Política
Diputadas y diputados justicialistas repudian el atropello de Milei a la libertad de expresión
/https://paralelo32cdn.eleco.com.ar/media/2024/11/diputados_de_mas_para_entre_rios_no_acompanaron_el_dictamen_de_mayoria_sobre_la_reforma_electoral.jpeg)
El bloque de diputadas y diputados “Más Para Entre Ríos” expresó un enérgico repudio al fallo del juez Alejandro Maraniello, que restringió la difusión en medios de comunicación de audios atribuidos a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. La bancada advirtió que la resolución judicial, impulsada a pedido del presidente Javier Milei, constituye un grave atentado contra la libertad de expresión y contra el ejercicio del periodismo en la Argentina.
Según señalaron las y los legisladores, la medida judicial que aplicó censura a la plataforma Carnaval Stream y a periodistas que allí trabajan “no solo afecta gravemente el ejercicio periodístico, sino que también vulnera preceptos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional y en pactos internacionales suscritos por el país”.
El bloque recordó que “son escasos los episodios de semejante gravedad que los argentinos hemos vivido desde el retorno de la democracia”, y advirtió que la denuncia formulada por las máximas autoridades nacionales, basada en una supuesta operación de espionaje internacional, “carece de sustento y parece dirigida a distraer la atención respecto de las graves medidas que se solicitan, que incluso incluyen el allanamiento del domicilio de periodistas”.
En su comunicado, las diputadas y diputados entrerrianos remarcaron que el fallo “vulnera derechos constitucionales, infringe el Pacto de San José de Costa Rica –que consagra el derecho a expresar ideas sin censura previa–, ataca el derecho de los periodistas a desempeñar su función y afecta también a la ciudadanía en su derecho a acceder a información veraz y oportuna, sostén fundamental del sistema democrático”.
Finalmente, alertaron sobre la gravedad de que “las máximas autoridades del país utilicen el poder que detentan para vulnerar derechos y quebrantar garantías constitucionales”, en un contexto de crisis económica y social que, según advirtieron, “no puede naturalizar atropellos de esta magnitud”.
