre el impacto que podrían tener los registros obligatorios y las demoras administrativas en las pequeñas y medianas empresas.
La incertidumbre sobre las reglas comerciales podría afectar especialmente a las firmas que buscan ingresar a mercados externos o que cuentan con menos recursos para afrontar cambios regulatorios.
Otros sectores también podrían verse alcanzados
El análisis incluye posibles modificaciones en las compras públicas, los aranceles de las tarjetas de crédito, las condiciones de acceso a las góndolas de las grandes cadenas comerciales y la regulación de la actividad yerbatera.
De acuerdo con el estudio, una eventual recuperación de mecanismos como el Compre Argentino favorecería la participación de proveedores nacionales en las compras estatales. En contrapartida, podrían aumentar los costos para el sector público.
También podrían modificarse las condiciones para los comercios que operan con tarjetas y para las pequeñas y medianas empresas que buscan espacio en las grandes cadenas de supermercados.
El informe plantea, además, que la derogación podría devolver al Estado herramientas de intervención sobre precios y abastecimiento. El efecto concreto de cada medida dependería de las normas que efectivamente volvieran a regir y de su aplicación.
La transición, una de las principales incógnitas
Para Zentrix Consultora, una eventual derogación no implicaría necesariamente un cambio inmediato en el régimen cambiario, monetario, tributario o laboral, aunque sí podría modificar reglas que afectan las decisiones de hogares y empresas.
El punto central sería determinar qué disposiciones quedarían vigentes después de la caída del decreto y cómo se resolverían las situaciones iniciadas bajo el régimen anterior.
Sin reglas de transición claras, sostiene el informe, podrían aumentar los litigios y postergarse decisiones vinculadas con contratos, inversiones y operaciones comerciales.
El debate sobre el DNU 70/2023, por lo tanto, no se limita a decidir si el decreto continúa vigente. También involucra la definición del marco legal que ordenará las relaciones entre el Estado, las empresas y los ciudadanos una vez resuelta la cuestión legislativa.
