Cuando denunciar el bullying convierte a la familia en el problema

Una familia que denuncia acoso escolar está pidiendo algo elemental: que su hijo pueda aprender sin miedo. Si la respuesta consiste en cuestionar su insistencia, minimizar lo ocurrido o sugerirle que busque otro colegio, el problema se agrava. El niño sigue necesitando protección y sus padres deben defender, además, la legitimidad de haber pedido ayuda. El caso de hostigamiento denunciado por una adolescente de Catamarca durante un viaje de egresados a Bariloche volvió a poner bajo examen la respuesta adulta. La información publicada describe agresiones entre estudiantes y una actuación institucional que está siendo investigada. La escuela sostuvo que intervino cuando tomó conocimiento. Las responsabilidades deberán esclarecerse. El debate que abre el caso alcanza a todas las instituciones educativas.

En notas anteriores planteé que la prepotencia puede aprenderse de los adultos y que la escuela no siempre logra frenarla. Hoy necesitamos avanzar sobre otra pregunta: ¿qué ocurre cuando la institución recibe una denuncia y el daño continúa? Reunirse con los padres, labrar un acta o anunciar que se habló con los alumnos no demuestra que el problema esté resuelto. La respuesta debe evaluarse por lo que cambia en la vida del chico. El desplazamiento del foco puede comenzar con una descalificación. La madre pasa a ser “conflictiva”; el padre, “exagerado”. El reclamo se interpreta como una amenaza a la convivencia o al prestigio del colegio. Así, la conversación deja de centrarse en las agresiones que deben detenerse y se ocupa de la incomodidad que produce quien las señala. La insistencia de una familia no debería utilizarse para desacreditar el sufrimiento de su hijo.

Cuando una escuela conoce el hostigamiento y no adopta medidas efectivas, su omisión debe ser examinada. La institución tiene que explicar qué hizo, por qué no logró detener las agresiones y cómo va a corregir su respuesta. Pedir paciencia sin establecer protección ni plazos concretos deja a la familia frente al mismo riesgo que motivó la denuncia. La resistencia institucional está documentada. Un estudio cualitativo publicado en Journal of Interpersonal Violence entrevistó a once padres que habían comunicado situaciones de acoso. Diez describieron resistencia de las autoridades y la disyuntiva de cambiar de escuela a sus hijos o soportar que la victimización continuara. Es una muestra pequeña, que no permite generalizar a todas las escuelas, pero muestra que las dificultades para obtener protección merecen ser investigadas.

También debemos hablar de las posibles represalias. Si después de denunciar aparecen presiones para retirar al alumno, descalificaciones sostenidas o decisiones que afectan su continuidad escolar, corresponde examinar los motivos y garantizar una revisión independiente. Que una medida ocurra después de un reclamo no prueba, por sí solo, una represalia. Pero la institución debe poder explicar sus decisiones y permitir que sean revisadas. Cambiar de escuela puede ser una decisión necesaria para proteger a un niño. Sin embargo, cuando la familia se ve empujada a tomarla porque no obtiene una respuesta efectiva, el costo vuelve a recaer sobre quien sufrió el hostigamiento. Además del daño vivido, debe reconstruir vínculos y adaptarse a otro entorno. La salida del alumno no debería considerarse prueba de que el colegio resolvió el problema.

La inacción también transmite un mensaje al grupo. Si las humillaciones se repiten y las medidas adultas no consiguen detenerlas, quien hostiga puede interpretar que esa conducta tiene un costo bajo. Los compañeros necesitan canales seguros para pedir ayuda y adultos dispuestos a intervenir. Exigirles que enfrenten solos a quien los intimida supone trasladarles una responsabilidad que corresponde a los mayores.

La respuesta debe incluir a quien ejerce el acoso. Ante conductas persistentes o graves, las escuelas deberían convocar a su familia y promover una evaluación profesional. La Academia Estadounidense de Psiquiatría Infantil y Adolescente recomienda una evaluación integral cuando el hostigamiento continúa. La evaluación puede orientar apoyos y tratamientos cuando correspondan; la escuela debe intervenir también sobre la conducta y las respuestas del grupo. Ejercer bullying no demuestra por sí solo un trastorno mental, y la protección de la víctima debe comenzar sin esperar el resultado de esa evaluación.

Las escuelas necesitan equipos, formación y articulación con servicios de salud y protección de derechos. Esa necesidad debe traducirse en pedidos de apoyo y en una intervención sostenida. No puede convertirse en una explicación indefinida de por qué el alumno sigue expuesto. Un docente aislado no puede resolverlo todo; la conducción institucional y las autoridades educativas tienen que asumir sus responsabilidades.

Una respuesta seria requiere registrar los hechos, escuchar a los involucrados por separado y definir medidas concretas para reducir el riesgo. La familia debe conocer quién coordina la intervención, cuándo recibirá una devolución y cómo se comprobará que cesaron las agresiones. También hace falta verificar qué sucede después de denunciar: si aparecen nuevas burlas, aislamiento o presiones, el plan de protección debe revisarse.

Cuando la actuación del colegio está cuestionada, la revisión necesita una instancia externa. La supervisión educativa debe poder examinar lo ocurrido, escuchar a la familia y controlar el cumplimiento de las medidas. Ninguna institución debería evaluar su propio desempeño únicamente a partir de su versión de los hechos.

Las escuelas están en el ojo de la tormenta porque su respuesta frente al acoso debe poder demostrarse. El silencio del alumno, el cansancio de sus padres o su cambio de colegio no acreditan que el daño haya cesado. Denunciar tiene que abrir una vía de protección. Ninguna familia debería sentir que, para conservar el lugar de su hijo en la escuela, necesita dejar de reclamar.