Crisis en el Colegio de Inmobiliarios de Entre Ríos: sólo el 45% de los matriculados mantiene la cuota al día
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Entre acusaciones judiciales cruzadas, investigaciones por presuntos gastos irregulares de la gestión anterior y un intenso debate en la Legislatura provincial sobre el marco legal de la profesión, el sector inmobiliario entrerriano atraviesa una etapa de alta conflictividad institucional en el marco de un mercado paralizado
El Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos (CCPIER) presentó su informe económico correspondiente al primer trimestre de 2026, promovido por la nueva gestión para transparentar las cuentas institucionales tras los escándalos del año previo. El dato central del reporte contable revela que, sobre un padrón total de 1.447 matriculados activos, únicamente 647 registran el pago de la cuota al día, lo que representa tan solo el 45% del padrón profesional.
La marcada morosidad refleja la profunda desconfianza e inestabilidad que afectó a la entidad colegiada durante el último período. La actual Comisión Directiva, presidida por Germán Solari Lacorazza, asumió sus funciones el 2 de enero de 2026 con la premisa de restaurar la rendición de cuentas e implementar una política de transparencia activa frente a los matriculados y la sociedad.
Escándalo por fondos y contraofensiva judicial: las claves del conflicto
La crisis institucional se desencadenó en octubre de 2025, cuando salieron a la luz denuncias contra la entonces titular del Colegio, María Paula Armándola (hija del referente sectorial José María Armándola), por presuntas irregularidades en la administración financiera. Los señalamientos comprenden el cuestionamiento de montos superiores a 81 millones de pesos por consumos con la tarjeta de crédito institucional dirigidos a gastos de perfumería, plataformas de entretenimiento digital, adquisición de obras de arte y cancelación de multas personales de tránsito.
La crisis interna derivó en la renuncia en bloque de los integrantes del Tribunal de Disciplina, la falta de acceso a la información y el consecuente rechazo del balance del Ejercicio N° 24 en asamblea. Este panorama impulsó el triunfo de la lista opositora encabezada por Solari Lacorazza en las elecciones de noviembre de 2025.
El recambio directivo dio paso a un cruce de acciones legales. En marzo de 2026, Armándola presentó una demanda penal contra las nuevas autoridades del CCPIER, aduciendo ser víctima de una persecución sistemática, difamación y violencia institucional. En tanto, en julio pasado, la Justicia provincial declaró inadmisible una acción declarativa de certeza interpuesta por Armándola y exdirectivos con la que buscaban frenar las derivaciones jurídicas del rechazo de su balance, argumentando que no se agotaron las instancias administrativas colegiales previstas por ley.
De manera paralela, la ex presidenta mantiene una contienda institucional al rehusarse a dejar el cargo de representante ante el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, alegando que se trata de una designación a título personal y no de un mandato delegado supeditado a las resoluciones del Colegio.
Un mercado inmobiliario bajo cautela y sin dinamismo
Las disputas directivas coinciden con un contexto complejo para la actividad económica del sector en la provincia, caracterizado por un dinamismo moderado y selectivo. El incremento de los costos de edificación medidos en moneda extranjera disminuyó los márgenes de rentabilidad de los desarrolladores, lo que desaceleró los emprendimientos y concentró la escasa operativa en terrenos o inmuebles de menor valor.
Pese a que se calcula que cerca del 25% de los hogares en Entre Ríos padece déficit habitacional, la brecha de ingresos imposibilita la concreción masiva de compraventas. A esto se suma el impacto de la intensificación de las fiscalizaciones de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) sobre metros cuadrados no declarados y la lentitud en la reactivación de obras.
En medio de este escenario, la Cámara de Diputados de Entre Ríos abrió en la Comisión de Legislación el tratamiento para reformar la Ley N° 9.739 de corretaje inmobiliario. La propuesta impulsada por la diputada Carola Laner (Juntos por Entre Ríos) busca flexibilizar el ejercicio profesional, sosteniendo que la regulación vigente estancó la actividad en comparación con Córdoba o Santa Fe.
El proyecto de Laner plantea habilitar formalmente el uso de marcas comerciales, nombres de fantasía y redes de representación bajo la supervisión de un matriculado. Asimismo, se prevé exigir al CCPIER la matriculación de graduados universitarios de corretaje de cualquier universidad del país hasta la graduación de la primera cohorte presencial en la provincia.
En este contexto, la comisión directiva del CCPIER tiene un desafío para demostrar estar a la altura para superar la crisis interna y hacer frente al debate por la adecuación normativa del sector.
