Derechos digitales: advierten sobre las barreras que enfrentan las personas mayores

La digitalización transformó la manera en que las personas realizan trámites, acceden a servicios bancarios y de salud, compran, se informan y ejercen sus derechos. Sin embargo, este proceso también genera dificultades para quienes no cuentan con las herramientas o los conocimientos necesarios para desenvolverse en los entornos digitales.

En particular, las personas mayores enfrentan nuevas barreras vinculadas con la complejidad de los trámites electrónicos, la eliminación de canales de atención presencial y el diseño poco accesible de algunas plataformas.

Frente a este escenario, la Asociación de Usuarios de Internet (AUI) planteó la necesidad de garantizar que todas las personas puedan utilizar la tecnología con autonomía, seguridad y confianza, sin que la edad se convierta en una causa de discriminación.

Así lo expresó en un documento Miguel Pérez Subías, presidente de la entidad, quien sostuvo que no alcanza con poner herramientas tecnológicas a disposición de la ciudadanía: también es necesario asegurar que puedan ser utilizadas sin afectar el ejercicio de derechos.

La accesibilidad como parte de los derechos digitales

La Asociación de Usuarios de Internet participó en los procesos de reflexión y elaboración de propuestas que dieron lugar a la Carta de Derechos Digitales, una iniciativa que reconoce la necesidad de preservar los derechos fundamentales también en el entorno tecnológico.

Desde la entidad destacaron la importancia de garantizar la accesibilidad universal, la asistencia personalizada, la transparencia de los sistemas automatizados y la protección frente a fraudes y abusos.

En el caso de las personas mayores, consideran que la digitalización de los servicios públicos y privados debe estar acompañada por instancias de formación, apoyo humano y alternativas de atención para quienes no cuentan con competencias digitales suficientes.

La organización también vinculó esta problemática con el Día Mundial de Internet, que impulsa cada año como un espacio de participación y debate sobre el desarrollo de una ciudadanía digital inclusiva.

En ese marco, planteó que la sostenibilidad digital no debe medirse solamente por la velocidad de las conexiones o la cantidad de servicios disponibles en línea, sino también por su capacidad para reducir las desigualdades y garantizar la participación de todos los sectores de la sociedad.

Formación digital para fortalecer la autonomía

Otro de los espacios mencionados por la asociación es su participación en actividades de EMANCIPATIC, orientadas a promover la alfabetización digital, la autonomía personal y la inclusión tecnológica de las personas mayores.

Según Pérez Subías, estas experiencias permiten conocer las necesidades concretas de este sector y desarrollar iniciativas para que la tecnología sea una herramienta de independencia y no de dependencia.

El planteo va más allá de enseñar a utilizar un teléfono celular, una aplicación bancaria o una plataforma para realizar trámites. La propuesta apunta a que las personas mayores puedan comprender los servicios digitales, tomar decisiones, realizar reclamos y participar sin temor ni necesidad de depender permanentemente de terceros.

Reclaman una transición digital inclusiva

Desde la Asociación de Usuarios de Internet consideraron necesario avanzar en políticas públicas y compromisos del sector privado que contemplen el impacto de la digitalización sobre las personas mayores.

Entre las medidas que proponen se encuentran evaluar las consecuencias de eliminar los canales tradicionales de atención, mantener alternativas humanas en servicios esenciales, diseñar tecnologías accesibles desde su origen y sostener programas de formación y acompañamiento.

“La digitalización será verdaderamente democrática si amplía derechos, no si los condiciona”, sostuvo Pérez Subías.

El documento concluye con un llamado a construir una sociedad digital que no deje atrás a quienes tienen mayores dificultades para adaptarse a los cambios tecnológicos. La inclusión de las personas mayores, plantea la entidad, es una condición necesaria para que el progreso digital sea también socialmente justo.